Son sobradamente conocidas las incontables contradicciones entre el Pedro Sánchez candidato y el Pedro Sánchez presidente del Gobierno, esas 2 personas de las que, en un alarde de genialidad, charlaba Carmen Calvo.

Pero estas contradicciones se observan del mismo modo en el marco del ejercicio  del gobierno. Meses atrás escribía sobre el incumplimiento reiterado de la Constitución por la parte del Ejecutivo español, por mucho que sus portavoces nos repitan machaconamente que quien la infringe es el Partido Habitual, que asimismo.

El día de hoy, no obstante, deseo resaltar otra contradicción de la que solamente se charla: el recorte o la ampliación de competencias según el seguidismo que se vea en quienes llenan los cargos damnificados. Específicamente, voy a detenerme en un caso de muestra sangrante, como es la actuación del Gobierno respecto a los vocales (en funcionalidades) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la presidenta (interina) de RTVE.

A causa de una proposición de ley promovida por los conjuntos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Tenemos la posibilidad de-En Comú Podem-Galicia en Común, se aprobó la Ley Orgánica 4/2021, por la que se altera la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para el lugar del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funcionalidades. En la exposición de fundamentos de esta regla se apunta que “facultades como la de ofrecer el ascenso del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Salón y los jueces del Tribunal Supremo o de los jueces del Tribunal Constitucional, tienen que quedar excluidas del campo competencial del Consejo en el momento en que este está en funcionalidades”. Y se añade que “estas lógicas restricciones, derivadas del carácter inusual de la no renovación en período [el subrayado es mío], asimismo tienen que establecerse con relación a el ascenso de los directivos de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, tal como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el directivo del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la Inspección de Tribunales”.

Se habla, por supuesto, de una medida de presión para intentar desbloquear la renovación del CGPJ, que necesita el acuerdo con el Partido Habitual ya que hacen falta 3/5 de los votos en Congreso y Senado. Por el hecho de que, si se tratase de una idea sostenida en una reflexión estricta y/o en fuertes convicciones políticas, el Conjunto Parlamentario Socialista no habría emprendido poco después una contrarreforma (Ley Orgánica 8/2022) que, sin rubor, devuelve al órgano de gobierno de los jueces únicamente la aptitud de denominar a los 2 jueces del Tribunal Constitucional que le competen, a fin de que de este modo Moncloa logre designar (como de esta forma lo hizo) a Juan Carlos Campo (previo Ministro de Justicia) y a Laura Díez (ex- prominente cargo de Moncloa) para exactamente el mismo cargo (ya que estos 4 jueces del Constitucional se tienen que actualizar a un tiempo).

Simultáneamente, el desaguisado de RTVE, cuyos consejeros y presidente fueron en su día nombrados desatendiendo completamente el trabajo del comité de especialistas que evaluó a los aspirantes, ha vivido un nuevo capítulo incalificable.

Tras la dimisión del presidente, José Manuel Pérez Tornero, designado a causa de entre los pocos pactos entre los partidos del Gobierno y el primordial partido de la oposición, el consejo de administración eligió a la periodista Elena Sánchez (cuota PSOE en el reparto de cromos del máximo órgano de gobierno de RTVE) presidenta interina. Se habla, por consiguiente, y en contraste a lo que pasa con los vocales del CGPJ, de un cargo que no fué nombrado por el Parlamento, como prevé la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

¿Y qué hizo Moncloa dada esta situación (presidenta interina que no fué nombrada por el órgano competente)? Ampliarle las funcionalidades. ¿De qué forma? Por decreto del Consejo de Ministros, que altera los estatutos sociales de RTVE para dotar a Elena Sánchez de plenos poderes ejecutivos y de este modo “hacer más simple la administración y el desempeño ordinarios de RTVE”  hasta el momento en que el Congreso escoja a un nuevo presidente por mayoría cualificada de 2/3.

Dicho de otra manera, es vital (nos encontramos en año electoral) que la presidenta de RTVE esté dotada de plenos poderes, si bien no haya sido escogida por el órgano competente pero, al unísono, se restringe la aptitud de efectuar nombramientos al CGPJ, cuyos vocales sí que fueron designados adecuadamente, por mucho que ello ralentice precisamente el trabajo de órganos tan esenciales como el Tribunal Supremo.

A todo lo que se dijo cabe agregar el tosco desprecio al deseable seguir formal de los poderes del Estado que se aprecia en los 2 casos comentados. Por una parte, la restricción de competencias de los vocales del CGPJ se hizo a través de proposiciones de ley (idea de conjuntos parlamentarios), evitando de este modo los reportes de órganos constitucionales que necesitan los proyectos de ley (idea del Gobierno). Por otro, la ampliación de competencias de la presidenta de RTVE se ha vehiculado por decreto del Consejo de Ministros (recurrido por los sindicatos), sin no procurar antes un convenio, por el trámite legalmente pensado, para procurar contemplar la baja de José Manuel Pérez Tornero. Esto es, de espaldas al Parlamento, que es quien debe designar al mucho más prominente cargo de nuestra radiotelevisión pública.

Este Gobierno tiene la fortuna de que cuestiones muy importantes en concepto de calidad democrática llegan a poca gente y semeja convencido, indudablemente con determinado fundamento, de que no le van a suponer un alto coste electoral. Pero esto no ha de ser óbice a fin de que prosigamos alertando sobre unas prácticas completamente incompatibles con la tan toqueteada iniciativa de avance.