La reforma del delito de sedición no convenció a todos y cada uno de los bandos del independentismo. Entre ellos, la ANC. La entidad encabezada por Dolors Feliu ha convocado una manifestación para el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución, para enseñar su rechazo al cambio del Código Penal comunicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La reforma necesita un cambio de nombre en el delito, que va a pasar a nombrarse de «desórdenes públicos agravados» y que va a ir acompañada de una rebaja de las penas. En la actualidad, el castigo está predeterminado entre los 10 y 15 años para las autoridades, que va a pasar a ser de entre tres y cinco. En lo que se refiere a la inhabilitación, el Ejecutivo ofrece que sea de seis a ocho años, al tiempo que hoy en dia es del mismo intérvalo de tiempo que la pena prisión. Así, se homologa al de otros países democráticos de europa, como Italia, Francia, Alemania o Bélgica.
El «doble propósito» de la reforma
Según explicó la entidad independentista en un aviso, la reforma legal tiene «un doble propósito no disimulado como es castigar la movilización independentista en las calles y penalizar mucho más de forma cómoda hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o inmuebles». Una posición que distribuyen los integrantes de Junts. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien expresó su desacuerdo con una idea que ve un «truco» de Sánchez, a quien calificó de «profesor del arte del engaño».
Ello a pesar de que el expresident, fugado de la justicia y procesado por este delito y el de malversación, se favorecería de esta reforma. No solo pues por el momento no se le va a poder evaluar por ese tipo penal, sino más bien pues el delito alterno concebido por Moncloa disminuye las penas tal es así que, si el juez instructor Pablo Llarena cambia uno por otro, la prescripción va a pasar de los 20 a los 10 años. Pasado ese tiempo, la compromiso penal va a haber expirado.
Prisión por ejercer el derecho de manifestación
En lo que se refiere a la concentración, va a tener sitio el 6 de diciembre desde las 12 del mediodía y acabará en oposición al Palau de la Generalitat. «No debemos dejar que este emprendimiento tire hacia adelante y menos aún con los votos de nuestros representantes políticos», manifiestan en la publicación oficial. Además de esto, defienden que, «más allá de que es verdad que esta reforma de la sedición puede liquidar las penas de prisión a unos pocos, no es así menos que asimismo posibilita y comporta la app del Código Penal y penas de prisión a cientos de activistas que ejerciten el derecho de manifestación«.
En este sentido, recuerdan que el artículo anunciado recopila que van a ser castigadas con penas de hasta tres años de prisión la «invasión de instalaciones o inmuebles«, la «obstaculización de vías públicas que representen un riesgo para la vida o la salud de la gente«, tal como cualquier acto «de intimidación sobre la gente o las cosas».
La presidenta de la ANC, Dolors Feliu / EUROPA PRESS
La organización ha defendido que este artículo «llevaría a la prisión a las millones de personas que dejaron y resguardaron el referéndum sobre la independencia en inmuebles y academias públicas, tal como los una cantidad enorme de personas que, ejercitando el derecho a la manifestación pacífica, cortaron rutas o vías públicas para alertar al planeta de la opresión del Estado Español».