La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se condene a un total de 17 personas, entre aquéllas que se tienen dentro múltiples exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña y hombres de negocios, a penas de entre 8 años y 9 meses a 6 años y 3 meses de prisión por su presunta participación en el amaño de adjudicaciones de concursos públicos en esta autonomóa entre 2008 y 2015.

En su escrito de acusación, al que tuvo ingreso Europa Press, el fiscal José Grinda pide que se imponga una lástima de 8 años y 9 meses respectivamente a los que considera líderes de la organización criminal: el expresidente y el exdirector general de la compañía pública de la Generalitat GISA: Josep Lluis Quer y Josep Antoni Rosell.

Viable organización criminal, estafa y prevaricación

Para los otros 15 acusados el ministerio público ofrece condenas que van desde los 8 años y 9 meses hasta los 6 años y tres meses de prisión por delito de organización criminal, delito continuado de estafa a la Administración Pública y delito continuado de prevaricación.

Según mantiene Fiscalía, algunas compañías de ingeniería, en el ambiente de la Asociación de Compañías de Ingeniería y Asesoría Independientes de Cataluña (Asinca), «configuraron a lo largo de los años 2008 a 2015 un cártel al que llamaron ‘Nuria Bofill’ para pactar los costes que emplearían en sus apps a los concursos públicos licitados por determinadas Gestiones y compañías públicas».

Cártel para «excluir a otros contendientes»

«Desde por lo menos 2008 la gente acusadas fueron corriendo un pacto para hallar la adjudicación de concursos de Gestiones Públicas en el campo catalán. Entre los integrantes de la organización acordaron licitar a estos concursos ofertando unos costos que dejaban excluir a otros contendientes«, cuenta el escrito.

Esto habría ocurrido, según Anticorrupción, «en connivencia con Quer y Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y directivo general, respectivamente, de la compañía pública Gestió d’Infraestructures, S. A. U. (GISA), entonces llamada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya«.

Esta organización, apunta la Fiscalía, acordó «a lo largo de años las reglas o directivas a continuar en el momento en que optasen a licitaciones de determinadas Gestiones, con el propósito de eludir la libre rivalidad y, de esta forma, conseguir un contrato mucho más bueno que aquel que habrían conseguido en condiciones de igualdad, o sea, si cada mercantil hubiera listo su oferta de manera completamente sin dependencia».

Manipulación en la adjudicación de contratos

«Dicho pacto anulaba, por consiguiente, la rivalidad de los no pertenecientes del mismo, y salió propagando a distintos organismos públicos», enseña el fiscal Grinda, que influye en que los integrantes de esa organización «se pusieron en concordancia para defraudar, esencialmente a GISA, diseñando y también aplicando una operación entre Quer y Rosell y las sobrantes personas acusadas, que tenía por objeto el direccionamiento de los procesos de contratación pública licitados».

Los dos acusados, sigue Fiscalía, «manipulaban todo el desarrollo de adjudicación de contratos». «Primeramente, alteraron la composición organizacional de GISA creando la Oficina Técnica d’Avaluació, unidad dentro por una sola persona, Cortasa Ferrer, y produjeron un paso nuevo en el desarrollo de opinión de promociones en los concursos públicos, que solo dependía de ellos«, arguye.

Modificación de las puntuaciones técnicas

Esa oficina, enseña el fiscal, «era un órgano administrativo de GISA desarrollado por Quer y Rosell» cuya «misión era comprobar las proposiciones de opinión de promociones que realizaban en todos y cada caso los profesionales que corresponden de todas las gerencias». «Esto es, tenía la aptitud de cambiar las puntuaciones técnicas concedidas por las comisiones técnicas de opinión, en connivencia con el resto de personas acusadas», añade.

Anticorrupción señala que «las compañías que participaban del pacto efectuaban intencionada y deliberadamente sus promociones agrupadas en un rango de costes muy limitado, lo que provocaba 2 efectos inmediatos: el primero, despedir de los concursos a las compañías que no estuviesen en el pacto, mientras provocaba bajas imprudentes de las misma».

«Y, el segundo, pasar a realizar depender la adjudicación de forma prácticamente absoluta de criterios subjetivos y juicios de valor tal es así que, visto el entramado predeterminado, implicaba que la adjudicación se comprobaba a pura intención de los acusados Quer y Rosell», asegura el escrito.

De esta activa, concluye Fiscalía, resultó «damnificado el patrimonio público pues las compañías decidían, bajo el control de Quer y Rosell, exactamente en qué nivel quedaría ubicado el valor de adjudicación y, por consiguiente, las exclusiones por baja imprudente, con los consecuentes perjuicios para los intereses patrimoniales públicos».