Lo de España con la Guerra Civil y el franquismo es muy triste. Lo es por el hecho de que a lo largo de la Transición se hicieron bien varias cosas, entre las que un sistema reparatorio hacia las víctimas, más que nada en cuestión de pensiones de los militares republicanos y en pos de esos que padecieron prisión a lo largo de la dictadura desde los teóricos contemplados en la ley de amnistía de 1977. Sin bastante estruendos, tanto los Gobiernos de Adolfo Suárez como los de Felipe González repararon a nivel económico a las víctimas del bando perdedor de la guerra y del franquismo. Después le llegó el momento a los partidos y a los sindicatos, a los que se les restableció sus recursos requisados por la dictadura. El historiador Javier Puche-Gil ha recogido todo el grupo de decretos leyes y leyes que desde 1978 tuvieron como propósito admitir y arreglar a las víctimas. Y, no obstante, hace unos años que oímos la monserga según la que en España no se hizo nada, tal y como si las víctimas hubiesen sido descuidadas, lo que no es verdad en lo más mínimo.
En temas de reparación económica se actuó prontísimo, pero lo que llegó bastante tarde, hasta el momento en que se decretó la Ley de Memoria Histórica en 2007, fue un reconocimiento oficial y solemne de su condición de víctimas, por haber sufrido persecución, crueldad y exilio. Paralelamente, lo que resultaba sorprendente en el momento en que nuestra democracia cumplía 40 años es que Franco prosiguiera sepultado en el Valle de los Caídos, que hubiese monumentos a su figura o calles que llevaran el nombre de los militares franquistas, de la División Azul o de ensaltación del 18 de julio. La ley de 2007 apuntó bien todas y cada una esas tareas, pero no fue con la capacidad de enfrentar la cuestión de las fosas. Salvar cerca de 20.000 cadáveres, según las cantidades mucho más realistas de los especialistas, no podría haber sido tan bien difícil a través de un plan estatal en vez de ofrecer subvenciones a entidades privadas a fin de que lo hiciesen. En este momento la novedosa ley de memoria democrática, que alarga contradictoriamente el intérvalo de tiempo de vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, ocupa al fin al Estado asumir ese cometido.
La derecha acusó a Rodríguez Zapatero de haber roto el consenso de no realizar de la Guerra Civil un arma política. Es verdad que la izquierda, que generacionalmente por el momento no era la de la Transición, cometió ciertos excesos verbales al estimar indicar responsables, pero el PP se lo puso simple al ponerse en contra de manera incomprensible a la ley de 2007. Mariano Rajoy anunció que en el momento en que va a llegar al Gobierno la derogaría, cosa que después no logró, sino la metió en un cajón y dejó de financiar los proyectos memorialísticos. A la derecha le tocaba por causas históricas sacar a Franco del Valle de los Caídos, en cumplimiento de lo que había dictaminado una comisión ideológicamente muy plural de especialistas que el PP acreditó en el momento en que regía el PSOE. Debió llevarlo a cabo por último Pedro Sánchez, mientras que los populares le ponían mala cara.
Lo mismo ocurrió hace unos días con los restos de un militar tan macabro como Queipo de Plano, sepultado en la basílica sevillana de La Macarena. No se comprende que el PP, cuya extrema derecha milita ahora en otro partido, Vox, se desmarque y lo critique aduciendo que “toca encargarse de los vivos, y no de los fallecidos”. O la reducción del tema, según Núñez Feijóo, a una riña de “nuestros abuelos o bisabuelos”, que no nos atañe. Lamentablemente, no es de esta manera. A lo largo de la Transición se hizo una legislación compensatoria de las víctimas, que absolutamente nadie criticó por el hecho de que fue una manera de legitimar el desarrollo democrático. Pero una vez nuestra democracia institucionalmente se afianzó, la derecha no deseó formar parte en el consenso sobre la memoria histórica de la guerra y el franquismo, mientras que la izquierda, más que nada a la izquierda del PSOE, ha insistido en apuntar responsables, deseando anular la ley de amnistía para de este modo ingresar en el lote de las responsabilidades penales de los crímenes del franquismo. Lo de España con la Guerra Civil y el franquismo es muy triste. A lo largo de la Transición se realizó todo lo bien que se ha podido, pero después la memoria histórica se fué envenenando, transformándose en otro instrumento cainita de combate político.