La Constitución de 1978, que ha garantizado a lo largo de 44 años, la democracia, la independencia y el Estado de derecho, aparte de contribuir a consolidar el Estado del confort, fue aprobada con un extenso consenso que incluía a las primordiales fuerzas políticas de entonces: la Coalición Habitual de Manuel Fraga, la UCD de Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo y la CiU de Jordi Pujol. Esa Constitución sería en este momento irrealizable por distintas causas, entre ellas la involución de la derecha; el cambio en los partidos de izquierda, con la radicalización socialista y la aparición de Unidas Tenemos la posibilidad de (UP), y la conversión del nacionalismo moderado catalán al independentismo.

Basta ver lo ocurrido el día pasado 6, aniversario de la Constitución, para revisarlo. Sobre todas las cosas, la separación de los puentes entre los 2 primordiales partidos, el PP y el PSOE. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había llegado para moderar la política estridente y errante de Pablo Casado, cada día se semeja mucho más a su antecesor, con el añadido de que el previo presidente se encontraba enfrentado a Isabel Díaz-Ayuso y el presente va juntos con ella acercando su alegato al trumpismo de Chamberí de la presidenta madrileña, campeona de todo el mundo en decir cada día una barbaridad mayor que la previo.

Instantaneamente del martes, Feijóo ha dicho comprometerse a “proteger y cumplir la Constitución”, destacable boutade en el momento en que su partido transporta incumpliéndola 4 años en una resolución tan esencial como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es mucho más, descartó cualquier acuerdo con “este PSOE” dando a comprender que el órgano de gobierno de los jueces no se renovará en toda la legislatura, en espera de que el PP gane las próximas selecciones en general. O sea, para Feijóo lo indiscutible no es el cumplimiento de la Constitución, sino más bien su opinión sobre la ideología y la trayectoria del partido con el que tiene siempre que pactar, el PSOE.

Las disculpas fueron múltiples. La penúltima, la reforma del delito de sedición, tal y como si una resolución, discutible pero lícita, de un Gobierno logre evitar un pacto que la Constitución pide. Feijóo está en su derecho a recobrar en el Código Penal el delito de sedición en el momento en que rija, pero no a denegar la renovación del CGPJ por la supresión de ese delito. En este momento la última explicación, lanzada el miércoles en una entrevista en Onda Cero, es que con el bloqueo hablamos de “resguardar el poder judicial” frente a un Gobierno que desea “supervisar la justicia y politizarla”. ¿Alguien puede opinar que el PP desea despolitizar la justicia en el momento en que transporta 4 años controlándola y politizándola sosteniendo en el cargo a los jueces del CGPJ que fueron seleccionados a lo largo de la mayor parte absoluta de Mariano Rajoy?

Aparte de presentarse como “asegurador” de la justicia, la desfachatez de Feijóo y de Díaz Ayuso consigue tal nivel que los dos advirtieron instantaneamente del día 6 de que la Constitución está conminada si la izquierda regresa a gobernar en 2023. El presidente del PP aseguró que a fin de que la Constitución vuelva a tener “vigencia”, los españoles deben votarle a él. Absolutamente nadie se había audaz a tanto. Díaz Ayuso, por su lado, aseveró que “2023 es posible que sea el último capítulo de un libro que todos y cada uno de los españoles comenzamos a crear y redactar juntos en 1978”, olvidando que su enorme guía, José María Aznar, no solo no votó la Constitución, sino escribió productos contra ella en un períodico de La Rioja.

Más allá de todas y cada una de las disculpas y razonamientos en oposición a la renovación de los órganos constitucionales, la única verdad es que este bloqueo unicamente se genera en el momento en que el PP está en la oposición y sostiene de este modo una mayoría espuria en el CGPJ, que escoge los nombramientos de los jueces, y en nuestro Tribunal Constitucional (TC), que controla la constitucionalidad de las leyes.

En este momento, estos 2 organismos deberían tener mayoría progresista como producto de las selecciones de 2019 –el CGPJ ya hace 4 años y el TC desde junio pasado–, pero la tienen conservadora por la obstrucción del PP y de sus jueces similares. Esa es la genuina razón del bloqueo y no la despolitización de la justicia, como asegura el PP sin ruborizarse.