Afirmado. El exconseller de la Generalitat Bernat Solé (ERC) habrá de estar un año sin ejercer cargo público. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de inhabilitación particular y la multa de 16.800 euros por desobediencia grave contra el extitular de Acción Exterior por hacer más simple la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Agramunt​​​​​​​ (Lleida) en el momento en que este era alcalde del ayuntamiento.

Los jueces han desechado todos las causas del recurso de casación anunciado por Solé contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó por esos hechos en el primer mes del año del 2021. Así, la salón mantiene que Solé desatendió la orden del Tribunal Constitucional (TC) de evitar el referéndum de independencia del 2017 y que participó de manera «activa y decidida en el avance y buen fin» de esa solicitud, asumiendo «responsabilidades logísticas» a lo largo de la día de votación.

«Se negó» a evitar el referéndum

Según la sentencia, a la que tuvo ingreso este medio, Solé recibió la notificación oficial a fin de que impidiera la solicitud en Agramunt. No obstante, desarrolló una activa participación en la promoción, la organización y la celebración de ese referéndum. Específicamente, añade, dictó un decreto de alcaldía en el que puso predisposición de la Generalitat el local usado frecuentemente en los procesos electorales del pueblo y cedió un espacio municipal para un acto promocional del 1-O, en el que participó como orador.

De esta manera, «consumó» la desobediencia desde el instante en el que «se negó abiertamente a ofrecer cumplimiento a un orden del Tribunal Constitucional, emitido en el campo de sus competencias y revestido de las formalidades legales», en referencia a la orden de evitar el referéndum.

«Peligro» de reincidir

También, el Supremo protege la duración de la inhabilitación –por la que protestó Solé– en que si ingresa a otro cargo público se corre el «peligro de posibilitar que se reiterara en esa conducta delictiva».

Para finalizar, «el culpado, aparte de explotar su condición de alcalde para la comisión del delito, se valió de la de diputado del Parlament para incidir en tal comisión», concluye. Solé fue nombrado asesor de la Generalitat en el tercer mes del año del 2020 y ejercitó como tal hasta mayo del 2021.