La cuesta de enero es muy, muy dura para ERC. Al pesimismo creciente sobre la oportunidad de aprobar los capitales, se añade el esquizofrénico papel que jugará en la cima hispano-francesa de mañana en Barcelona, con Pere Aragonès de asistente y Oriol Junqueras de participante de la manifestación. ERC no puede estar en misa y repicando, si bien con esa queja el grupo del independentismo solo va a hacer que refrendar la rotundidad de su derrota. Lo malo es el sorpresón que los republicanos se llevaron con la chapuza de la reforma del Código Penal. Se les ha helado la sangre, fíjense en el resonante silencio de su representante en La capital de españa, Gabriel Granuja, que todavía no dijo ni mu.
El Gobierno cedió a la presión de ERC y los recurrentes para distinguir entre malversación agravada, con ánimo de lucro, y mitigada. Ya que bien, la jurisprudencia firmemente establecida por el Tribunal Supremo no acredita esa distinción. El razonamiento del juez Pablo Llarena con la causa contra Carles Puigdemont sorprendió pues el tiempo político y mediático nos había hecho opinar a varios investigadores que la rebaja de la malversación era posible, ajeno de que nos pareciese bien o mal políticamente. Ya que resulta que no. Tras el coche de Llarena, otros juristas de reconocido prestigio han remachado que esa es la interpretación que con toda posibilidad ratificará el Supremo. El ánimo de lucro no pide enriquecimiento personal, sino es bastante con que el acusado haya actuado para conseguir cualquier género de beneficio no familiar. Si el dinero se usa para favorecer a un concepto, causa política o un partido ahora hay un lucro. Además de esto, como explicó el penalista José María de Pablo en un increíble hilo en Twitter, “jamás se podría utilizar a los líderes del procés el nuevo art. 433 (la malversación rebajada concebida por el Gobierno y sus asociados para el procés) por el hecho de que no semeja que un desarrollo de secesión ilegal logre considerarse una app pública”.
La chapuza legislativa es monumental y, en el momento en que se confirme, va a suponer que las decenas y decenas de cargos de republicanos y exconvergentes con juicio pendiente por la organización del referéndum del 1-O podrían terminar en la prisión por malversación con penas de cárcel de entre 4 a 8 años y de inhabilitación absoluta por un tiempo de 10 a 20 años. Para Junqueras y los otros condenados, su pena tampoco va a examinarse por el hecho de que, si bien haya desaparecido el delito de sedición, la malversación del producto 432 comporta un tiempo de inhabilitación superior que la de desórdenes públicos agravados. Lo mucho más posible es que el Supremo acuerde utilizar la regla mucho más ventajosa para el reo, que es la previo. El golpazo para los promotores de la reforma penal es monumental. Nuevamente se prueba que las prisas son malas consejeras, como ahora ocurrió con la ley del solo sí es sí.
El Gobierno de Pedro Sánchez queda en muy sitio, si bien suerte tiene de que Vox asista al salve mediático con sus bochornosas proposiciones antiabortistas, que asimismo desarrollan contradicción en la línea política del PP. Las culpas del entuerto jurídico recaen en la figura del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que amontona varios fallos en la administración de la agenda catalana. La última fue combinar el objetivo del procés con la cima en Barcelona, unas afirmaciones con las que pretendía de todos modos justificar de cara al desconcertado votante socialista las muchas concesiones a ERC. Lo malo es que una vez comprado el coste electoral, la rebaja de la malversación es imposible. A los republicanos se les hiela la sangre, y vacilan de si fueron engañados o son todos unos idiotas.