El magistrado Miguel Ángel Gimeno dirige desde 2016 la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), cuyo propósito prioritario es impedir y también investigar probables casos de empleo o destino engañoso de fondos públicos. En un reportaje con Crónica Global, Gimeno enseña que el número de demandas gestionadas en este organismo, ligado del Parlament, ha incrementado sensiblemente y que «la financiación ilegal de los partidos «es un inconveniente no resuelto en España de forma determinante».
–PREGUNTA. La Oficina ha elaborado una guía de sugerencias, un compliance, dirigido a las compañías públicas. ¿Exactamente en qué radica?
–RESPUESTA: Observando el cumplimiento normativo que se hacía en las compañías privadas, a nuestro juicio bastante defensivo a fin de que no se coloque la compromiso penal de la gente jurídicas, nos proponemos la situación desde la visión de por qué razón no lo hacen las compañías públicas asimismo, donde no solo hay compañías mercantiles, asimismo consorcios o fundaciones, que contratan, hacen servicios o son distribuidores. Nosotros no procuramos llevar a cabo planteamientos protectores, sino todas y cada una estas compañías, además de esto sean cumplidoras no solo a fin de que no les condenen, sino tengan exactamente las mismas demandas que le hacemos a un municipio, el área metropolitana o la Diputación. Les haremos proyectos de integridad. Participaron las universidades de Castilla-La Mácula y Santiago de Compostela, la Facultad Autónoma de Barcelona, la UOC. Y asimismo universidades de Italia, que nos llevan mucha virtud.
Miguel Ángel Gimeno se expresa para Crónica Global / LENA PRIETO (CG)
–Es interesante, disponemos la imagen de Italia como un país corrupto, poco sensible a estos temas…
–Van bastante mucho más avanzados que nosotros. El producto 31 bis de nuestro Código Penal no deja de estar inspirado en el decreto italiano de 2001. Su decreto legislativo es de 2001, nosotros hasta 2010 no proponemos la compromiso de la gente jurídicas. Lo tienen muy creado. La Autoridad Anticorrupción italiana (ANAC) es de campo nacional y tiene potestades que nosotros no contamos. Las universidades de Módena y de Bolonia están asimismo en nuestro programa. Lo mucho más reciente es que nosotros no hacemos análisis académicos y después los traspasamos. Nosotros cogemos a 23 compañías públicas catalanas, ciertas enormes como la Agencia Catalana del Agua (ACA), correspondientes a la Generalitat, diputaciones y municipios, y nos ponemos a interaccionar. Ellos comentan lo que hacen, qué precisan, qué tienen la posibilidad de progresar. Todo eso lo recogemos, organizamos los datos y lo estudiamos desde distintas perspectivas: transparencia, garantías, seguridad, protección de datos… Nos encontramos en la etapa de edición y sospecho que a inicios del próximo año lo vamos a tener. Nuestro plan de integridad lo hacemos en colaboración con la Diputación de Barcelona.
–¿Las compañías públicas son sensibles a vuestras sugerencias? ¿Las cumplen?
–Las preferencias siempre y en todo momento son coincidentes. Un gobierno como el de la Generalitat tiene preferencias que son enteramente políticas, al tiempo que nosotros charlamos de buen gobierno. En los municipios, en este momento todo el planeta desea cumplir pues vienen selecciones, pero eso no quiere decir que cumplan. Nosotros no somos una institución pequeña, pero no somos capaces de llevar a cabo un traje a la medida de cada uno de ellos. Lo que hacemos es divulgar sugerencias a los partidos antes de las selecciones, y a los conjuntos municipales en el momento en que fueron seleccionados. En las últimas selecciones, todos y cada uno de los partidos incorporaron a su programa nuestras sugerencias. Si el interrogante es si lo han cumplido, la cosa cambia. Es cierto que cada día hay mucho más interés en esto. Para nosotros es un esfuerzo espectacular llevar a cabo proyectos de integridad para cada municipio, que en el momento en que modificaba de alcalde, se iba por otros caminos. En este momento asistimos a las asociaciones de ayuntamientos, que son los causantes de confeccionarlos. A fin de que sea efectivo, igual que ha ocurrido con los Next Generation, el plan lo debe realizar uno mismo. Llevar a cabo un análisis de los enfrentamientos de interés desde fuera es realmente difícil. En ocasiones es mucho más simple adquirirlo hecho a una asesoría. Pero eso solo es papel, no está que viene dentro. Lo esencial es que todos y cada uno de los gobernantes lo tengan asumido, aun que haya algún vigilante u officer.
