Junts per Catalunya (JxCat) ha acentuado en las últimas semanas su alegato contra la okupación de casas. Su salida del Govern le dió alas para llevar a cabo campaña contra los allanamientos tras la renuncia del Ejecutivo autonómico –supeditado presupuestariamente a los recurrentes– a impulsar medidas y reactivar las reformas que los neoconvergentes plantearon sobre esto en el momento en que formaban una parte del Consell Executiu.

Hablamos de la otra arma electoral de Junts contra ERC, la que trasciende el enfrentamiento sobre la independencia y que puede ofrecerle intereses electorales en las selecciones municipales de 2023. No obstante, hablamos de un arma de doble filo. En Barcelona, el candidato Xavier Trias tendrá que ofrecer explicaciones sobre la cesión de Cánido Vies a los okupas en el momento en que era alcalde de la región, algo que contraría el alegato de hoy de su partido.

Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia, lidera esa ofensiva contra los allanamientos, que incluye proposiciones legislativas, conversas en el territorio y asambleas con los alcaldes, muy sensibles a esa cuestión.

El pasado jueves, Ciuró participaba en un acto sobre La injusticia de las ocupaciones y el derecho a la propiedad privada en Manresa, que venía antecedido de una intensa campaña gráfica y reportaje de los neoconvergentes sobre esos allanamientos. Afirman que, en los últimos diez años, las okupaciones crecieron un 550% y recuerdan el arduo problema convivencial que piensa para vecinos y alcaldes.

Medidas guardadas en un cajón

La exconsejera, que no ha podido reformar el Código Civil catalán gracias a la separación de Junts con ERC y la consiguiente salida del Govern, asegura en este momento culminar esas ediciones. En este sentido, a inicios de diciembre, los neoconvergentes presentaron una proposición de ley para batallar las ocupaciones problemáticas y reactivar el trabajo que Ciuró y la exconsejera de Derechos Sociales Violant Cervera habían empezado y que, según denuncian, “el presente Gobierno de ERC ha guardado en un cajón”.

Lourdes Ciuró y Gemma Ubasart

Como publicó Crónica Global, la llegada de Gemma Ubasart a la Consejería de Justicia estuvo acompañada de la paralización de las ideas proyectadas para batallar la okupación ilegal. En Cataluña, argumentó su precursora, se generan el 45% de las usurpaciones de toda España y hay mucho más de 7.300 demandas interpuestas en los juzgados por allanamientos.

Reforma del Código Civil catalán

Con esta finalidad, Ciuró ha propuesto en calidad de consellera cambiar el libro V del Código Civil catalán a fin de que los municipios y las comunidades de vecinos logren soliciar el desalojo del inmueble okupado ilegalmente en el momento en que el dueño no lo haya hecho. La normativa catalana facultaría judicialmente a los consistorios y comunidades para instar judicialmente la desokupación.

De esta forma, en el momento en que un municipio advierta que una finca okupada crea inconvenientes de convivencia y orden público, va a deber soliciar al dueño que comience la acción judicial de desempleo de la finca. Si en un mes esta acción no fué presentada a ningún tribunal competente, el municipio quedaría habilitado para encender esta acción y también comenzar el trámite de desokupación.

La llegada de Ubasart

El aviso ahora provocó en su día reacciones contrarias por la parte de los recurrentes, al paso que ERC, todavía asociada de Govern, tomaba distancia de una medida incómoda. En este momento, los republicanos rigen a solas, y Ubasart, exdirigente de Tenemos la posibilidad de, se expone contraria a reactivar esas medidas. Pero es que, además de esto, el reciente pacto presupuestario firmado por el Govern y En Comú Podem resalta nuevamente líneas rojas en este sentido. Los recurrentes ponen toda la presión –más que nada fiscal– sobre los enormes tenedores, tal como en pisos vacíos que desean poner en circulación.

Los recurrentes califican las medidas de Ciuró como una manera de “apresurar los desahucios” y ponen el acento en las posiciones coincidentes que PSC y Junts tienen en este tema. La contratación de Desokupa –compañía que emplea métodos extrajudiciales para desocupar casas allanadas– por el Municipio de Premià de Dalt (Barcelona), gobernado por Junts –el alcalde es Josep Triadó— con el acompañamiento del PSC, cargó de razonamientos a la confluencia de izquierdas. Los socialistas, contrarios a esos servicios, habían conminado con romper el pacto. Al final, Triadó anuló el contrato.

Plan de choque

Junts ofrece instrumentos jurídicos a fin de que los municipios y las comunidades de vecinos logren llevar a cabo en frente de las okupaciones, un plan de choque para combatir de forma eficaz contra las mafias expertas en ataques a casas; dotar de elementos económicos a los municipios a fin de que logren costear costos derivados de los hospedajes de urgencia, y endurecer sanciones con condenas mucho más altas y delitos mucho más graves.

Imagen de archivo de Xavier Trias, antiguo alcalde de Barcelona / EFE

Imagen del archivo de Xavier Trias, viejo alcalde de Barcelona / EFE

Los agentes inmobiliarios han apoyado la reforma de Junts, como publicó este medio. El colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña (API) han aplaudido la proposición de ley presentada.

Todo ello está enfocado a las selecciones municipales de 2023, donde la ocupación, al lado de la inseguridad, van a ser temas clave. La situación de Junts le puede ofrecer intereses, más que nada en el área metropolitana. Pero hablamos de un arma de doble filo en Barcelona, donde el candidato Xavier Trias deberá enfrentar una enorme polémica de pasado que contraría el presente alegato de Junts: la paralización de la demolición del ocupado edificio Cánido Vies, en el vecindario de Sants, tras múltiples noches de violentos altercados. “Mi obligación era que no se crease un incendio mucho más grande”, ha dicho para justificar la cesión en el momento en que era alcalde de la región.