La Generalitat de Cataluña ha iniciado por último las proyectos de vaciado y restauración del vertedero de Vacamorta, situado en Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Girona). El depósito al aire libre fue cerrado en 2014 y, tres años después, una interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) amenazó al Govern a realizar las actuaciones de reparación en el lote.

«Con el vaciado nos encontramos cumpliendo el deber del Govern de acatar la sentencia del Tribunal Supremo que instaba a llevarlo a cabo, habiendo encontrado una solución a una nuestras máximas preferencias desde la constitución» del departamento, aseguró el directivo de la Agencia de Restos de Cataluña (ARC), Isaac Peraire.

Presión vecinal

En el comienzo de los trabajos asimismo han asistido el presidente del Consejo Comarcal del Baix Empordà, Joan Manuel Loureiro; el alcalde de Cruïlles, Dani Encinas; el de La Bisbal, Enric Marquès, y una representación de la Interfaz Opción alternativa al Vertedero de Cruïlles.

Estado de hoy del vertedero de Vacamorta, que la Generalitat tiene pendiente vaciar ya hace 4 años / TWITTER

El directivo de la Antes de Cristoexplicó que el desarrollo «se hizo de manera transparente y participativa, con una comisión de rastreo» dentro por la Generalitat, el municipio y los consistorios vecinos, tal como el consejo comarcal. Pasó por prominente, no obstante, la presión vecina y municipal que logró las victorias frente a los tribunales que han conducido a este desenlace.

Limpieza a lo largo de 16 años

La maquinaria comenzó a trabajar en una etapa anterior de vaciado parcial, que tiene un año estimado de duración y va a suponer el desembolso de 2,5 millones de euros. Se prevé que la preparación del vaciado total se desarrolle hasta 2025.

El plan de la Antes de Cristocontempla la retirada de 3,5 millones de toneladas de restos a lo largo de unos 16 años y va a tener un coste aproximado de 188,7 millones de euros. Más tarde, se va a hacer un sellado temporal, cuyas proyectos van a durar otro año y van a costar un par de millones de euros. El Govern aceptará todo el coste del vaciado, si bien demandará «responsabilidades» a las compañías que utilizaron el paraje hasta su cierre.