La novedosa juez del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez, iniciativa por el Gobierno de PSOE y Unidas Tenemos la posibilidad de para el cargo, se abstendrá de redactar la ponencia que se le había solicitado sobre los elementos de inconstitucionalidad del PP y Ciudadanos contra las leyes de la Generalitat desarrolladas para burlar el 25% de clases en español en el sistema educativo de Cataluña dictado en sentencias judiciales firmes. Díez no podía hacerse cargo de esta cuestión por ser juez y una parte de exactamente la misma, al haberse posicionado en pos de las proposición nacionalistas firmando dictámenes, como vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de nuestra Generalitat, contrarios a ese porcentaje mínimo de educación políglota.
Díez ahora ha comunicado formalmente al nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, su intención de abstenerse en el recurso sobre el 25%, que se deliberará en el pleno del próximo martes, tal como en los consecutivos relacionados con este tema, según ha adelantado El Planeta y afirmado fuentes jurídicas.
Todavía no lo ha formalizado
No obstante, Díez no va a poder formalizar esta resolución hasta el momento en que se realice efectivo el reparto de las ponencias que, por regla, no pasa hasta su publicación en el Folleto Oficial del Estado (BOE), que tuvo rincón este jueves.
Exactamente las mismas fuentes comentan que la abstención deberá formalizarse frente al tribunal y, entonces, va a deber aprobarse por el pleno del Constitucional. Solo después se va a fijar sobre qué magistrado recaerá el tema.
La semana próxima el tribunal festejará un pleno en el que, por ejemplo cuestiones, empezará la deliberación sobre un tema relacionado con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la ley catalana que suprime el 25% del español en las salas. Según las fuentes, la juez se abstendrá asimismo de esa deliberación.
Dictámenes convenientes a las leyes de la Generalitat
Díez, según consta en el portal web del propio Consell de Garanties Estatutàries, firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al empleo y estudio de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros académicos. En ninguno de los 2 casos vio indicio alguno de inconstitucionalidad.
Pese a semejantes precedentes, y de ser parte implicada en el tema, Díez fue exactamente la jueza designada como responsable de redactar la ponencia sobre los elementos que presentaron los miembros del congreso de los diputados del PP y de Cs contra las leyes de la Generalitat que imposibilitan el bilingüismo en las salas.
Esta ponencia, que se encontraba a cargo del magistrado saliente Antonio Narváez, recayó en Díez una vez que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, repartiese las ponencias que estaban al cargo de los jueces que salieron del Constitucional el pasado 9 de enero tras la renovación parcial del órgano.
Considera el catalán «centro de gravedad del sistema educativo»
En el artículo firmado por Díez como vicepresidenta del CGE se resaltaba que el Tribunal Constitucional –del que forma parte en este momento como jueza– no había considerado inconstitucional una ley que no tenga dentro la declaración expresa del español como lengua vehicular. En el dictamen se insistía además de esto en que el órgano de garantías había asegurado que no estimar al español como lengua asimismo vehicular en la educación de Cataluña no era inconstitucional, por el hecho de que a su modo de ver no implicaba su exclusión.
Se destacaba por su parte que la legislación básica estatal en temas de educación «jamás», a salvedad del periodo en que estuvo vigente la LOMCE (desde el 30 de diciembre de 2013 hasta al 19 de enero de 2021), había proclamado el español como lengua vehicular.
Asimismo fue prominente cargo de Moncloa
Sobre dado que se utilicen el español y el catalán en Cataluña sin entablar porcentajes, el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat asimismo mantenía que se encontraba avalado por el Constitucional. El órgano del que Díez era vicepresidente se posicionaba en pos de las proposición del nacionalismo gobernante en la Generalitat concluyendo que se había «aceptado con plena naturalidad» que el régimen de las lenguas fuera «diferente en los distintos sistemas académicos que hay en las comunidades autónomas», lo que se traducía en «múltiples modelos lingüísticos de la enseñanza, todos considerados lícitos por la doctrina constitucional». En un caso así, y tambiénl Consell y Díez avalaban que se situara al catalán como «centro de gravedad del sistema educativo».
La abstención de Díez va a ser la primera en el Constitucional, ya que de manera previsible van a llegar mucho más derivadas de su previo puesto como directiva general de Temas Constitucionales en el Ministerio de Presidencia del Gobierno español, lo que la relaciona directamente con reglas y decretos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.