Según el Banco Mundial, Cataluña es la decimoséptima autonomía en el ránking de sencillez administrativa para comenzar ocupaciones industriales. El fundamento: la confusión de reglas, requisitos y peajes que complican el día a día de las compañías catalanas. Cecot y el Institut Ostrom quieren revertir esta situación a través de un decálogo de medidas para hacer más ágil la actividad empresarial en la red social.

En un informe anunciado este miércoles y elaborado al alimón por el think tank y la asociación Catalunya sense límits, que se titula Un país sense límits. Anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat empresarial a Catalunya, se recogen actuaciones para acortar los tempos de la Administración pública, con la visión puesta en la precisa reindustrialización del territorio.

Menos reglas y mucho más eficaces

El trabajo expone la creación de un buzón de la eficacia administrativa, inspirado en países como Dinamarca, Holanda y Reino Unido; la instauración de la figura del perseguidor de proyectos encallados; la fijación del silencio administrativo positivo en 90 días, y la utilización de afirmaciones causantes como substitutivo de las licencias.

Cecot y el Institut Ostrom muestran un informe sobre agilización empresarial / CEDIDA

Además de esto, se ofrece la implementación del llamado one in, one out –un sistema por el que para aprobar una ley primero es necesario remover una previo– y el cómputo presupuestario cero. Las dos medidas van dirigidas a frenar la proliferación desaforada de novedosa regulación. Por otra parte, los autores del informe han festejado que ideas como el fast-track burocrático para proyectos de particular interés económico se incorporó al decreto del reglamento de la ley catalana de facilitación de la actividad económica, últimamente aprobada.

Dificultad regulatoria

El directivo de programas de Ostrom y coautor del informe, Pau Vila, aseguró que «Cataluña ha protagonizado un exceso de implantación de trámites administrativos que llevan socios largos plazos de tramitación para la obtención de licencias de actividad, urbanísticas o de legalización respecto la normativa de incendios, por ejemplo».

Esta dificultad regulatoria sale cara. El coste del cumplimiento de estas cargas, en concepto de Producto Interior Salvaje (PIB), es «muy considerable» según la entidad, que relata de qué forma ciertos estudios vinculan una reducción de las dificultades administrativas con aumentos de la riqueza de un territorio.