La reforma impulsada por el Gobierno para editar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y liquidar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas y cada una de las miradas puestas en el Tribunal Constitucional, que al final ha aplazado al lunes su resolución sobre si frena una parte de esta ley a solicitud del PP.

El PP y Ciudadanos decidieron no votar en señal de queja. Con 184 votos a favor -de los asociados de coalición y sus socios parlamentarios-, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley donde, a última hora, PSOE y Tenemos la posibilidad de han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de 4 jueces del TC.

El propósito del Gobierno es que la ley, que altera los 2 delitos por los que fueron condenados los líderes del procés y por los que aún ha de ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de final de año.