Pasaron 72 horas desde la entrada en vigor de la novedosa normativa sobre VTC en Cataluña… pero todo prosigue igual. A falta de que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que tutela el servicio de los automóviles de transporte con conductor en la zona, indique de manera oficial cuántas licencias han superado el nuevo filtro legal, los chóferes de las interfaces digitales y de las flotas históricas prosiguen circulando por la ciudad más importante catalana. Y, además de esto, organizan una batería de solicitudes para frenar la puesta en marcha de una regulación autonómica que amenaza no solo con multarlos, sino más bien con llevarlos a la extinción.
El pasado 31 de diciembre, Unauto –entre las 2 patronales que asocia a los VTC; la otra es Aseval, donde están representados Uber y Cabify, entre otros muchos–, remitió una circular a sus socios en que los instaba a pedir medidas cautelares contra el decreto ley catalán 9/2022 aprobado el pasado julio. En el artículo, al que ha accedido Crónica Global, la patronal se aferra a una predisposición transitoria incluida en el decreto Ábalos de 2018 [puede consultarse aquí], que ordenó los requisitos mínimos del campo y abrió la puerta a una sucesión de reglas auxiliares por la parte de las comunidades.
¿Riada de cautelares?
Específicamente, Unauto cree que esa predisposición «deja que los VTC que ya están en la fecha de entrada en vigor y esos que en tal fecha estuviesen atentos de resolverse» logren continuar circulando en el transcurso de un intérvalo de tiempo de 4 años y ajeno de las legislaciones autonómicas. Distintas fuentes consultadas por este medio estiman que el balance de 4 años debería arrancar desde la posesión plena de la autorización.
¿Por qué razón? Muchas licencias se empantanaron judicialmente tras su adjudicación inicial y acabaron ratificándose, una vez ganados los litigios, en datas siguientes como 2021 o 2022. Cada caso es distinto, destacan exactamente los mismos interlocutores, si bien estiman que esta interpretación dejaría inmovilizar la app del decreto catalán. De esta forma concluye la circular de Unauto: «Todos esos socios que no hayan conseguido la autorización urbana de la AMB por cualquier situación van a poder interponer demanda con petición de medidas cautelares si fuera de su interés proseguir prestando servicio urbano».
Cabify y Uber, esperando
Por su lado, ni Cabify ni Uber quisieron posicionarse sobre esto de la estrategia de Unauto a cuestiones de Crónica Global. Las dos compañías no mueven ficha de momento y eligen por la prudencia esperando de de qué manera avanza la situación. Quien sí se ha mojado fué Bolt. «La situación de hoy causada por la entrada en vigor de la normativa catalana y la resolución de los entes locales va a hundir a un ámbito a corto plazo«, ha manifestado Daniel José Georges, directivo para VTC y taxis de la aplicación de movilidad.
La compañía se refierte a requisitos como la longitud mínima de 4,9 metros de los automóviles y la posesión de etiquetas de emisiones 0 y ECO. ha de ser de 4,90 metros. «Lo que carece de sentido puesto que esta normativa, a tenor del último informe del letrado general de la UE, indudablemente deba alterarse en 2 o tres meses. Es requisito utilizar un intérvalo de tiempo de felicidad que evite la quiebra de una cantidad enorme de negocios esperando de adoptar un nuevo marco que tenga presente el fallo de la justicia europea», ha añadido el directivo. Justo la medida que procurarán forzar las flotas habituales de VTC en Cataluña.
VTC de Cabify / EP
Luxemburgo tiene la clave
La clave está en la resolución que adopte Luxemburgo. Tras la contundente toma de situación del letrado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que acostumbra asesorar la resolución final de los jueces, todas y cada una de las miradas están puestas en la visión que a inicios de primavera desvelará el futuro de la legislación sobre VTC en España. De entrada, el letrado de la UE marcó los puntos en general: la ratio 1/30 no es justa ni se puede abusar de las dobles autorizaciones.
Unos cuantos razonamientos que se dirigen contra la línea de flotación del esquema jurídico español y que podría favorecer un vuelco normativo. No en balde, el Gobierno estudia una reforma de la ley de transportes terrestres en la que impactará el posicionamiento del prominente tribunal comunitario. Asimismo está por ver qué sentencia el Tribunal Supremo en relación a los minutos plus de precontratación que fijaron País Vasco y Valencia en sus reglas autonómicas. La visión en el Supremo está sosprechada el próximo 24 de enero.
Una marcha lenta de taxis en el centro de Barcelona / ÉLITE TAXI
Conflictividad a la visión
Bastantes frentes libres en España y Europa para que el Centro Metropolitano del Taxi (IMET) mueva ficha. El órgano ligado del AMB sostiene un silencio espeso y no ha atendido a las necesidades de este medio. En verdad, no ha podido confirmar si es alguna la cifra divulgada por Bolt de 300 licencias aprobadas sobre unas 3.000. Exactamente la misma prudencia que cunde entre las interfaces digitales, según ciertos interlocutores, es la que comparte el ente supramunicipal por lo menos de puertas hacia afuera.
Quienes sí han adoptado una situación mucho más proactiva fueron los taxistas de Élite Taxi. Ayer, los trabajadores de la entidad dirigida por Tito Álvarez hicieron piquetes informativos en la estación de Sants en Barcelona que se saldaron con algún poco afortunado hecho. La situación comienza a caldearse frente a la pasividad administrativa y amenaza con reanimar el enfrentamiento latente entre taxis y VTC. Ello a pesar de que el decreto catalán fue calificado como «una obra de arte» por nuestro Álvarez. 2023 comenzó sin cambios, pero la situación se aclarará en los próximos meses. Hasta entonces, compás de espera.