El máximo accionista de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, ha anunciado una demanda criminal contra el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, a quien acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por su presunto papel en la intervención de la entidad en el momento en que era ministro de Justicia y de Interior.
La demanda, de sobra de 20 páginas, asimismo influye en visto que se habría actuado para detallar una legislación que favorecería a la familia de Espot, accionista minoritaria de BPA, para reducir las secuelas.
«Criminalización» del banco
Según comunica Altaveu, la resolución de Cierco se ha acelerado a causa de la última comparecencia parlamentaria de la presidenta de la Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), Sílvia Cunill, según la que el 96% de los clientes del servicio de BPA fueron traspasados a otras entidades bancarias y han recuperado sus saldos, con lo que no habría habido «blanqueo masivo», como Espot insistía en sus intervenciones públicas.
Al tiempo, las acciones llevadas a cabo por el Govern andorrano desde antes de la nota del FinCEN evidenciarían, a juzgar por la demanda, que existió intención de criminalizar desde la Administración pública a BPA, y que esta persecución se sostendría con la presencia del Ejecutivo andorrano como acusación especial en la causa general del caso BPA y en otras derivadas.
Tráfico de influencias
Entre las primordiales acusaciones de Cierco contra Espot es la del presunto tráfico de influencias, basándose en una modificación en la transposición de la directiva europea que dio pie a la llamada Ley AREB o Ley BPA, la que, según el querellante, era un ataque directo a su familia y en cambio favorecía a la de Espot, al quedar liberada de ciertas responsabilidades.
La última versión de la novedosa ley, según Altaveu, habría aprovechado «para integrar otras caracteristicas muy particulares y diferenciadores», como el apartado a) del punto 2 del producto 36, según el que pasan a considerarse inferiores los pasivos de inversionistas «que tengan por lo menos, directa o de forma indirecta, una participación del 10% del capital de la entidad en resolución, individualmente o en conjunto con sus cónyuges». Este cambio legal, según la demanda, se realizó para «eximir de amortizar y recapitalizar a los inversionistas que tenían menos de un 10% del capital de BPA«, y «tanto el INAF, como el Gobierno y en su mayoría el señor Espot sabían de manera perfecta que solo la sociedad Sucesores de Higini Cierco SA y la familia Cierco tenían mucho más del 10% del capital«. Lo que supondría un caso de tráfico de influencias.
Prevaricación y malversación
En su repaso de los hechos, el escrito concluye que la Ley AREB no ha podido haberse hecho en 23 días, enseñando que hay certificaciones que patentizan que el encargo del consejos legal para su redacción a un despacho de abogados español se habría hecho más tarde a la aprobación del emprendimiento legislativo. Estas maniobras, según la demanda, podrían ser constitutivas del delito de prevaricación.
Por lo relacionado a la malversación, la demanda cree que Espot es «de forma indirecta responsable» de la resolución de interponer una demanda civil contra Cierco, Joan Pau Miquel y otros integrantes del consejo de administración de la BPA antes del 10 de marzo 2015, en reclamación de la proporción de 479 millones de euros. Una demanda que el querellante considera «injusta, arbitraria y discriminatoria».
El supuesto derroche de caudales públicos sigue, entre otros muchos, por el hecho que el Ejecutivo encabezado por Espot sostenga, según la demanda, «la obstinación, con resoluciones arbitrarias en varios campos, de perseguir a la BPA y a sus viejos causantes más allá de que el FinCEN dejó sin efecto su nota». El archivo asimismo valora rastros que hacen elogiable que el banco andorrano habría sido víctima colateral de la «guerra sucia» contra el independentismo catalán.