El Municipio de Barcelona se niega a hacer más simple la documentación económica incluida en los capitales en español. El gobierno de Ada Colau ha rechazado la solicitud efectuada por Valents. En sus alegaciones, la capacitación dirigida por Eva Parera señalaba que “de cara a hacer una investigación y comparación mucho más pormenorizadas por la parte de los distintos conjuntos políticos, pedimos que la información, aparte de en catalán, se lleve a cabo llegar en español”.
En su contestación, el consistorio repudia la solicitud por el hecho de que “la elaboración de la documentación que forma una parte del capitales se hace según lo que se establece en el producto 15 de la ley 39/2015, de Trámite Administrativo, el Estatuto de Autonomía y el resto de normativa aplicable”.
Eva Parera, a lo largo de una entrevista en Crónica Global / LENA PRIETO (CG)
El mes pasado de noviembre se presentaron los capitales del Municipio de Barcelona para el año 2023. “El Municipio de la región muestra abundante documentación económica sobre los capitales, entre la que están los cómputos, las cuentas de capital y costos, el libro verde (resumen detallado de los capitales), la memoria y la banco de información del aspecto de los capital y costos. Esta documentación se puede hallar en la red tanto en catalán como en castellano, pero la documentación que señala los capitales está única y de forma exclusiva en catalán”, enseña Eva Parera, aspirante a la alcaldía de Barcelona.
Alegaciones
Por este motivo, a lo largo del periodo de tiempo de alegaciones, el partido solicitó que se presentase toda la documentación económica asimismo en castellano, “con la intención de prosperar y agrandar el ingreso a la información, de este modo para hacer más simple su análisis a un mayor número de personas”.
Parera demanda que la contestación del gobierno de Colau y el PSC fue “negativa. Se escudaron en productos y leyes que lo que hacen es contrariar su actuación. La normativa que según Colau y Collboni les impide enseñar los capitales en castellano es ‘el producto 15 de la Ley 39/2015, de Trámite Administrativo, el Estatuto de Autonomía y el resto de normativa aplicable’”.
Lo que afirma la ley
La citada ley establece que “la lengua de los métodos gestionados por la Administración General del Estado va a ser el español. Sin embargo lo previo, los apasionados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con origen en el territorio de una Red social Autónoma van a poder usar asimismo la lengua que sea cooficial en ella”.
En un caso así “el trámite se gestionará en la lengua escogida por el entusiasmado. Si concurrieran múltiples apasionados en el trámite, y tenga existencia discrepancia en lo que se refiere a la lengua, el trámite se gestionará en español, más allá de que los documentos o testimonios que requieran los apasionados se expedirán en la lengua escogida por exactamente los mismos”. Exactamente la misma ley añade que “en los métodos gestionados por las Gestiones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, la utilización de la lengua se ajustará a lo pensado en la legislación autonómica pertinente”.
El Estatut
El Estatut, por su lado, establece que «el catalán es la lengua oficial de Cataluña. Asimismo lo es el español, que es la lengua oficial del Estado español. Todas y cada una la gente tienen el derecho a usar ámbas lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña tienen que detallar las medidas primordiales para hacer más simple el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. Según lo preparado en el producto 32, no puede existir discriminación por la utilización de alguno de ámbas lenguas«.
También, añade el artículo estatutario, «los ciudadanos están en su derecho a opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, organizaciones y gestiones públicas en Cataluña, todas y cada una la gente están en su derecho a usar la lengua oficial que escojan. Este derecho ordena a las instituciones, organizaciones y gestiones públicas, incluyendo la Administración electoral en Cataluña, y, por norma general, a las entidades privadas que dependen de ellas en el momento en que ejercitan funcionalidades públicas».
Según Parera, «estos no son los capitales de Barcelona, son los capitales de Colau, Collboni y los independentistas».