Al planeta nacionalista catalán le ha faltado tiempo para chupetear cámara tras la rápida y desconcertante reacción del Tribunal Constitucional frente al recurso del PP contra una votación del Congreso de los Miembros del congreso de los diputados. Trata de hacer el relato de que la viable invasión del poder legislativo por la parte del judicial que nos ocupa estos días sería una derivada de lo que ocurrió en el mes de octubre de 2017 en el momento en que el Parlament se planteaba discutir y votar la declaración de independencia. No es cierto. El Constitucional está facultado para suspender una sesión de una cámara autonómica, singularmente en el momento en que esta ahora ha aprobado 2 leyes declaradas anticonstitucionales como había pasado en el mes de septiembre del mismo año en el Parlamento catalán. Los propios letrados de la Cámara advirtieron a su presidenta de la ilegalidad del pleno. El antecedente real del intento de paralización legislativa de la mayor parte parlamentaria se ubica en la primera legislatura de Gobierno socialista. Coalición Habitual, el PP de entonces, retorció un término de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que dejaba el recurso previo de inconstitucionalidad para hallar la congelación de la entrada en vigor de una ley si era anunciado antes que transcurrieran 72 horas desde su aprobación en el Congreso. José María Ruiz Gallardón, padre del que sería ministro de Justicia de Mariano Rajoy, era el experto en abusar de un aspecto de la regla concebido para casos muy inusuales; algo tal como el producto 155 de la Constitución que prevé la intervención de una red social autónoma si la administración de sus gobernantee atenta «dificultosamente contra el interés general de España». El partido de Manuel Fraga logró meter en el cajón ciertas enormes leyes con las que el PSOE de los 202 miembros del congreso de los diputados trataba de reforzar las reformas iniciadas en la transición. No eran reglas que vulneraran ningún principio básico, sino más bien pura pelea política llevada a los tribunales: en verdad, en el momento en que los conservadores llegaron al Gobierno no derogaron ninguna de ellas. Se parece un poco a lo que sucede en este momento, con la diferencia de que el PP juega la carta de la cooperación de parte del poder judicial para denegar el derecho de las Cortes a discutir y aprobar una modificación legislativa antes que el TC se haya pronunciado sobre su constitucionalidad. Dicho sea ajeno de la opinión que logre merecer la cuestionable vía que eligió el Gobierno para cambiar el sistema de decisión de los elementos del tribunal de garantías.