Unas 60 familias, de tres fincas de casas sociales en régimen de arrendamiento de Esplugues, denuncian en el municipio estar aguantando “acoso económico” y carencia de servicios básicos por la parte de Visoren, la compañía que se realizó con la concesión para la explotación de sus inmuebles en 2009 y que –como figura en los contratos– se hace cargo de la contratación del suministro de agua ardiente y calefacción por medio de Sermavi.
Según cuentan los vecinos a Crónica Global, la situación es “insostenible y perpetua”, puesto que se les pide abonar unas proporciones anormales por estos servicios, mientras que padecen «cortes parcialmente usuales», y también incidencias que les llevan a no poder ducharse por el hecho de que el agua sale completamente sucia. «Ciertos tuvimos que apuntarnos al gimnasio para tener una ducha ardiente y aceptable».
Agua en V.P.O, en Esplugues / CEDIDA
Agua en V.P.O Esplugues / CEDIDA
Mucho más costoso el gas que el alquiler
Los habitantes de Juli Garreta, Josep Ventura y Gaspar Fàbregas llevan una década quejándose de la incierta administración que Visoren hace en sus inmuebles. No obstante, la guerra reventó a fines de diciembre de 2022, en el momento en que la licitadora comunicó a los vecinos que debían abonar con carácter retroactivo el aumento del precio del gas, que no se les había aplicado a lo largo del año.
Protesta de estos vecinos en 2011 / REDES
De esta forma, según la documentación entregada por los damnificados a este medio, se llegaron a reclamar proporciones de hasta 3.181 euros en término de agua ardiente y calefacción por el consumo de enero a noviembre de 2022, al tiempo que en el último mes del año –ahora con los costes actualizados— las facturas han rondado los 150 euros de media. Según la documentación entregada a este medio, la subida practicada en el precio del agua ardiente es de, precisamente, un 280% respecto a la que pagaban hasta el día de hoy de la revisión.
Regulación de costos de ACS y calefacción en 2022 / CEDIDA
Sin justificación alguna
Los vecinos afirman estar viviendo una pesadilla y requieren al consistorio que analice la administración de la compañía, que hasta hoy no ha argumentado los recibos que pasa a los vecinos, ni en lo que se refiere al cuidado, por el que abonan 85 euros cada uno de ellos por mes, ni en lo que se refiere a los recursos. “No entendemos quién es la comercializadora original, con lo que no tenemos la posibilidad de revisar si las tarifas que nos aplican se ajustan a la legalidad, ni se nos justifica el gasto de cada vecino”, puesto que la caldera es social.
Las protestas por el mal cuidado de los bloques fueron muy frecuentes. “Contamos un nido de gaviotas en la azotea que no solo impide nuestro reposo, sino además de esto va acompañado de múltiples cadáveres de paloma para dar de comer a las crías”. Además de esto, “comienza a haber un volumen alto de cucarachas tanto en la región social como en domicilios”, comunicaban los vecinos de Juli Garreta al consistorio y a Visoren el pasado 16 de junio de 2022. Asimismo en Gaspar Fàbregas y Josep Ventura se han denunciado déficits esenciales de cuidado.
Uralita en la región social de Gaspar Fàbregas desde la pandemia / CEDIDA
Región social de Gaspar Fàbregas / CEDIDA
La posición del municipio
El pasado 10 de enero, portavoces de los tres inmuebles se juntaron con el primer teniente de Alcaldía de Esplugues, Eduard Sanz, la directiva de derechos sociales, Agnes Mateu, y múltiples profesionales del consistorio. Tras múltiples requerimientos anteriores por correo electrónico, según los vecinos, se les demandó que examinen y regulen el seguir de esta compañía con las casas públicas. No obstante, el resultado no fue el aguardado, puesto que se les emplazó a regresar una vez los equipos de jurídicos del consistorio examinen si la actuación de Visoren es legal, según explicaron al término de la asamblea a Crónica Global.
Un día siguiente, Eduard Sanz atendió a este medio, al que reconoció que «hay déficits de cuidado en las fincas» y que se había aplazado el primer pago que Visoren demanda a los vecinos. No obstante, va a haber que aguardar a que el gabinete de abogados estudie la documentación y ver si el aumento del precio del gas y la exigencia del pago con carácter retroactivo se ajusta a la ley. En el caso de tener razón los vecinos, Sanz se ha puesto en compromiso a eximirles de cualquier gasto jurídico. Eso sí, van a deber aguardar y contratar consejos propio si desean terminar con el inconveniente próximamente.
Prestos a llegar al próximo pleno del ayuntamiento
Los vecinos ahora han comunicado a Visoren, y al aparato de gobierno y demás conjuntos municipales, que «la gota ha colmado el vaso de su paciencia», y que es imposible dejar que tantas familias paguen por casas sociales tal aberración y en semejantes condiciones. «Hay personas con esenciales cuadros de ansiedad por no lograr realizar en frente de los pagos que se nos pide», han lamentado.
Dada esta situación, comentan que únicamente se puso en contacto con ellos el concejal del Partido Habitual, Marcos Sánchez Siles, con quien se juntaron este jueves, y que se ha puesto en compromiso a asesorarles desde un criterio político, «dejando a un lado las diferencias entre partidos» pues «todos somos vecinos», algo que ha reiterado en una charla con este medio. En este momento, el próximo paso es llevar este inconveniente al pleno del próximo 25 de enero y reclamar resoluciones.
Al término de este informe, y pese a múltiples intentos por escrito y por teléfono, este medio no obtuvo contestación alguna por la parte de Visoren.