El Govern ha salvado por último la C-25. La Generalitat ha suspendido la concesión del Eix Transversal y ha recuperado la administración directa de la carretera al desembolsar 479,3 millones de euros a la compañía que administraba la infraestructura, Cedinsa.
El pago final fué algo mucho más económico –tres millones menos– del máximo que se había la Administración autonómica para recobrar la vía. La compañía perjudicada criticó el salve y puso en duda los proyectos del Ejecutivo, pero el TSJC desechó el mes pasado las medidas cautelares que demandaba la concesionaria.
Imagen del Eix Transversal, entre las primordiales concesiones que controla Cedinsa / TERRITORIO
Un ahorro «nulo»
En un aviso, el Govern ha asegurado que la resolución reportará a las arcas públicas un ahorro de 781,5 milions d’euros. Un número que asimismo se queda bajo los cálculos anteriores: son 29 millones menos de los que se barajaban meses atrás.
En todo caso, antes de la resolución de la contrata, Cedinsa insinuó que las previsiones de la Consejería de Economía eran pura fantasía, ya que el cambio supondría «un ahorro prácticamente nulo«. La exconcesionaria, que llegó a supervisar 4 rutas de la Generalitat, asimismo se mostró crítica con la oratoria de la Administración, que vendía la maniobra como una «previsión contractual» en el momento en que se trataba de todos modos de un «salve».

Cedinsa, compañía concesionaria de 4 rutas de la Generalitat que vive una batalla entre los hombres de negocios que la dirigen / CG
Una operación de calado
Más allá de los reproches de la firma, la Consejería de Economía ha reiterado que la medida calmará los bolsillos del contribuyente, con un ahorro de 46 millones cada un año en 17 años. Fuentes de este departamento han explicado que el contrato fue firmado en 2007 y preveía una viable resolución adelantada en 2017, 2022 y 2027.
Al final, para subvencionar el salve no fué preciso asistir al fondo de liquidez autonómica (FLA). El Govern hizo en frente de la inversión con elementos propios (354 millones encausados como reducción de deuda y 125 como inversión), en lo que exactamente las mismas fuentes definen como «la operación financiera con un mayor encontronazo en las finanzas» de la Generalitat en la última década.