La ex- prominente cargo de Moncloa nombrada por el Gobierno de PSOE y Unidas Tenemos la posibilidad de para el Tribunal Constitucional, Laura Díez, va a ser la responsable de asumir 2 ponencias claves para la Generalitat y su política de exclusión del español como lengua asimismo vehicular en el sistema educativo de Cataluña. Específicamente, el recurso del PP contra la llamada ley Celaá y otro de los populares y de Ciudadanos (Cs) contra la novedosa ley del Govern secesionista que elimina el 25% mínimo legal de clases en español dictado en sentencias judiciales firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La resolución ha provocado sorpresa, ya que nuestra Díez acreditó, desde su cargo de vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat –al que accedió el año pasado merced a un pacto entre ERC, JxCat y el PSC–, esas reglas que defienden el monolingüismo obligación en catalán impulsadas por el Govern de Pere Aragonès para burlar el 25% de español en las salas.

El TSJC vio trazas de inconstitucionalidad

El Consell tiene como misión apreciar si las leyes de la Generalitat se ajustan a la Constitución y al Estatut catalán, y ha conformado estas leyes desarrolladas a posteriori por la Generalitat para sortear las sentencias judiciales convenientes al español como lengua asimismo vehicular de la enseñanza. Asimismo ha avalado que se deje de utilizar el porcentaje mínimo de materias troncales que deban impartirse en lengua de españa –que hoy en dia, solo se utiliza en la clase de esa lengua–.

El TSJC elevó al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad donde asegura que el decreto ley de la Generalitat avalado por el Consell tiene la intención de «denegar la app de la sentencia» y, con esto, «la garantía del empleo enseñante del español en términos constitucionalmente admisibles».

Abstención o recusación

La resolución de seleccionar a Díez para la ponencia sobre un tema del que fué parte implicada de antemano se ha adoptado en el primer pleno gubernativo –no jurisdiccional– del Tribunal Constitucional, en el que se ha abordado el reparto de las ponencias que estaban a cargo de los 4 jueces salientes y que en este momento recaen en los nuevos siguiendo criterios de orden de antigüedad y edad de los precedentes.

Por este motivo, desde las y tambiénntidades defensoras del bilingüismo aguardan que la novedosa jueza del Constitucional se abstenga como ponente, o si no lo realiza, que sea recusada por ser juez y parte en esta cuestión. Desde Escuela de Todos –que abarca a una quincena de entidades constitucionalistas defensoras del bilingüismo en Cataluña, entre ellas Reunión para una Escuela Políglota (AEB)–, piensan que la designación de Díez entra en la normalidad en un trámite de substitución de jueces, pero no visto que acceda a hacerse cargo de un tema del que fué parte.

En este sentido, José Domingo –letrado integrante de la interfaz, vocal de AEB y presidente de Impulso Ciudadano– apunta a Crónica Global de que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como causa de abstención o de recusación ocasiones como la que en este momento encara Díez, por «haber participado directa o de forma indirecta en el tema del litigio». AEB pertenece a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC, pero no del recurso de PP y Cs. «Aguardamos que ella misma se abstenga», asegura.

Extensa carrera política

Laura Díez Bueso llegó el año pasado al Consell de Garanties Estatutàries que viene de la Dirección General de Temas Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, primero con Carmen Calvo y después con el presente titular de la cartera, el asimismo socialista Félix Bolaños. Antes, desde 2018 había sido directiva del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, José Antonio Montilla. 

Díez asimismo tuvo otros altos cargos en Cataluña, ya que entre 2004 y 2010 fue anexa al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la administración del que fue muy criticada en los últimos tiempos por su afinidad al procés secesionista de Cataluña y la defensa de sus líderes.

A lo largo de un par de años, entre 2002 y 2004, Diez fue asesora del Govern de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña que terminó siendo enmendado por el Constitucional.

Dictámenes convenientes al nacionalismo

Según consta en el portal web del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat, Díez firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al empleo y estudio de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros académicos de Cataluña.

Fue el pasado 7 de junio de 2022 en el momento en que Díez, en calidad de vicepresidenta del CGE firmó el dictamen 3/2022, en el que se concluye –unánimemente– que la ley sobre la utilización y estudio de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria «no vulnera» a su juicio ni la Constitución ni el Estatut, ni en lo que se refiere a la omisión de declarar el español como lengua vehicular ni sobre la utilización curricular y educativo del catalán y del español sin entablar porcentajes.

El dictamen 3/2022 mantenía que la exigencia de entablar un porcentaje mínimo del 25% del español como lengua de empleo en la enseñanza no universitaria, fijada por el TSJC en 2020, no era un «factor de constitucionalidad ni de estatutariedad» que vinculase al legislador y que, por consiguiente, le forzase a «respetarla».

Considera el catalán como «centro de gravedad del sistema educativo»

En el artículo avalado por Díez se resaltaba además de esto que el Tribunal Constitucional –del que en este momento forma parte, a instancias del Gobierno de PSOE y Unidas Tenemos la posibilidad de– «de manera explícita» no había considerado inconstitucional una ley que no tenga dentro la declaración expresa del español como lengua vehicular.

El órgano concluía que se había «aceptado con plena naturalidad» que el régimen de las lenguas fuera «diferente en los distintos sistemas académicos que hay en las comunidades autónomas», lo que se traducía en «múltiples modelos lingüísticos de la enseñanza, todos considerados lícitos por la doctrina constitucional». En un caso así, el Consejo acreditaba que se situara al catalán como «centro de gravedad del sistema educativo».

En el marco del dictamen 4/2022 del CGE, el órgano del que Díez era vicepresidenta, se incidía en que visto que la ley catalana 6/2022 realice mención solo al catalán como lengua vehicular de la enseñanza «no es inconstitucional y no piensa en ningún caso la exclusión de la lengua castellana como lengua enseñante», a su modo de ver.