Desde la llegada de la democracia, la evolución del salario mínimo (SMI) ha dependido en buena medida del color del Gobierno, la tasa de paro, la relevancia brindada por aquel a la calidad del empleo desarrollado y el nivel de inflación. No es precisamente lo que señala el producto 27 del Estatuto de los Trabajadores, quien otorga al Ejecutivo la capacitad para saber el importe del SMI, pero almacena una destacable semblanza.

Por norma establecida, frente a una idéntica coyuntura económica, los partidos de izquierdas incrementan en mayor medida la cuantía de forma anual del SMI que los de derechas. Lo hacen por ideología, ya que uno de sus primordiales objetivos es la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta. Sin embargo, asimismo para ganar votos, puesto que los trabajadores precarios pertenecen a su electorado natural.

Para ciertas formaciones conservadoras, el SMI forma mucho más un inconveniente que una solución. Por consiguiente, no debería existir. Según ellas, distorsiona la interacción entre la oferta y la demanda laboral y hace un elevado desempleo, sea prácticamente cuál sea su nivel. Además de esto, ayuda a la generación de un mayor déficit público y un menor aumento del PIB.

A las que no desean derogarlo, así sea por convicción o falta de atrevimiento, no les preocupa una elevada desigualdad en la distribución de la renta. Estiman que es el resultado de los diferentes méritos laborales de los trabajadores y de una asignación eficaz de los elementos por la parte del mercado.

Desde una visión electoral, estos partidos piensan que un alto incremento del SMI puede quitarles mucho más votos que sumarles. Los favorecidos son las familias con menos capital y los perjudicados los dueños de compañías, singularmente de las mucho más pequeñas. Están persuadidos que el anzuelo no les dejará atraer varios votantes del primer conjunto (hostiles), pero si les va a hacer perder varios del segundo (convenientes).

En España, la previo inclinación es corroborada por los datos libres. Sin embargo, solo relativamente. Los mayores aumentos cada un año de poder de compra proporcionados por el SMI tuvieron sitio con 2 presidentes socialistas (Sánchez y Zapatero), pero uno (González) lo redujo. En promedio, los primeros lo aumentaron en un 5,3% y 4,6%, respectivamente, y el tercero lo redujo en un 0,6%.

Las diferencias entre ellos importan. Los 2 iniciales hicieron un emblema político de las subidas del SMI, pero no el último. En este capítulo, resalta singularmente Sánchez, con un incremento del 22,3% en 2019 y el deber de equiparar en 2023 su importe neto al 60% del salario medio, así como sugiere la Carta Popular Europea. Un empeño en el que ha influido notoriamente Unidas Tenemos la posibilidad de, su colega de gobierno desde enero de 2020.

Los 2 presidentes del PP actuaron de manera diferente, uno elevó el poder de compra medio de forma anual del SMI (Rajoy en un 1,1%) y el otro lo redujo (Aznar en un 0,6%). En el primer apunte, es muy importante la subida nominal del 8% en 2017. No fue una resolución propia, sino más bien una concesión al PNV, en lugar de su acompañamiento a los capitales del ejercicio.

El segundo probablemente lo logró por ideología y por atenuar la inflación. En su etapa como primordial gobernante, caracterizada por un alto incremento del PIB, el SMI siempre y en todo momento medró bajo el salario medio pactado en los convenios. Sin lugar a dudas, una exhibe de escasa preocupación por los trabajadores mucho más precarios.

Una elevada tasa de paro disminuye el importe de la subida del SMI, tanto si el partido gobernante es de derechas tal y como si es de izquierdas. Sin embargo, lo acostumbra llevar a cabo mucho más en el primer caso. Un aumento atenuado quiere beneficiar la creación de empleo por medio de la contención del coste laboral y eludir un amenazante efecto arrastre.

Un menor salario ayuda a la generación de ocupación, en especial entre la mano de obra escasamente cualificada. Unos trabajadores que, en mayor medida que los otros, hacen en frente de tres diferentes amenazas: el incremento de la mecanización de la producción, el movimiento de la compañía al extranjero y la inviabilidad de la compañía frente a un importante incremento del coste del personal, dada su incapacidad para trasladarlo en una importante parte al precio de sus recursos.

El efecto arrastre puede ser positivo o negativo. Es lo primero si asiste para moderar los sueldos pactados en los convenios y lo segundo si crea en estos un incremento suplementario. Los dos son ocasionados por la subida de forma anual del SMI y de las retribuciones de los gobernantes. La primera perjudica eminentemente a los trabajadores menos cualificados, la segunda a la mayoría de los sobrantes.

En varias oportunidades, un incremento de la calidad de la ocupación va en menoscabo del número de cargos laborales conformados. Si para un Gobierno la prioridad es la segunda variable y la primera tiene una escasa relevancia, sus actuaciones van a ir dirigidas a evitar un importante incremento de los sueldos, en especial de los usados menos especialistas.

Con esa finalidad, va a facilitar a las compañías descolgarse del convenio del campo, promoverá la contratación por días o semanas, mirará hacia otro lado frente a la proliferación de falsos autónomos y determinará una muy achicada o nula subida del SMI. Es lo que logró Rajoy a lo largo de sus 2 ordenes. Entre 2012 y 2016, dicho salario solo subió un 2,1%.

Una elevada inflación puede venir del lado de la demanda (incremento del gasto de las familias) o de la oferta (aumento de los costos empresariales). En alguno de los 2 casos, el primordial inconveniente no es su generación, sino más bien su persistencia. Para evitarla, en el transcurso de un corto periodo, los sueldos tienen que perder poder de compra y las compañías reducir su margen unitario de provecho. Una actuación que el Gobierno debe señalizar a través de la fijación de un poco aumento del SMI y del salario de los gobernantes (el efecto imagen).

De manera continuada, un IPC superior al de los primordiales asociados comerciales piensa una pérdida de competitividad para el país, una menor creación de empleo y un inferior nivel de desarrollo económico. Si aquel procede de una excesiva demanda, el Ejecutivo debe encender el efecto imagen. En otras expresiones, ofrecer ejemplo y desarrollar una escasa subida salarial en los conjuntos de trabajadores donde tiene una predominación directa sobre su nivel retributivo (los menos cualificados y los usados públicos).

Al fin y al cabo, el incremento de forma anual del SMI está muy influido por la coyuntura política, económica y el color del partido gobernante. Para eludir los efectos electoral y también imagen, generadores respectivamente de una elevada y escasa o nula subida, sugiero el lugar de una regla, una vez en términos netos el SMI sea semejante al 60% del salario medio.

De ámbas siguientes fórmulas, todos los años la novedosa regla adoptaría la mucho más conveniente para el perceptor del SMI: la tasa de inflación del periodo previo mucho más 0,25 puntos o el promedio de los sueldos fijados en tal ejercicio mucho más el correcto agregado. Una regla que unicamente se desactivaría si la Comisión Europea previera una caída del PIB del próximo año a lo largo de 2 trimestres sucesivos. Por consiguiente, su entrada en recesión.

Una regla que nunca va a llegar a aplicarse. Los políticos siempre y en todo momento procuran acrecentar su poder de resolución y nunca quieren cedérselo a absolutamente nadie, así sea otra persona, institución o a una regla económica.