De las promesas a los hechos. Pedro Sánchez dió luz verde a la derogación del delito de sedición, que va a ser sustituido por un delito de desórdenes públicos agravados. Una idea que crea rechazo entre los independentistas, que la ven deficiente finalmente con la “opresión” del Estado, y más que nada, entre PP, Ciudadanos y Vox, que la interpretan como la enésima concesión de los socialistas a los “golpistas” del procés, después de los indultos concedidos a los líderes condenados.
Siete de los nueve líderes independentistas condenados por el ‘procés’, en la prisión de Lledoners (Barcelona) / ÒMNIUM CULTURAL
No a ERC, impulsora de una mesa de diálogo que parecía encallada, le resulta interesante esa reforma del Código Penal que difícilmente va a poder justificar frente al secesionismo mucho más recalcitrante, partidario de una amnistía que ha defendido hasta la actualidad nuestro presidente catalán Pere Aragonès. Exactamente, la palabra amnistía no hace aparición en el tweet anunciado para apreciar el aviso del Ejecutivo español. «La supresión del delito de sedición es un paso importante en la desjudicialización. Proseguimos haciendo un trabajo para finiquitar totalmente con la opresión y poder votar en un referéndum. Para solucionar el enfrentamiento político y la independencia»
El tiempo afirmará si las negociaciones entre republicanos –-lastrados por las peleas entre Aragonès y Oriol Junqueras— y PSOE avanzan en este sentido, pero la verdad es que la apuesta de Sánchez es osada y da munición a los populares, sus primordiales oponentes electorales y que han encontrado en el enfrentamiento catalán un genuino filón para erosionar al presidente español. Aun en el propio partido socialista hay división de críticas, cuidado y, al menos, precaución frente a las secuelas de esta resolución de Sánchez.
Negociación presupuestaria
Pero no es extraño al aviso de Sánchez visto que los dos gobiernos, el catalán y el nacional, precisan seguridad. Y esta pasa, en la actualidad, por la tramitación de sus propios capitales para 2023.
El líder socialista lo ha dicho ayer de noche en una entrevista retransmitida por televisión: desde este viernes empezará la tramitación de una modificación del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición que se aplicó a los líderes catalanes causantes del referéndum del 1 de octubre de 2017 condenados por el Tribunal Supremo. Se presentará una idea legislativa para este fin.
Ni amnistía ni referéndum
Tras la petición de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, apoyada por ERC, dio comienzo la legislatura socialista y, con ella, la apuesta por encauzar el enfrentamiento independentista por vías políticas. La mesa de diálogo, uno de los más importantes fundamentos de la separación de Aragonès con sus asociados de Junts per Catalunya, tal como los indultos a los condenados, fueron los 2 enormes movimientos de Sánchez hacia ERC, fuertemente criticados por los populares, al tiempo que los separatistas radicales criticaban la negociación con el “Estado opresor”, demandando la amnistía y un referéndum de autodeterminación. 2 reivindicaciones que el PSOE no está presto a entregar.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i) y el secretario general de JxCat, Jordi Turull (d) en una imagen del archivo
Del mismo modo reluctante se había exhibido el Gobierno a abrir el melón de la reforma de la sedición. Su desaparición del Código Penal para integrar el delito de desórdenes públicos agravados es, a ojos de su oposición, un salto cualitativo, si bien a falta de sobra datos, el nuevo tipo penal proseguirá castigando los asaltos o alzamientos contra el Gobierno. Ciertas fuentes afirman que la iniciativa del Gobierno es achicar las condenas recientes –aun hasta la mitad– y amoldarlas a la legislación europea, mucho más despacio tanto con la sedición como con la rebelión.
Nuevos reproches
Sánchez encarará desde este momento nuevos y mucho más enfervorizados reproches por la parte de los partidos conservadores, que le habían acusado de ‘pactar’ con Carles Puigdemont un regreso “poco traumático” a España. Algo que el líder del PSOE ha negado tajantemente. Por su lado, ERC va a deber ofrecer explicaciones a sus oponentes independentistas sobre los peajes que está presto a abonar a los socialistas, que se han brindado a negociar los Capitales de la Generalitat tras la espantada de Junts.
La modificación del Código Penal necesita de la mayoría absoluta del Congreso, esto es, que PSOE y Unidas Tenemos la posibilidad de tienen que tener el acompañamiento de ERC, PNV y Bildu. Sus asociados comunes.
Impensable la derogación total
Era impensable una abolición total, ya que todos y cada uno de los países de nuestro ambiente contemplan castigos para este género de amenazas al Estado. El catedrático de Derecho Procesal, Jordi Nieva-Fenoll, aseguró en un reportaje con Crónica Global: “Aseguran que es un delito obsoleto, que no existe en otros países, pero eso no es de este modo. Existe en otros muchos sitios, pero con otra denominación. El delito de la sedición nació para reprimir más que nada las movilizaciones obreras que incomodaban a hombres de negocios del siglo XIX. Pero hoy día la sedición es un delito contra el orden público en nivel máximo, y que por consiguiente debiese radicar en algo similar a poner una localidad en llamas, con saqueos, barricadas, heridos o aun fallecidos, o sea, crueldad desmandada y muy extendida. De qué manera decir que ocasionar algo de esta manera no debe acarrear penas altas… Esa reforma no la veo”.
El presente delito de sedición se regula en el producto 544 del Código Penal. Apunta que son presos de sedición los que, «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para evitar, por la fuerza o fuera de las vías legales, la app de las Leyes o a cualquier autoridad, empresa oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funcionalidades o el cumplimiento de sus pactos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
«No es la solución»
Las penas previstas van desde los 10 a 15 años en caso de que los cometan autoridades, al tiempo que para el resto, los que hayan «inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus primordiales autores, van a ser castigados con la pena de prisión de ocho a diez años».
“Parte de los políticos catalanes ven en esa reforma un sendero de salida a una sentencia que declaró una supuesta sedición que en mi opinión no lo fue. Pero eso no va a arreglar nada. El Código Penal debe continuar contemplando un delito para quien desee ocasionar gravísimos accidentes de orden público”, concluía Nieva-Fenoll.