La confusión introducida por los portavoces y los altífonos del independentismo ya hace una década ha acabado por despistarnos y desviarnos a todos del inconveniente original. Con el aviso de la proposición de ley para remover el delito de sedición del Código Penal esta deriva falsa se reafirma. Dicen los impulsores y previsibles favorecidos de esta idea legislativa que tal cambio dejará una mejor solución del enfrentamiento político catalán. Resulta bien difícil imaginar que la desaparición de una cierta figura delictiva asista a solucionar el histórico contencioso de insatisfacción institucional que sostiene parte importante del catalanismo político respecto de las resoluciones brindadas por los consecutivos Gobiernos constitucionales habidos en España desde, cuando menos, la Segunda República.
El enfrentamiento original es el de la integración de las ambiciones nacionales catalanas en el entramado constitucional del Estado español. Y este reto prosigue precisamente igual que donde lo dejamos en 2006, que se encontraba en situación prácticamente idéntica a la de 1932. Una disputa mayúscula sobre la que ni el alboroto de 2017, ni el juicio del Tribunal Supremo, ni el encarcelamiento de los condenados, ni el indulto, ni la desaparición del delito de sedición o la novedosa redacción que se logre ofrecer a la malversación aportaron ni aportarán ningún avance. Igual, pero tácticamente deformado.
El embrollo nace de la intención de absorber el enfrentamiento verdadero con las secuelas de una forma equivocada de encararlo. O sea lo que llevan realizando desde hace unos años los líderes independentistas. La frivolidad y la incompetencia con la que organizaron su búsqueda de declaración de independencia, sumada a una dureza policial y judicial en este momento en desarrollo de enmienda, les causó un sinfín de secuelas penales que ellos, habilidosamente, transformaron en la versión actualizada del “inconveniente catalán”. No obstante, resulta visible que las discusiones entre el independentismo y la justicia no tienen que compararse con el enfrentamiento entre Cataluña y España por el encaje institucional de las dos realidades.
Esta maniobra de usurpación de las preferencias nacionales por la urgencia de sus frágiles ocasiones personales daña de entrada a las perspectivas del mismo contencioso histórico. El Gobierno español (el presente y algún otro asimismo) está muy cómodo administrando emergencias judiciales de los líderes independentistas. Primeramente, pues precisa unos votos específicos para sostener su mayoría parlamentaria; seguidamente, pues los cambios legislativos en trámite se corresponden con ediciones indispensables para amoldar ciertos productos del Código Penal al estándar europeo, antes que se conozcan las sentencias atentos de los órganos judiciales de la UE y, por último, pues es bastante mucho más simple (política y parlamentariamente) atender estas reclamaciones que meditar con seriedad en una iniciativa de avance constitucional, pongamos federal, para agradar la ambición de Cataluña.
Es obvio que el Estado gana tiempo y los catalanes que suspiran por arreglar el viejo pleito lo pierden. La cuestión mucho más importante es entender si esta desinflamación de las intranquilidades penales de los líderes independentistas repercutirá favorablemente en un hipotético avance en la formulación de una exclusiva iniciativa catalana. No semeja, pues hasta la actualidad, aun rigiendo la Generalitat sin mayor impedimento, los líderes del independentismo han priorizado sus apremiantes ocasiones judiciales a la búsqueda del consenso de adentro en Cataluña para seguir en lo fundamental: una iniciativa catalana de futuro institucional. Aun han monopolizado la mesa de diálogo con sus cuitas, en perjuicio del análisis de las opciones que ya están para seguir en lo colectivo.
Una iniciativa que corresponde elaborar y avalar a todos y cada uno de los catalanes, a los de la mitad soberanista menguante y a la mitad creciente de los que no distribuyen la iniciativa de la independencia. Sin una iniciativa conjunta catalana, ningún Gobierno del Estado se va a sentir con seriedad interpelado para combatir la divergencia original entre las pretensiones catalanas y las adversidades de un Estado unitario para interpretar la pluralidad. Salvo que los líderes independentistas no hayan aprendido nada y prosigan pensando en imponer su receta a los discordantes.