El PSC prosigue estable en el “todo o nada” de su iniciativa para los capitales de la Generalitat de 2023. Pero ERC reitera que aplazar la discusión sobre 4 temas clave para los socialistas: la ampliación del campo de aviación de Barcelona-El Prat, llevar a cabo el Centro Recreativo y Turístico de Vila-Seca y Salou (Hard Rock) y la B-40 (Cuarto Cinturón). A estos tres proyectos, que el partido de Salvador Illa considera escenciales para producir prosperidad, se añade la cuestión del traspaso de Renfe, del que el Govern hizo casus belli.
Bajo estas premisas se festejó ayer lunes una exclusiva asamblea de los equipos negociadores, que han constatado extensos pactos en el resto de medidas presentadas por el PSC [se pueden leer en este enlace] referentes a sanidad, educación, servicios sociales, administración del agua y transparencia.
El aval de Moncloa
Fuentes socialistas afirman a Crónica Global que la solidez en relación a esos 4 puntos es “total”: tiene el acompañamiento de los alcaldes y cargos territoriales y es famosa en Moncloa. Dicho de otro modo, más allá de que el acompañamiento de ERC es esencial para ofrecer seguridad al Gobierno español, Illa tiene el acompañamiento de Pedro Sánchez para sostener un pulso que hizo aflorar la división interna en ERC.
Mientras que Pere Aragonès desea cerrar un convenio con el PSC, Oriol Junqueras se resiste y puso dificultades desde el momento en que, en el mes de agosto de 2022, Illa tendió la mano al presidente catalán para aprobar unas novedosas cuentas, primordiales para enfrentar la recesión económica derivada de la guerra en Ucrania. Aragonès quiere realizar extensiva su estrategia de diálogo asimismo a unos capitales cuya prórroga supondría la pérdida de unos 3.100 millones de euros, indispensables para ofrecer contestación, por ejemplo, a las reivindicaciones de los campos sanitario y educativo, que han comunicado que van a ir a la huelga este mes de enero. Un diálogo que, a juicio de PSC, dejará pasar página a diez años de procesismo estéril.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), habla con el líder de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet / EFE
No obstante, el hecho de haber dado prioridad a un convenio con los recurrentes, obviando la posición de patronales y sindicatos, es un ademán que ha cargado de causas a Illa, sabedor de que su acompañamiento es indispensable. Su conjunto parlamentario es definitivo desde el criterio aritmético, mientras que se hace impensable una mayoría de la que formen parte al unísono Junts per Catalunya (JxCat) y En Comú Podem, alejadísimos ideológicamente. Singularmente en temas de fiscalidad. Un tema que no protagoniza las asambleas entre PSC y ERC, más allá de que los socialistas no son incondicionales de subir los impuestos, como sí contempla el acuerdo de Aragonès y Jéssica Albiach.
Rodalies
ERC desea embarcar a sus viejos asociados de Govern en esa ecuación. En verdad, los tres proyectos que pide el PSC tienen el visto bueno de Junts. No de esta forma la cuestión de Renfe, donde ERC y los neoconvergentes marcan perfil identitario: desean el traspaso terminado, al paso que los socialistas proponen firmar, “en el período de un par de meses”, el contrato-programa para llevar a cabo efectivo el Plan Transformem Rodalies, y también integrar las partidas que corresponden en el presupuesto de 2023.
“Son enormes chances para Cataluña que no se tienen la posibilidad de postergar”, indican las citadas fuentes socialistas.
Por su lado, el Govern reitera que que el pacto es viable en los próximos días. En verdad, la semana anterior ahora daba por cerrado un preacuerdo al constatar que había coincidencias en un 85% del archivo anunciado por Illa.
No es indiferente a ese tira y afloja la sospecha, por la parte de los socialistas, de que ERC quiere presentarles como los autores del fracaso de las negociaciones. “ERC no es de confiar”, insisten desde la sede de Pallars.