El gobierno municipal de Barcelona, que comanda la regidora Ada Colau, ha sancionado a cero compañías que trabajan con paraísos fiscales a pesar de que prometió que lo haría. El Ejecutivo local sigue empleando con compañías con construcciones offshore si bien hace seis años que se comprometió a no llevarlo a cabo.
Es lo que trasciende de una contestación municipal a una pregunta entrada por ERC, que solicitaba comprender cuántas compañías habían sido sancionadas por el Municipio de Barcelona conformemente con la instrucción de contratación que prohibía contratar con este género de sociedades. La contestación del gobierno local es clara. cero firmas.
ERC: «Fracaso»
A la luz de estos datos, los independentistas tildan de «fracaso» las promesas del Ejecutivo local en esta materia. Jordi Castellana, edil de ERC, ha planteado que se impone una mayor actuación inspectora para no tener que «confiarse de las compañías».
Castellana ha apremiado a investigar si los contratistas de la Administración local tienen vínculos con entornos offshore «a fin de que el municipio, con sus elementos, las concluya financiando».
Mediapro y DomusVi
Sea como fuere, lo factual es que el la composición municipal sí ha contratado con compañías con ramificaciones o actividad en paraísos de baja tributación. Ha sucedido con Servisar, filial de DomusVi, cuya cabecera está ubicada en la isla de Jérsey. Hoy en día tiene el 50% del servicio de atención domiciliaria (SAD) del Municipio de Barcelona, como avanzó este medio.
Asimismo ha sucedido con Mediapro, que aceptó abonar un soborno vía Panamá, considerado paraíso fiscal por las institucions comunitarias. Una compañía del conjunto audiovisual edificará vivienda popular por delegación del Municipio en el pisos en el 22@ y sobre el viejo Gimnasio Sant Pau.
Decreto de alcaldía
Cabe rememorar que el gobierno municipal adoptó un decreto de alcaldía en 2016 en el que comprometía a la Administración local a no tener relaciones jurídicas con compañías que operaran en o con paraísos fiscales.
No se ha cumplido, y el bipartito ha justificado contratar a compañías como Servisar con el razonamiento de que Jérsey no es un paraíso fiscal.