Es un ultimátum. La iniciativa presupuestaria que el PSC ha anunciado al Govern pone contra las cuerdas a Pere Aragonès. El presidente catalán debe seleccionar entre sostenerse leal a su acuerdo con En Comú Podem –deficiente por el hecho de que, con esta capacitación, ERC no consigue la mayor parte parlamentaria que se requiere para aprobar las cuentas–, pactar con Junts per Catalunya –los asociados infieles que abandonaron el Govern–, o admitir las condiciones de los socialistas.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, al firmar el acuerdo de Capitales para 2023 / EUROPA PRESS

El tiempo corre en oposición a los republicanos, quienes, según comentan fuentes socialistas, pretendían apurar los plazos a fin de que fuera Salvador Illa (PSC) quien rebajara sus situaciones y, en el caso de conflicto, quedara como el encargado de la prórroga de los capitales. Una prórroga que piensa perder mucho más de 3.000 millones y dejar en el aire proyectos esenciales para la economía catalana.

Los socialistas sostienen el pulso

Pero el PSC mantuvo el pulso con una sucesión de ideas que suponen una enmienda a los capitales de la Generalitat que realizó el exconsejero de Economía, Jaume Viró, a los que defienden los recurrentes. “O se admiten o deberán buscar el voto de Junts”, avisan exactamente las mismas fuentes.

En verdad, a evaluar por la reacción del Govern, la iniciativa de Illa ha impactado en la línea de flotación de la negociaciones. El Ejecutivo catalán ha pedido “discreción”, ya que entre las demandas de los socialistas hay temas en especial espinosos para los republicanos: la ampliación del campo de aviación de El Prat, desbloquear el Centro Recreativo y Turístico de Vila-Seca y Salou (Hard Rock) y el Cuarto Cinturón (Ronda Norte Sabadell-Terrassa). Proyectos premeditados a producir prosperidad económica que Junts ve con positivos puntos de vistas, no de esta forma los recurrentes y ERC.

Fiscalidad

El archivo socialista no incluye cuestiones fiscales. El partido siempre y en todo momento mantuvo que no es el instante de subir los impuestos a los catalanes, una posición que asimismo secundan los neoconvergentes. Por contra, el pacto que cerraron Aragonès y Jéssica Albiach sí contempla un incremento del impuesto del patrimonio con la visión puesta en las considerables fortunas.

Para resumir, el extenso acuerdo presupuestario que busca Aragonès se convirtió en un auténtico sudoku. Más que nada, si se tiene presente que ese acuerdo con los recurrentes piensa un cambio de cromos con los capitales del Municipio de Barcelona, si bien el acompañamiento de ERC no era tan primordial, ya que faltan pocos meses para las selecciones municipales.

Adiós al aparato convergente

Por otra parte, el archivo de los socialistas incluye un apartado destinado a la racionalización de la Administración catalana que piensa una genuina deconstrucción del faraónico aparato administrativo y mediático desarrollado por los concurrentes. El PSC desea achicar el número de delegaciones territoriales, tal como eludir la apertura de novedosas “embajadas” en el exterior en 2023. También, ofrece que el Centro de Estudios de Opinión (director ejecutivo) dependa del Parlament y que la Agencia Catalana de Novedades (ACN) formen una parte de la Empresa Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), no de la Consejería de Presidencia. Fiscalizar el gasto en propaganda institucional y en subvenciones a medios, como quieren los socialistas, echa por tierra años de servidumbre mediática.