Govern y PSC rematan el acuerdo para aprobar los capitales de la Generalitat de 2023. Mientras que el ejecutivo catalán da por sentado un preacuerdo, los socialistas catalanes se detallan mucho más reservados, si bien asimismo optimistas frente a un viable pacto la semana próxima.
En los últimos días se ha acentuado el pulso de los socialistas con en comparación con presidente Pere Aragonès, al quien en vista del bloqueo, publicaron un ultimátum a través de la iniciativa de una sucesión de medidas que tienen dentro el desbloqueo de proyectos como la ampliación del campo de aviación, Hard Rock y el Cuarto Cinturón, tal como ideas similares con la sanidad, la educación, los servicios públicos y el agua.
El PSC, el día de hoy lo volvió a reiterar la representante del partido, Alícia Romero, no se siente relacionado al pacto que, semanas atrás, cerró Aragonès y En Comú Podem, deficiente pues no tienen la mayor parte que se requiere para que las cuentas sean aprobadas en el Parlament.
La representante del PSC en el Parlament, Alícia Romero / EUROPA PRESS
Los socialistas disienten del incremento de los impuestos que republicanos y recurrentes acordaron, como tampoco en el rechazo a los proyectos empresariales que tienen dentro en su archivo. Fuentes del Govern, sin embargo, han asegurado que la etapa de las negociaciones entran ahora en la etapa de preacuerdo, no de este modo el PSC, que advierte de que quedan temas esenciales atentos de solucionar. El ejecutivo afirma aun ha cuantificado el pacto en 5.386 millones y que cubriría el 87% de los puntos de la iniciativa socialista [se puede leer en este enlace].
«Los 2 disponemos ganas de tener Capitales para 2023», dijo Romero, quien lidera las negociaciones, tras apreciar la «actitud efectiva» de ERC en la negociación y preconizar que, la próxima semana, se podrían cerrar esos flecos. Hasta la actualidad, los equipos negociadores mantuvieron 15 asambleas, la última el día de hoy mismo.
Deconstrucción del aparato convergente
El archivo del PSC incluye un apartado destinado a la racionalización de la Administración catalana que piensa una genuina deconstrucción del faraónico aparato administrativo y mediático desarrollado por los coincidentes, realizando extensiva la presión a Aragonès a sus viejos asociados de Junts per Catalunya.
El PSC desea achicar el número de delegaciones territoriales, tal como eludir la apertura de novedosas “embajadas” en el exterior en 2023. También, ofrece que el Centro de Estudios de Opinión (director ejecutivo) dependa del Parlament y que la Agencia Catalana de Novedades (ACN) formen una parte de la Empresa Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), no de la Consejería de Presidencia.
Fiscalizar el gasto en propaganda institucional y en subvenciones a medios, como quieren los socialistas, echa por tierra años de servidumbre mediática.