En términos reales, a igualdad de aportaciones a la Seguridad Popular, las pensiones del futuro van a ser inferiores a las del presente. Las primordiales causas son la enorme generosidad de las presentes, el alto gasto de la Administración en las precedentes posibilidades, el incremento de la promesa de vida, la próxima jubilación de la generación del baby boom y los bajos sueldos percibidos por varios trabajadores.

La elevada rentabilidad real ofrecida por las cotizaciones a la Seguridad Popular y la rápida restauración del capital aportado prueban precisamente la generosidad del presente sistema de pensiones. Basado en cantidades del 2017, el Banco de España calculó que la primera variable ascendía a un 3,5% y daba al jubilado medio una ganancia del 74%, ya que por cada euro abonado recibía 1,74 €. Una desempeño que superaba el brindado por el 97% de los proyectos privados con una antigüedad mínima de 20 años.

Más adelante, si la indicada rentabilidad prosigue vigente y la inflación media se ubica en el 2%, el pensionista promedio recobraría el importe comprado 13 años después. Si se jubilara a los 65, sin predecir su retiro, equiparía lo conseguido y abonado a los 78. Si no cambia la promesa de vida a la primera edad y sigue en 21,15 anualidades, la Seguridad Popular regalaría al previo jubilado ocho años y prácticamente un par de meses de prestación.

En 2023, el ejecutivo prevé asignar al pago de las pensiones 190.687 millones €. Una cuantía que equivaldrá a un 14,7% del PIB y un 32,1% del gasto del grupo de las Gestiones Públicas. Si los pensionistas preservan su de hoy poder de compra, el procedimiento de cálculo de la primera prestación no cambia y solo incrementa un tanto la edad de jubilación, estos importes se dispararán a lo largo de la próxima década.

Si perviven las tres precedentes condiciones, los consecutivos gobiernos van a tener 2 opciones: acrecentar relevantemente la presión fiscal o achicar en una elevada medida otras esenciales partidas de costos. Las dos elecciones serían demasiado impopulares, ya que la primera reduciría el poder de compra de los ciudadanos y la segunda rebajaría el dispendio en sanidad y educación. 2 áreas donde la calidad del servicio prestado ha menguado en los últimos tiempos, tras los recortes sufridos a lo largo de la final década.

  Una bomba de relojería demográfica va a suponer un enorme inconveniente añadido. Por una parte, el incremento de la promesa de vida de los retirados gracias a la mayor implantación de la medicina precautoria, el hallazgo de nuevos medicamentos y terapias y unos hábitos de vida mucho más saludables. Por el otro, en los próximos ejercicios el número de forma anual de nuevos pensionistas va a ser notoriamente mucho más alto que el de cualquier año previo al de hoy, al jubilarse de manera masiva desde 2022 los pertenecientes de la generación del baby boom.

  Esa generación entiende los nacidos entre 1958 y 77. En todos los periodos, su número superó los 650.000, correspondiendo el máximo histórico a los 697.697 de 1964. Sin embargo, el inconveniente generado por ella no es únicamente la elevada cuantía de sus integrantes, sino más bien los compromisos mucho más onerosos en temas de pensiones comprados con ellos por la parte de la Administración, si no cambian claramente las presentes reglas.

Un mayor número de licenciados y titulados universitarios, tal como un mucho más simple ingreso a una capacitación enfocada, les dotó de una mejor cualificación profesional que cualquier otra generación previo. Estas especificaciones les dejaron poder sueldos mucho más superiores y las reglas dominantes les forzaron a abonar bastante mucho más en término de cotizaciones sociales. Sin embargo, únicamente a los que trabajaban por cuenta extraña. Por consiguiente, una vez retirados, deberían recibir una pensión mayor a los de cualquier quinta antecedente.

En los últimos tiempos, los bajos sueldos percibidos por varios trabajadores han constituido entre las primordiales causas del crónico déficit de la Seguridad Popular. Entre 2008 y 22, los gobernantes perdieron el 15,1% de su poder de compra. Pese a ello, ha incrementado la brecha entre el salario percibido por los usados del campo público y privado.

Los precedentes fundamentos forzarán a un próximo gobierno a adoptar medidas cuyo propósito sea acrecentar los capital y reducir los costos del sistema de pensiones, siendo este un tema prácticamente no abordado por el ejecutivo de hoy. Las primordiales podrían ser las próximas:

1) El incremento de las clases de las cotizaciones sociales de los usados. Hoy en día, el 28,3% de la base de cotización de los trabajadores va designado al pago de las contingencias recurrentes. La mayoría de los capital conseguidos es destinada al voto de las pensiones.

