En mayo de 2018, a lo largo de una entrevista en Antena 3, el entonces líder del primordial partido de la oposición y aspirante a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “lo que se causó el pasado 6 y 7 de septiembre [de 2017] en el Parlamento de Cataluña se puede comprender como un delito de rebelión […], yo pienso que como es lógico lo es”.
En noviembre de 2019, en el transcurso de un enfrentamiento electoral antes de las selecciones del 10N, Pedro Sánchez, ahora como presidente, prometió “integrar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir al fin y al cabo la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ocurrió en el momento en que regía el PP”.
En otro de los debates, el presidente (que había llegado a la Moncloa un año y medio antes tras un convenio con, entre otros muchos, ERC, PDECat, PNV y EH Bildu) llegó a garantizar: “Yo no he pactado con los independentistas. Es patraña. Es falso. Es falso. Es falso. Y, por consiguiente, usted [Albert Rivera] va a poder reiterar mil ocasiones una patraña, pero falso. Falso es falso, no es no, y jamás es jamás”.
E inclusive fue mucho más allí: “A ustedes, señor [Pablo] Casado, se les escapó Puigdemont, y yo me comprometo el día de hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas frente a la justicia”.
Tres años después, Puigdemont prosigue plácidamente instalado en Waterloo, los independentistas son asociados comunes del PSOE en el Congreso, y de aquella promesa de penalizar los referéndums ilegales no queda ni el recuerdo. Es mucho más, Sánchez ha indultado a los líderes del procés, ha iniciado el trámite para derogar la sedición y prepara una rebaja del delito de malversación.
Y, en Cataluña, la filial del PSOE, el PSC, se proporciona constantemente como muleta de ERC adelante del Govern, más allá de ser entre los partidos que fomentaron el intento de secesión de 2017 y a pesar de que prosigue dirigido por exactamente los mismos líderes políticos que organizaron el mayor desafío al Estado de derecho desde el 23F.
Por no charlar del pacto entre Sánchez y Aragonès a fin de que el Gobierno no recurriese la ley autonómica impulsada por ERC –que habría quedado suspendida– para intentar incumplir las sentencias del 25% en español y sostener, de este modo, la inmersión lingüística escolar obligatoria de forma exclusiva en catalán que aplica la Generalitat de manera ilegal.
No deja de asombrar que el PSOE haya renunciado de manera tan resuelta a ser un partido de Estado y haya descuidado a su suerte, nuevamente, a los catalanes no nacionalistas. Y más que nada, que lo haya hecho con tanta naturalidad y frivolidad.
Sospecho que Pedro Sánchez debe existir calculado que los votantes que podía perder ahora se largaron hace cierto tiempo, en caso contrario, no se comprendería su ansia para subsistir un año mucho más en el Gobierno a cualquier precio.
Da la impresión de que, si los nacionalistas le demandaran mucho más prebendas, el presidente estaría presto a pagarlas sin inmutarse lo mucho más mínimo ni perder el sueño.
Por este motivo, estoy seguro de que varios catalanes constitucionalistas que se sienten humillados se hacen una pregunta: ¿hasta dónde se encuentra presto a llegar Sánchez para sostenerse en el poder?