Se cumplen cinco años de la sentencia del caso Palau. El 15 de enero de 2018, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona daba a comprender las penas para los causantes del millonario expolio del Palau de la Música, que fluctuaron entre los mucho más de nueve años de prisión para el máximo dirigente de la institución, el expresidente Fèlix Millet, y los ocho meses para 2 hombres de negocios. Un lustro tras la resolución judicial, aún falta la mitad de lo saqueado, mientras que los imputados están, prácticamente todos, en sus viviendas.
Quienes cosecharon las penas mucho más altas fueron Millet; su mano derecha, el ex- número 2 de la institución, Jordi Montull, y la ex- directiva financiera y también hija de este último, Gemma Montull, una vez que la Audiencia de Barcelona considerara que, entre los tres, desviaron 23 millones de euros para subvencionar costos personales y para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de el cobro de comisiones por adjudicaciones a compañías. Pero, en conjunto, hubo 12 condenados por el caso Palau.
Fèlix Millet, en una vivienda
Fèlix Millet fue culpado a nueve años y ocho meses de prisión y a una multa de 4,12 millones de euros por los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación incorrecta, delito continuado de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra Hacienda. Si bien la condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2020, Millet solo cumplió un par de años y 4 meses en la prisión, ya que la Generalitat le dio el tercer nivel por su especial estado de salud. Una resolución que la fiscalía ha recurrido. En cualquier caso, termina de escapar del Hospital Carcelario y ha ingresado en una vivienda.
Felix millet llegando a la Localidad de la Justicia, en este momento sale del Hospital Carcelario y también ingresa en una vivienda / EP
Por otro lado, su mujer, Marta Vallés Cochino, y su hija Laia Millet asimismo fueron condenadas por su participación a título lucrativo a abonar al Palau de la Música 6,41 millones y 112.782 euros, respectivamente.
Hoy en día, Millet es investigado como presunto creador de un delito de malversación de fondos públicos por un juzgado de Granollers por la desaparición de múltiples elementos de valor de su casa de L’Ametlla, que habían sido embargados por la justicia para resarcir la cantidad expoliada y de los que el expresidente del Palau de la Música no podía contar con. Según ha podido entender El País, hablamos de un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, múltiples colmillos y figuras de marfil y tres esculturas de piedra. No es la única causa que tiene abierta. En el mes de julio de 2022 la Fundació Orfeó Catalá-Palau de la Música denunció que él como Montull estaban escondiendo recursos a la justicia. A causa de esta investigación el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona llamó a declarar en calidad de investigado a Millet como presunto creador de un delito de frustración a la ejecución de la sentencia, al haber alquilado características embargadas.
Jordi Montull volvió a la prisión
Jordi Montull fue culpado en 2018 a siete años y medio de prisión y a una multa de 2,9 millones de euros por un delito de malversación de los caudales públicos y apropiación incorrecta, delito de falsedad de archivo mercantil, delito de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra Hacienda. Una condena que el Tribunal Supremo confirmó en 2020. El Govern le concedió en el mes de septiembre del 2021 el régimen de semilibertad, que le dejaba proceder a prisión solo para reposar, pero la jueza tumbó ese tercer nivel en el mes de febrero del 2022. Tampoco se le concedió el indulto que solicitó.
Jordi Montull, exdirector del Palau de la Música / EFE
Gemma Montull jamás entró en prisión
Gemma Montull fue sentenciada a 4 años y medio de prisión –jamás entró en ella– y una multa de 2,6 millones de euros como autora de los delitos de malversación, apropiación incorrecta, delito continuado de falsedad de archivo mercantil, delito de falsedad contable, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Fue exculpada de un delito contra la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo rebajó su condena a prisión en seis meses, pero sostuvo la multa de 2,6 millones que le impuso la Audiencia de Barcelona.
En todo caso, la hija de Montull eludió la prisión en lugar de efectuar trabajos en beneficio de la red social en el transcurso de un año, de no delinquir a lo largo de cinco y de comprometerse a abonar 500 euros por mes para realizar en oposición al pago del millón y medio de euros que le fue impuesto en término de compromiso civil por haber saqueado la entidad cultural. Su madre, Mercedes Mir Robusto, mujer de Montull, fue sentenciada por su participación a título lucrativo a devolver 376.700 euros.