Para acrecentar la recaudación, la Administración tiene 2 primordiales opciones: aumentar el presente tipo y la base máxima de cotización, cuyo importe en 2022 se ubica en 4.139,40 €. Las dos elecciones reducirían la competitividad de las compañías o los incrementos salariales de los trabajadores. Por consiguiente, solucionarían medianamente un inconveniente, pero por lo menos añadirían otro.

2) La equiparación de los modelos de los autónomos y los usados. Al cotizar a la Seguridad Popular, hasta 2022 los autónomos han disfrutado de un enorme privilegio, ya que pudieron seleccionar el importe abonado. Comúnmente, la enorme mayoría (un 85,8% hoy en dia) eligió llevarlo a cabo por la base mínima. De ahí que, su pensión media es inferior a la de los trabajadores por cuenta extraña.

Una opción alternativa para acrecentar la recaudación consistiría en aplicarles exactamente los mismos factores que a los usados. Sin embargo, los autónomos cotizarían por los capital netos y cuando menos por un importe semejante a la base de cotización del salario mínimo.

3) El aumento de la edad de jubilación.  Para achicar de manera permanente los costos y al unísono acrecentar los capital de la Seguridad Popular, la mejor fórmula no radica en postergar uno o un par de meses la edad de jubilación a lo largo de quince años, sino más bien en ligarla a la promesa de vida. La prórroga sería automática y no fruto de una bien difícil y también impopular resolución del gobierno.

La primera medida la adoptó Zapatero en 2011 y construyó un parche que no ha servido para evitar un enorme desfase entre los costos y también capital del sistema de pensiones. Para ser eficaz, la segunda habría de ser complementada con una disminución del número de años de prestación regalados por la Seguridad Popular a los nuevos retirados. En 2022, la cifra se ubica en torno a los ochos años y un par de meses y en el próximo futuro no sería extraño que descendiese a cinco.

4) La disminución de la primera pensión.  Una actuación para llevar a cabo menos onerosa para las arcas públicas la jubilación de la generación del baby boom consistiría en entablar una penalización a la primera pensión percibida. La reducción podría perjudicar a todos o a parte de los nuevos pensionistas y en el primer caso ser idéntica para cualquier nivel de prestación conseguida o mucho más elevada cuanto mayor sea esta.

De esta forma, por servirnos de un ejemplo, el ejecutivo podría elegir bajar la primera prestación un 3% a todos y cada uno de los retirados o solo a los que perciben mucho más de 2.000 € por mes bárbaros. Sin embargo, asimismo podría decantarse por reducir un 1% a los que cobran la pensión mínima y 0,5 puntos auxiliares por cada 500 € de suplemento logrados.

5) La reducción del poder de compra de la integridad de las pensiones. Hoy en dia, las posibilidades se revalorizan según el IPC medio del periodo comprendido entre diciembre de hace un par de años y el último noviembre. Una opción alternativa para achicar el gasto futuro consistiría en utilizar a todos y cada uno de los aumentos cada un año un aspecto corrector (por poner un ejemplo, de 0,5 puntos).

Si de esta forma sucediese y la inflación interanual fuera del 3%, en el próximo ejercicio las pensiones unicamente se revalorizarían un 2,5%. En un periodo de 25 años, dicho aspecto corrector provocaría una reducción del poder de compra de los retirados del 11,8%. Una meta idéntico al buscado por la reforma realizada por Rajoy en 2013. Sin embargo, la fórmula aplicada era diferente y mucho más elevada la disminución pretendida de la prestación.

Al fin y al cabo, en los próximos años, el desfase en las cuentas de la Seguridad Popular va a ser muy alto y difícilmente financiable con una presión fiscal afín a la presente, si los consecutivos gobiernos no dismuyen en términos reales los costos en otras de las primordiales partidas del presupuesto de las Gestiones Públicas, así como sanidad y educación.

 Por consiguiente, si bien sea demasiado impopular, uno o mucho más ejecutivos van a deber adoptar medidas traumáticas. seguramente no escogerán entre las cinco elecciones previamente expuestas, sino aplicarán al unísono la mayor parte de ellas. Si de esta forma pasa, los trabajadores van a pagar mucho más impuestos y se retirarán después. Los retirados van a cobrar menos de primera pensión y van a perder algo de poder de compra de año en año.

Sin embargo, nada de lo previo se generará si incrementa substancialmente la población merced a una masiva inmigración, medra notoriamente el porcentaje de población activa, reduce sensiblemente la tasa de paro y incrementan en buena medida los sueldos debido al alto incremento de la eficacia generado por la robotización de la industria y los servicios. No es realmente difícil, pero si realmente difícil. Esperemos me confunda y los pésimos vaticinios no se cumplan.