Lleida, martes, 9 de junio de 2020. En la sede ilerdense de la constructora Benito Arnó, investigada en el caso 3% de presunta corrupción en Cataluña, se reúnen personas que no tienen relación con la obra pública. Son los mandados en Ambulancias Egara próximos al empresario independentista y exsecretario de Comunicación del Govern David Madí, por una parte, y directivos vascos que rigen Ambulancias Maiz, por el otro. Ámbas partes planean allí el contrato de transporte sanitario no urgente de Aragón, que empezarían a operar un mes después en la zona vecina.
Lo comentan 2 fuentes que fueron a ese cónclave y que no tienen vínculos entre sí. Especifican que en la oficina central de Benito Arnó, cuyo asesor encargado asimismo está acusado en el macroproceso de presuntas comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en lugar de adjudicaciones de obra pública, «se abordaron los datos del contrato de transporte» sanitario de la red social vecina. Tras el acercamiento entre Egara y Maiz, se presentó en la comida posterior Joan Albert Arqués, director ejecutivo de Arnó y al que la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión por la trama del 3%.
«¿Por qué razón una constructora de Lleida?»
Los 2 ayudantes consultados especifican asimismo quién asistió a ese cónclave. Lo organizó Fermí Ferran, exjefe de seguridad de Cirsa y gestor de Egara. Este se llevó a Álex García-Cascón, exjefe de Control de Peligros del FC Barcelona y directivo general de la compañía. Y a Óscar Simón, ex–director ejecutivo de Egara. Los 2 primeros, que habían tomado el control de la transportista de las manos de la familia Simón, son directivos de seguridad de Madí.
Fernando Izagirre en el momento en que era presidente de la DYA / EFE
Por parte vasca, asistieron Fernando Izagirre, exdirector de Urgencias del Gobierno de Euskadi y primordial acusado en el caso DYA de presunto saqueo de la oenegé de asistencia en carretera, investigación que le costó el cargo; la exgerente de la DYA Vizcaya Estíbaliz Guevara y Rafael Gómez Urculo, directivo general y asesor encargado de Maiz. La parte vasca fue citada allí para planear la explotación del contrato de Aragón, que empezaría en el mes de julio de 2020. Algo frecuente en un unión temporal de compañías (UTE), salvo por un radical. «¿Por qué razón en Lleida y en la sede de una constructora?», se pregunta un asistente.
Prólogo de un golpe de Estado
Apunta que una UTE vasca y catalana que intenta hallar un contrato en Zaragoza «se debería haber reunido en la ciudad más importante aragonesa como punto medio. Pero no, la asamblea fue en la sede de una constructora en Lleida. Fue extrañísimo». La meta del acercamiento era «lijar asperezas», ya que Egara ahora empezaba a imponerse en la coalición empresarial. Terminaría perpetrando un golpe de Estado en el comité de dirección con la asistencia del propio Izagirre. Se enseña que tomó resoluciones «en beneficio de ella misma y no de la UTE», agregan. Entre ellas, la colocación de Fernando Henar, otro hombre que había hecho carrera en el ámbito del juego, como directivo territorial.
Los presentes en este acercamiento comentan que «en la asamblea en Benito Arnó en Lleida, Egara ahora empezaba a intentar imponer su método. Razonaron que de todo el plantel a subrogar del previo contrato, no se renovaría al mundo entero pues no eran fiables. Los catalanes arguyeron que debían realizar limpieza para asumir el mando». La estrategia de los catalanes no era otra que orillar a su colega de UTE, como al final hicieron.
Josep Maria Argimon, exconsejero catalán de Salud/ EP
En verdad, es exactamente lo mismo que Egara logró con su partner en otra UTE previo: la que actúa tres lotes del macrocontrato de transporte sanitario en Cataluña. Tras hallar los contratos de la propia Lleida, Terres de l’Ebre y Tarragona en la macrolicitación de 2014, el campo enseña que la egarense ahogó a Ambulancias Lafuente, su asociada minoritaria, hasta el momento en que esta fue a certamen de acreedores. En el momento en que se vendieron las entidades productivas, Sagalés se quedó una sección y Egara, otra. Lo logró, como especificó este medio, con la cooperación del entonces número 2 del CatSalut, Josep Maria Argimon, conseller de Salud por Junts hasta el pasado 10 de octubre.
El vértice entre el ‘caso 3%’ y el ‘caso DYA’
La asamblea en Benito Arnó en Lleida, donde hubo datos significativos —Fermí Ferran presentó allí a su hijo como nuevo directivo de la compañía y Arqués «solicitó vino de su bodega», comentan 2 de los presentes– fue el nexo entre el caso 3% de presunta corrupción al por mayor en la obra pública en Cataluña y el caso DYA, que inspecciona el supuesto vaciado de la ONG en el País Vasco. 2 casos de supuesta mala práctica que nada debían ver coincidieron en la sede de la constructora ilerdense en 2020.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en una imagen del archivo / EUROPA PRESS
Allí estuvo Fernando Izagirre, investigado en este momento por malversación en el caso DYA, y asimismo Arqués, que se encara a cargos de organización criminal, estafa continuado, corrupción entre particulares y prevaricación en la trama del 3%. Anticorrupción le solicita ocho años de prisión y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le envió ayer a juicio con el resto de enjuiciados.
La expansión, inconvenientes
El cónclave en la constructora de Lleida en el que coincidieron 2 personas encausadas en sendos casos de corrupción sirvió para sellar la primera expansión de los hombres de David Madí en Ambulancias Egara una vez que la tomaran al ataque en 2016, según el Registro Mercantil, o poco antes, según las fuentes consultadas. Ferran y García-Cascón en la transportista catalana habían alejado antes a la familia Simón, que regía la compañía familiar y era conocida en la industria sanitaria.
Lo hicieron, como especificó este medio, en el ambiente del macroconcurso sanitario de Cataluña de 2014, que se retardó a 2015 entre luchas intestinas empresariales. Desde ese momento han operado la autonomía catalana y Aragón, sí, pero entre graves polémicas. «Trataron de machacar a Maiz como habían hecho con Lafuente, pero no lo consiguieron completamente. Ese es el inconveniente: alguien se resistió», comentan quienes conocen los entresijos de la compañía. Egara asimismo ha tratado de traspasar en Castilla y León, con poco éxito, y en Andorra, exitosamente, pero con un enfrentamiento laboral acuciante.
La confluencia empezó años atrás
Años antes, Egara ahora se había acercado al ambiente convergente. Lo había hecho basculando hacia el circuito de carreras y recinto de administración de urgencias Cánido Padró, en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). La transportista egarense coincidió con los exgestores del espacio, que eran nuestro Fernando Izagirre –entonces en la DYA y aún sin cargo en el Gobierno vasco– y Joan Gallardo, un directivo del campo de la seguridad. Fue en el Perro Padró conseguido a Eulen, desde Cataluña, donde Izagirre habría perpetrado el vaciado de la DYA vasca, según cree la acusación.
Unas prácticas en el recinto de Perro Padró, referente europeo en la capacitación de equipos de urgencias / CAN PADRÓ
Se publicó que Egara adquirió Cánido Padró, pero no es verdad. El recinto, «una ruina», lo gestionaron siempre y en todo momento Izagirre y Gallardo, a quien se relaciona con CDC y hasta sonó como conseller de Interior. Él lo niega todo y destaca que se desvinculó de la infraestructura antes que comenzaran las irregularidades. El ejecutivo vive en este momento en Andorra.