Gemma Montull, ex- directiva financiera del Palau de la Música / EUROPA PRESS
Hoy en día, un juzgado de Barcelona inspecciona, nuevamente, a los tres integrantes de la familia Montull-Mir. En esta ocasión por, presuntamente, ocultar las ventajas que proceden de tres características que tienen alquiladas para eludir el pago de la indemnización derivada de la causa de 2018 a los perjudicados, ya que Montull declaró que el único ingreso por mes que siente es su pensión de 2.000 euros, de la que viven él y su mujer. Es así como, presuntamente, Millet y Montull torpedean la ejecución de la sentencia que los condenó al pago de la indemnización de 23 millones de euros a la entidad cultural y de la que, de momento, solo han devuelto 12 millones.
El extesorero de CDC, a un paso de otro juicio
Al lado de ellos fue culpado asimismo el extesorero de CDC Daniel Osàcar como creador de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad contable y reportaje, con lo que fue culpado a un total de 4 años y cinco meses de prisión. Fue culpado asimismo a abonar una multa de 3,8 millones de euros por las comisiones ilegales que el partido cobró de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música. En 2020, el Tribunal Supremo suprimió el delito de tráfico de influencias, reduciendo su condena a tres años y seis meses de prisión. En su caso, consiguió la semilibertad tras pasar solo 75 días en la penitenciaría.
Tras cumplir condena, hoy en dia está inmerso en otro proceso, una causa separada del caso 3% que se evalúa en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz envió a juicio en el mes de noviembre a Daniel Osàcar y a otros 2 extesoreros de la vieja CDC por presuntamente formar parte en el entramado desarrollado para financiar el partido de manera ilegal a través de mordidas en las adjudicaciones de licitaciones públicas.
El extesorero de CDC Daniel Osàcar y su hija, Mònica Osàcar
El ‘caso Triacom’
No fueron los únicos condenados del caso Palau. Asimismo cayeron 2 abogados del bufete Bergós, Raimón Bergós Civit y Santiago Llopart Romero, condenados a un par de años de prisión y un año y nueve meses, respectivamente, por el delito de falsedad de archivo mercantil. Bergós fue culpado a abonar 5.500 euros al tiempo que Llopart debió abonar 2.700 euros.
En el caso Palau asimismo fueron condenados el asesor fiscal Edmundo Quintana Giménez y los hombres de negocios Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio Menchén Alarcón, siendo Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra los que han recibido las penas de cárcel mucho más bajas, de ocho meses de prisión. El Tribunal Supremo ratificó las condenas de todos ellos en 2020. Hoy en día, Parra está investigado por sus supuestos vínculos con la financiación ilegal de CDC. Específicamente, se le inspecciona en la parte separada del caso 3% que quiere saber si CDC se financió mediante la productora Triacom de televisión3.
Los exdirectivos de Ferrovial, exculpados
El tribunal, por otro lado, exculpó a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, que se encaraban a una lástima de 4 años y medio de prisión por administración desleal (pero no se probó perjuicio a la compañía) y por tráfico de influencias (delito que había prescrito) relacionado con el pago de comisiones a CDC en lugar de adjudicaciones de obra pública a través del Palau. La Audiencia de Barcelona cifró entonces el total de esas comisiones en cuando menos 6,67 millones; 3,5 millones fueron a parar a los bolsillos de Millet y Montull.
Compañías pantalla
La sentencia del caso Palau condenó a tres compañías como causantes civiles subsidiarias. Bonoima y Aysen Productions, administradas por la mujer de Millet, fueron condenadas a abonar 529.334 euros y 130.044 euros, respectivamente. Por su lado, la mujer de Montull era la administradora de Aurea Rusula, sentenciada a abonar 246.244 euros. En su sentencia, la Audiencia de Barcelona concluyó que quienes controlaban de hecho estas compañías –usadas para desviar fondos del Orfeó Català a través de la emisión de facturas falsas por servicios y estudios que jamás prestaron– fueron Millet y Montull en connivencia con la hija del segundo.