Escuela de Todos ha solicitado al Tribunal Constitucional que aparte a la juez Laura Díez de la causa del 25% de español. La entidad cree que «no es neutral». «En el momento en que supimos la novedad no dábamos crédito», expresó la presidenta de la Reunión por una Escuela Políglota (AEB), Ana Losada, en afirmaciones a Crónica Global.
Cabe rememorar que Díez acreditó el pasado junio las llamadas leyes del catalán que esquivan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –que forzaba a impartir, por lo menos, un 25% de español en las salas– en el momento en que formaba una parte del Consejo de Garantías Estatutarias. Esas son la Proposición de Ley sobre la utilización y la educación de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y el dictamen por el que se fijan los criterios ajustables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros académicos.
Solicitud de recusación
De ahí que, Escuela de Todos ha anunciado solicitud de recusación de la juez al estimar que infringe el producto 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al haber “ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercicio de profesión con motivo de los que haya participado directa o de forma indirecta en el tema objeto del litigio o causa relacionado con exactamente el mismo”.
Y sucede que como vicepresidenta del CGE debió “efectuar el juicio de constitucionalidad del mismo tema del que en este momento le correspondería nuevamente pronunciarse como miembro del Tribunal Constitucional”.
Carta al Defensor del Pueblo
Por otra parte, Escuela de Todos ha pedido al Defensor del Pueblo que informe al Constitucional de la pertinencia de solucionar con carácter prioritario la cuestión de inconstitucionalidad. Ello con “la intención de eludir que una cantidad enorme de ciudadanos deban recurrir individualmente a los tribunales en amparo de sus derechos para sus hijos”.
Ana Losada, representante de Escuela de Todos, antes de la marcha / EP
En la misiva, Ana Losada demanda a Ángel Gabilondo que aconseje a las autoridades educativas, tanto del Gobierno de España como de la Generalitat, la implementación de las medidas primordiales “para asegurar los derechos lingüísticos de los estudiantes en Cataluña”. Todo ello, con el propósito de “garantizar la paridad cualitativa de las lenguas oficiales, por su condición de vehiculares con afín derecho, en las instituciones y, en especial, en el sistema educativo”.
Además de esto, pide que lleve a cabo llegar al TC su incomodidad por este tema a fin de que acelere la resolución sobre la viable inconstitucionalidad de las leyes del catalán planteada por el TSJC.