–¿La Oficina precisaría mucho más competencias, que sus resoluciones fuesen vinculantes?
–La vinculación de las resoluciones es una reivindicación que hicimos. No tanto que tengamos aptitud sancionadora, sino aquel a quien hacemos una recomendación, esté obligado a pronunciarse. Nuestras resoluciones no son imperativas, no hay influencia. Pero si hay un acto administrativo, si se pronuncian sobre exactamente las mismas, un especial o la oposición en el control político puede recurrir jurisdiccionalmente. En este momento no tienen la posibilidad de. ¿Mucho más medios? Soy partidario de tenerlos, pero que seamos capaces de articularlo. La contratación pública es lenta y nosotros no tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo de cualquier forma. Llamamos la atención a terceros y no es posible que nosotros ni cumplamos (ríe). Estamos frecuentemente que los directivos de área nos solicitan aguardar a convocar la plaza por el hecho de que no disponen de tiempo de conformar a quien la ocupa. La Oficina tiene en este momento 60 personas, que está realmente bien. Pero contamos mucho más trabajo. El número de demandas cada día sube. A fecha 1 de noviembre teníamos 430 y finalizaremos el año con mucho más de 500, en el momento en que la media hasta 2017 era de 150. Un punto enclenque de la OAC es que somos pausados, igual que la Justicia.
Las manos de Miguel Ángel Gimeno, directivo de la Oficina Antifraude / LENA PRIETO (CG)
–¿Eso significa que los ciudadanos son mucho más sensibles? Semeja que la corrupción no pasa factura a los partidos.
–Eso es interesante. Lo que sí que afirmaría es que hay cabreo, hay enfado, pero no de forma exclusiva por fundamento de la corrupción. La vida es poco a poco más bien difícil y la reacción frente a lo que puede realizar bien o mal la administración es considerablemente más riguroso. Pienso que hay mucho más sensación de corrupción, pero no pienso que haya mucho más corrupción. Lo que hay son bastantes mucho más irregularidades. Cuando menos en lo que observamos en la Oficina. Sabemos de que, con nuestra aptitud, tengamos la posibilidad llegar a la corrupción que hacen las considerables compañías para realizar un pool para repartirse la obra pública. Entonces está algo que, siendo repudiable, no alcanza a ser corrupción, que es lo que llamamos la atrapa del Estado, en el momento en que te hacen la ley a tu medida. Ahí están los lobbies, de los que hemos escrito bastante.
–Terminamos que saber adelantos en el popular caso 3%. ¿Es la punta del iceberg de la corrupción en las gestiones catalanas?
–En la enorme inversión pública siempre y en todo momento hay bastante inconveniente, en ocasiones lo que hay es abuso espectacular del poder. Estoy seguro de que en estos instantes hay compañías que hacen creaciones en el campo local que están presionando para realizar ediciones por el hecho de que si no no terminarán la obra para las selecciones. O sea un acto de corrupción. La situacion 3% transporta 18 años. La Oficina no existía. Algo que mencionamos es que la Oficina nace pues la Convención de ONU ordena hacer instituciones de pelea contra la corrupción. En Cataluña aparece la necesidad en el momento en que se hunde el bloque de inmuebles de El Carmel y Maragall afirma aquello del 3%. Eso fue un revulsivo. La financiación ilegal de los partidos es un inconveniente no resuelto en España de forma determinante. Yo pienso que las organizaciones van en este momento con mucho más precaución. Hacienda, sea quien sea el ministro, es muy recelosa de su rivalidad. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Rivalidad está muy atenta.
–¿Hay adelantos?
