El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado este miércoles la resolución que adoptó hace solamente 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria, ahora en el Senado, de ámbas enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que procuran actualizar nuestro TC, desestimando así mismo el recurso anunciado por la Cámara Alta para lograr discutir y votar en su Pleno de mañana la reforma iniciativa.

Tras mucho más de tres horas de intensa deliberación entre sus 11 jueces, la corte de garantías confirmó su resolución inicial con exactamente los mismos votos con los que la adoptó: los 6 del bloque conservador en frente de los 5 de la minoría progresista.

Y esto tras negar la tramitación de las recusaciones lanzadas por Unidas Tenemos la posibilidad de (UP) y por la Fiscalía contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narvaéz. De haberlos apartado, se habría producido un cambio en mayoría en pos del bloque progresista.

Unidas Tenemos la posibilidad de (UP) ahora lo propuso frente a las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en su recurso de amparo contra estas enmiendas, pero el TC estimó que entonces no era el instante procesal oportuno.

Tenemos la posibilidad de había vuelto a recusar este miércoles, aduciendo que estos 2 jueces tienen un «interés directo» en que las citadas enmiendas no se aprueben por el hecho de que, de llevarlo a cabo, serían reemplazados por los 2 aspirantes nominados por el Gobierno: el ex- ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex- prominente cargo de Moncloa Laura Díez.

La Fiscalía asimismo había entusiasmado abrir un hecho de recusación contra González-Trevijano y Narváez, al ver una «incuestionable vinculación directa de los convocados integrantes del Pleno con el fin de tramitación parlamentaria». A su juicio, era «objetivamente incuestionable la incidencia automática de esa regla en la situación personal/profesional de los dos».

Segundo pleno urgente en 48 horas

González-Trevijano ha debido convocar este Pleno increíble con solamente unas horas de margen, una vez que el Senado formulara un recurso de súplica para procurar alzar las medidas cautelarísimas que el TC acordó hace un par de días a instancias del PP.

La intención del Senado era llegar a tiempo a fin de que en su Pleno de mañana se pudiese discutir y votar la proposición de ley –con sus enmiendas–, tal es así que quedara aprobada terminantemente, una vez que el Congreso de los Miembros del congreso de los diputados la avalara la semana anterior.

Se habla del segundo Pleno increíble que festeja el TC en solamente 48 horas. El primer día de la semana, tras mucho más de nueve horas, acordó aceptar el recurso del PP y las medidas cautelarísimas, una resolución nueva, en tanto que en sus mucho más de 40 años de historia jamás había paralizado una tramitación parlamentaria en las Cortes En general.

Según notificó entonces el TC, los jueces consideraron que el progreso de la tramitación parlamentaria causa un daño de bien difícil reparación a los legisladores ‘populares’, que invocaban el producto 23 de la Constitución, donde se recopila el derecho a la participación política de los ciudadanos mediante sus representantes.

Sobre el fondo del tema, el Constitucional explicó que dio entrada al recurso ‘habitual’ pues la vulneración aducida por el PP no es descartable, atendiendo a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que debe de existir entre las enmiendas y la idea legislativa que se quiere cambiar.

También, señaló que el tema planteado en este recurso de amparo tiene particular trascendencia constitucional por el hecho de que provoca una cuestión jurídica de «importante y general influencia popular», que además de esto tiene «unas secuelas políticas en general».

El PP se dirigía, específicamente, contra los pactos de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso por los que se aceptaron a trámite las dos enmiendas y contra la resolución del presidente de esta Comisión, Felipe Sicilia, de no revocarlos.

Suspensión «extemporánea»  

En su recurso, el Senado argüía que la suspensión urgente fue una medida «extemporánea» pues, si tanta prisa corría –y de ahí su carácter cautelarísimo–, se debía haber acordado la semana anterior, antes que la Cámara Baja aprobase la proposición de ley con sus enmiendas.

En este sentido, destacaba que el fallo del TC le afectó «de manera directa» en el momento en que de todos modos no es la sede legislativa que ha adoptado los pactos recurridos por el PP, con lo que comprende que la cámara como sus integrantes «se encuentran indefensos».

Asimismo esgrimía que la suspensión vulnera los requisitos que pide la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), o sea, que «no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos escenciales o libertades de otra persona'».

A este respecto, defendía que «la suspensión causa una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el Poder Legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes En general (Congreso y Senado), que representan al pueblo español, logre ejercer con plenitud las funcionalidades que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias incorrectas».

Con todo, advertía de que la paralización de la tramitación parlamentaria hablamos de «una actuación desmedida» que forma «un antecedente de impredecibles secuelas», alertando de «la oportunidad de que se logre emplear el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes En general».

La renovación del TC

El inconveniente de fondo es que el TC espera desde el 12 de junio a que se renueven los 4 jueces que forman el tercio que la Constitución ocupa sustituir a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

Las inquietudes jurídicas sobre la oportunidad de que los 2 aspirantes de Moncloa tengan la posibilidad de tomar posesión sin aguardar a los 2 del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para denominar a sus 2 solicitantes a la corte de garantías.

Pero las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el 2 de diciembre por el veto implícito del bloque conservador al candidato de sus análogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a regresar a engordar su catálogo de solicitantes (que llegó a tener nueve). En su primera votación para nominar solicitantes, que sucedió el martes, los dos campos se enrocaron en sus situaciones y frustraron el acuerdo.

En este contexto, ‘morados’ y socialistas introdujeron en la citada proposición de ley ámbas enmiendas: una a fin de que los 2 aspirantes del CGPJ se escojan por mayoría fácil, en vez de por tres quintos; y otra a fin de que Campo y Díez logren tomar posesión como jueces del TC sin la necesidad de aguardar a los 2 nominados por el Consejo.