En el último año, el alto IPC español tuvo como primordiales causas un enorme incremento del precio de la electricidad, los carburantes y los alimentos. Una inflación importada contagiada a la mayor parte de recursos y servicios, ya que los 2 primeros artículos son consumidos por prácticamente todas y cada una de las compañías, así sea como fuente de energía o materia prima.

El Gobierno reaccionó bien frente al aumento del importe de la electricidad y los carburantes, pero no lo hizo igual con en comparación con de los alimentos. Primeramente, por la demora en la intervención y la decisión del mes. En segundo, por haber adoptado una medida antes desacreditada. En tercero, por el hecho de que significa un trasvase de dinero desde las arcas públicas a los bolsillos de los dueños de las tiendas.

En el mes de abril de 2021, el aumento del precio de los alimentos superó por vez primera el 10% de forma anual en el presente siglo. Las primordiales causas fueron las malas cosechas, la disminución de las importaciones que proceden de Ucrania y Rusia, el incremento de la especulación en los mercados de materias primas y el mayor coste permitido por las compañías productoras de comibles (subida del importe de la luz, los fertilizantes y los comburentes).

Pese a ello, la primera medida destinada a reducir su precio entró en vigor el 1 de enero de 2022. En tal instante, el importe de los alimentos ahora era la primordial rúbrica generadora de inflación, ya que en el mes de noviembre de 2021 el incremento del IPC era del 15,7% de forma anual. Los aceites y gracias subían el 31,5%; la leche, el queso y los huevos, el 24,8%, y el pan y los cereales, el 19,4%.

Entre julio y el penúltimo mes del año, la inflación general redujo 4 puntos (del 10,8% al 6,8%). En cambio, la de los comibles aumentó en 1,8 (del 13,9% al 15,7%). Una inclinación contraria a la del precio de los alimentos mundiales en el índice FAO, ya que en el previo periodo los últimos se contrajeron un 4%.

El mes elegido para la rebaja del IVA fué enero. Un periodo donde la mayor parte de las compañías actualizan sus costos, ya que repercuten en ellos el aumento de los sueldos de sus trabajadores al comienzo del ejercicio y otros incrementos de costos sufridos a lo largo de la última una parte del año previo. Por consiguiente, si la meta del Gobierno era visibilizar una importante bajada del precio de los alimentos, el instante elegido fué escasamente oportuno.

El 26 de septiembre de 2022, Feijóo solicitó al Gobierno la disminución del IVA de los alimentos básicos, una solicitud ahora formulada en el mes de mayo por las considerables cadenas de mercados. Una iniciativa repetidamente desechada por diferentes integrantes del Ejecutivo, aun ocho días antes de acordarla el Consejo de Ministros.

De esta manera,  la encargada de Hacienda la calificó de “populismo fiscal”, el de Agricultura no la consideraba precisa por el hecho de que “los costes de los comibles van a bajar en los próximos meses” y la de Trabajo estimaba que no sería “eficiente”. Todos ellos coincidían en que un 4% era un tipo impositivo bajísimo y no había ninguna necesidad de reducirlo.

Pese a los precedentes, el Consejo de Ministros del 27 de diciembre aprobó la supresión del IVA de los alimentos básicos a lo largo del primer semestre de 2023. La previo medida reducirá la recaudación de Hacienda, contribuirá a achicar la inflación, favorecerá a los hogares y va a aumentar los resultados positivos de las tiendas. Si su duración es un semestre, así como está pensado, el coste estimado para las arcas públicas va a ser de 661 millones de euros

La desaparición temporal del IVA bajará el valor de los alimentos básicos, pero lo va a hacer en una cuantía inferior al 4%. Lo mismo, pero en alza, sucedería si el tipo impositivo hubiese subido. Es una norma establecida que perjudica a las variantes de los modelos que gravan las entidades producidas, las vendidas o su valor en el mercado. Sin embargo, es ignota por los que no han estudiado Economía o Administración de Compañías.

La previo evolución viene explicada por los efectos enfado y alegría de los usuarios. Uno pasa en el momento en que el tipo impositivo incrementa, el otro en el momento en que reduce. En el segundo caso, las compañías aprovechan el aumento de la demanda generado por el menor gravamen tributario para subir el margen unitario del beneficio de explotación.

Un caso de muestra dejará comprender mejor su actuación. En un autoservicio, a fines de diciembre, el valor del tomate rosa de Barbastro era de 4 euros el kilo. Un importe semejante a la suma del margen unitario del beneficio de explotación (un euro), el IVA (0,16 euros) y diferentes costos cambiantes (2,84 euros).

Si el lugar se explota del efecto alegría de los usuarios y solo disminuye el valor un 3%, el nuevo importe del kilo de tomate rosa va a ser de 3,88 euros. El cliente va a haber conseguido una rebaja de 0,12 euros por kilo (se apropia del 75% del IVA previamente colectado) y el autoservicio un incremento del margen de 0,4 euros (consigue el 25%).

Si hiciesen lo mismo todos y cada uno de los shoppings de supermercado, la supresión del IVA de los alimentos básicos supondría un movimiento de capitales por importe de 496 millones de euros desde la Administración hacia los hogares. En proporción a la renta, las mucho más favorecidas serían las familias con inferiores capital per cápita. En cambio, en términos absolutos, la previo situación la ocuparían los hogares cuya sitio está entre el 40% mejor retribuido, ya que se apropiarían de 297,6 millones de euros (el 60%).

Las familias no serían las únicas favorecidas, ya que las tiendas se llevarían directamente 165 millones (el 25% del coste para Hacienda). Sin embargo, como la reducción del precio produciría un incremento de las compras de alimentos por la parte de los hogares, la medida les reportaría ganancias auxiliares. La suma de las dos se ubicaría cerca de los 200 millones. De ahí que, desde hace unos meses, demandan la disminución de los modelos del impuesto que grava los comibles.

Al fin y al cabo, la bajada del IVA de los alimentos básicos, si era una medida equivocada en el mes de septiembre, difícilmente puede ser correcta en el mes de enero. Una contradicción a la que el Gobierno no ha entregado una explicación resuelva y cuyo primordial propósito probablemente esté mucho más relacionado con el calendario electoral que con la economía.

En un caso así, asimismo con la prioridad de Pedro Sánchez de ofrecer la razón a un fanático contrincante (el PP) antes que al colega de coalición (Tenemos la posibilidad de), ya que la mejor medida para beneficiar a las familias con menos capital era la iniciativa en el mes de septiembre por Yolanda Díaz. Específicamente, una o múltiples cestas de artículos básicos a precio achicado, así como Sarkozy​​​​​​​ acordó con las tiendas franceses en 2011.

seguramente, el previo calendario asimismo explique por qué razón se adopta en el mes de enero. Un mes no apto para visibilizar en los costos las rebajas de impuestos, ya que en tal periodo las compañías acostumbran a aumentarlos mucho más que en otro.

Sin embargo, la primordial equivocación fué adoptar una medida muy ventajosa para los enormes mercados. Unas compañías que, con la salvedad de Carrefour, se negaron a pactar la creación de las precedentes cestas y a moderar sus subidas de costos.

Una actitud que recuerda a la de los bancos a lo largo de la crisis iniciada en 2008, cuya influencia sobre su reputación corporativa fué colosal. ¿Les va a pasar lo mismo a las primordiales cadenas de la distribución alimenticia? El tiempo lo afirmará, pero no me extrañaría nada que la historia se repitiese.