–Nos encontramos todos muy motivados. La fiscalía asimismo. Los temas en este momento no serán tan toscos como los que vimos en los últimos 15 o 20 años, como por servirnos de un ejemplo la situacion Palau. Pero no me atrevería a decir que esto ha desaparecido. Es la condición humana. Lo que sucede es que los métodos de corrupción son alterables y muy adaptativos. De ahí que charlaba antes de la atrapa del Estado. Si logro que hagan una regla a mi medida ¿para qué exactamente necesito realizar otra cosa? No se va a dar dinero al político, se le compensará con las puertas giratorias. Hemos entrado en una época donde deberíamos poner el foco en los enfrentamientos de interés, en los lobbies y en la carencia de transparencia. Se publican las agendas, los contactos, pero no si se ha anunciado un archivo y qué afirma. Nosotros lo llamamos la huella.
–Comprendo que hay resistencia a revelar esos contactos.
–Los lobbies, a priori, son lícitos. Pero debe quedar clarísimo para el ciudadano que el gobernante actúa con método popular o liberal. Y ahí hay bastante por recorrer. Ciertos lobbies son muy sagaces y no lo hacen con quien escoge el día de hoy, sino más bien con el que va a decidir mañana. Eso hace que en la administración se genere una pérdida de conocimiento. En el momento en que se charla de revertir las externalizaciones, lo que afirmaba de la atrapa del Estado, hay que preguntar: ¿pero tienes gente bastante para administrar?
–La OAC participó en la tramitación de la ley de españa de protección de los alertadores o denunciantes.
–Siempre y en todo momento estuvimos muy concienciados por el hecho de que es algo que nos falta. Resguardar a los informantes pertence a los realizados de la Oficina, pero nos falta una ley, que llega tarde. Teníamos un par de años para llevar a cabo la transposición de las directivas de europa, y ese período terminó en el último mes del año del año pasado. Semeja que en este momento va a salir. El emprendimiento de ley tiene bastantes puntos enclenques, y quisiera que se optimize en su tramitación en el Congreso. Se crea una autoridad, pero no se define de qué forma se hace esa protección. Es una ley con una visión muy centralista y hicimos enmiendas en el sentido de proteger las competencias autonómicas. Y después existen muchas restricciones, como el de la seguridad del Estado o el Ejército, pero hay que tomar en consideración que ahí se hacen contrataciones multimillonarias. Se deberá detallar asimismo algún mecanismo. Y después pienso que se sobrepasa al predecir contratos de carácter guardado. Delimita un enorme campo donde es requisito que la ciudadanía tenga la seguridad de que ahí no se mete la mano. Si compras un avión, inviertes bastante dinero. Ahí un alertador se hallaría sin protección.
Miguel Ángel Gimeno, directivo de la Oficina Antifraude / LENA PRIETO (CG)
–¿Qué otras caracteristicas fallan?
–Tampoco quedan claros puntos relacionados con la compañía privada, que necesita amoldar mucha legislación, laboral, por poner un ejemplo. Asimismo cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que un denunciante muy probablemente habrá de ser testigo, y la ley de protección de presentes que hay en este momento es poco eficaz. Además de esto, se charla de un campo de delitos y también infracciones graves, pero asimismo en las leves probablemente halla represalias para el denunciante. Hemos anunciado unas diez enmiendas. Algún conjunto parlamentario las ha recibido. Para nosotros es escencial. Hay otro aspecto, que si esto sale adelante, necesitaremos una ley catalana que garantice que la responsable es la OAC. Y eso demandará mudar la composición de la Oficina, tener expertos.
–¿De qué forma se ve a España desde otros países? ¿Un país aproximadamente corrupto que otros?
–Somos bastante mas autocríticos nosotros que como nos ven desde fuera. Salvo en el momento en que hay intereses de tipo político, como en el momento en que los holandeses van diciendo brutalidades. Quizá haya mas cultura, mucho más instituciones en Europa que trabajan en este asunto. Pero no nos ven en especial como unos corruptos. Siempre y en todo momento recuerdo el caso del AVE en Andalucía, que siempre y en todo momento se estudia, donde la corrupta era la compañía alemana y el desarrollo pasó por Suiza. ¿Que los norteños son mejores? Ya que todavía no han comprado Aznalcóllar. Sí es cierto que aquí hay un cierto nivel de tolerancia que en otros sitios no hay. Pero no somos el último de la fila.