Renace el caso Pegasus. Lo realiza exactamente el mismo día que ha trascendido el boceto de un informe del Parlamento Europeo que dió un toque de atención al Gobierno y, específicamente, al Centro de Sabiduría Nacional (CNI), a quien acusa de ser poco transparente, ratificando que 65 líderes independentistas fueron espiados por medio de ese programa. El archivo ha servido a fin de que el Govern se victimice nuevamente y reactive sus críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En verdad, el gobierno autonómico podría emplear las observaciones de la Eurocámara para forzar las negociaciones con el presidente y apretar con la rebaja del delito de la sedición en la próxima asamblea de la mesa de diálogo, que todavía no posee fecha. «Está claro que el Govern no renunciará jamás al diálogo, a la negociación y a la vía política y democrática para la resolución del enfrentamiento».
La página web que demanda el ‘Catalan Gate’, construída meses antes de conocerse el supuesto espionaje
A cargo de la Audiencia Nacional
La representante del gobierno autonómico, Patrícia Plaja, se ha felicitado por el informe y ha advertido de que su gobierno va a llegar «hasta el fondo de la cuestión». Cabe rememorar que el president Pere Aragonès presentó una demanda frente al Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona que fué elevada a la Audiencia Nacional, donde la Generalitat se presentará como acusación especial.
Plaja cree que los tempos que maneja la justicia en España no son equivalentes a los de Europa, lo que ve una «constatación de que el espionaje político tiene un trato y ritmos distintas en función de quiénes son la gente o el gobierno espiados». «En todo caso, aguardamos que se llegue en el fondo del tema sea como sea el tribunal que lo investigue», ha espetado en una rueda de prensa tras la asamblea semanal del consell executiu.
Un boceto pendiente de enmiendas
Por su lado, la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha recibido con «satisfacción» el informe que ha redactado la Comisión de Investigación de la Eurocámara sobre la utilización de Pegasus y otros programas espía y en el que ven «lagunas» en el marco legal de España para autorizar el rastreo de personas, señalando que la protección legal es «obsoleta». «Este informe relaciona abiertamente el espionaje con el procés y la celebración del referéndum del 1-O», ha manifestado, y ofrece la creación de un protocolo de actuación para contestar a estas situaciones.
No obstante, el informe es únicamente un boceto redactado por la liberal neerlandesa Sophie in’t Veld y debe sobrepasar todavía las enmiendas del resto de conjuntos parlamentarios, ser votado en comisión y en el pleno de la Eurocámara. Las proposiciones de populares, socialistas y liberales rebajarán el tono del artículo, según se prevé.
Asimismo Aragonès ha demandado «llegar en el fondo» del caso Pegasus. «¿El fundamento? Trabajar por la independencia de este país. En una democracia no se espía al contrincante político. Es requisito llegar en el fondo de la cuestión por justicia y dignidad política», dijo mediante las comunidades.