Los cambios legislativos aprobados por la Generalitat de Cataluña para burlar las sentencias firmes que fuerzan a ofrecer por lo menos un 25% de clases en español en el sistema educativo de la autonomía no dieron el resultado que aguardaban los líderes secesionistas del Govern. Pese a las 2 novedosas leyes aprobadas el pasado junio por el Ejecutivo autonómico y el Parlament para sostener el presente sistema de inmersión con el catalán como única lengua vehicular, la justicia volvió a ofrecer la razón a las entidades defensoras del bilingüismo, reconociendo el derecho de los progenitores de una pupila a recibir clases asimismo en castellano, sin cuotas ni porcentajes, y sin ofrecer un trato «residual» a este idioma en las academias.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada a comprender este martes fué conmemorada por Reunión por una Escuela Políglota (AEB), al estimar que no las novedosas leyes tienen la posibilidad de evitar que se dé asimismo un carácter vehicular al español, y que se reconoce explícitamente el derecho a ser escolarizado en una o múltiples materias primordiales en esta lengua.

«Desbloquea las necesidades de bilingüismo» 

«Esta sentencia desbloquea las necesidades de bilingüismo que no podíamos realizar tras el decreto de usos lingüísticos y perjudica no solo a elementos que vamos a poder regresar a enseñar, sino más bien a elementos que contamos en marcha y que la jurisprudencia que sienta el TSJC puede lograr que tengan una resolución efectiva», ha manifestado la presidenta de AEB, Ana Losada.

La entidad protectora del bilingüismo, además, considera «fracasado el pacto político desarrollado entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España en la mesa de diálogo para eliminar el derecho constitucional de los estudiantes a recibir la enseñanza en español en Cataluña», en referencia a la pasividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en frente de las sentencias firmes que forzaban a ofrecer cuando menos un 25% de clases en castellano en Cataluña, y a su resolución de no ejecutarlas tras el recurso del Govern frente al Tribunal Constitucional.

De esta manera lo ha manifestado José Domingo, vocal asesor de AEB y presidente de Impulso Ciudadano, al apuntar que la sentencia termina con «la trama orquestada por el Gobierno de la Generalitat y otros conjuntos parlamentarios para eliminar el derecho a la escolarización en español en el sistema educativo catalán por medio de una novedosa normativa fraudulenta y precisamente inconstitucional«.

Materias primordiales asimismo en español

Losada, por su lado, ha señalado asimismo que esta sentencia por el momento no aplica porcentajes, como establecían hasta la actualidad, y que el método del TSJC para asegurar la conjunción lingüística es el de un mínimo de materias primordiales en español en la programación del centro para garantizar el derecho constitucional del alumno a ser escolarizado en este idioma.

Losada ha criticado además de esto la transparencia de los centros académicos que, según afirma, no reportan a las familias de los criterios lingüísticos que emplean en la enseñanza de todas las materias o materias. Y ha denunciado que ciertas direcciones de los centros académicos aprovechan la novedosa normativa de la Generalitat para eludir la enseñanza en español aun en la asignatura de lengua castellana.

Asimismo ha lamentado la actitud de la Alta Inspección Didáctica y al Gobierno de España por su política «complaciente» con el nuevo régimen lingüístico que trata de establecer la Consejería de Educación encabezada por Josep Gonzàlez-Cambray (ERC).

Derecho a una educación políglota

La AEB va a poner en este momento en marcha una campaña destinada a las familias recordándoles sus derechos lingüísticos, que a su modo de ver se ven reforzados con la sentencia que termina de dictar el TSJC. A esos efectos, anunció que la entidad reiniciará el consejos para las familias que deseen interponer novedosas necesidades de enseñanza políglota en sus centros académicos. 

La AEB recalca que esta novedosa sentencia aplica el modelo constitucional y el de la Ley Orgánica de Educación (en su predisposición agregada 38º), que ordena a las Gestiones educativas a asegurar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas en español, y dado que no logre hacerse por medio de un porcentaje no impide la app de otros métodos pedagógicos como el de las “materias primordiales mínimas”.

Asimismo reitera que que, en la medida en que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 6/2022 y Ley 8/2022 de la Generalitat, los centros académicos deberán asegurar unas materias mínimas primordiales en español en sus proyectos lingüísticos o programaciones.