Las patronales Foment del Treball y Pimec han compartido con Crónica Global sus inquietudes sobre la liquidación adelantada de la concesión de la C-25, famosa como Eix Transversal. No solo por la destacable cuantía económica de la operación, prácticamente 500 millones de euros, sino más bien asimismo por el hecho de que podría haber sido aconsejable asignar estos elementos a otras preferencias en infraestructuras.
De manera inesperada, la Generalitat decidió antes del verano retomar las bridas de la vía rápida que conecta Cervera con Riudellots de la Selva por medio de 154 km de asfalto. Fue una maniobra exprés utilizando una ventana de ocasión contractual que se cerraba este 2022, a pesar de que el contrato cedía a la concesionaria la administración hasta 2040. En 2017, la Generalitat ahora procuró cerrar exactamente la misma operación, si bien en aquella ocasión la idea no llegó a buen puerto.
Números de la operación
La institución argumentó entonces, como en este momento, causas de ahorro, a pesar de que las estimaciones iniciales terminaron desviándose del cálculo definitivo comunicado la semana anterior. Sin ingresar en los números del Govern –de los 479 millones se invertirán 125, al tiempo que otros 354 servirán para enjuagar deuda; todo con fondos propios y sin recurrir al FLA– desde Foment se cuestiona el sentido de la operación, la de «mayor encontronazo en las finanzas» en la última década, según nuestra Consejería de Economía.
«Es imposible argumentar primero que no se tiene dinero para realizar la deflactación del IRPF y después asignar la optimización de la recaudación por la inflación a abonar la deuda», razona Salvador Guillermo, secretario general adjunto de la organización empresarial. «Llama la atención que en el momento en que la Generalitat tiene adversidades para financiarse, opte por asignar el aumento temporal de elementos a algo que se encontraba financiado», se insiste.
Imagen aérea del Eix Transversal / TERRITORIO
La viñeta, el enfrentamiento real
Hasta hoy, el erario abonaba periódicamente un peaje en la sombra a Cedinsa, cuyo cálculo tenía presente tanto el coste y cuidado de la infraestructura como su volumen de tráfico. El presidente del Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, no se expone en oposición a eliminar los sistemas indirectos de financiación de las infraestructuras.
Pero al unísono el representante de la asociación adscrita a Pimec pone en duda que este sea el más destacable instante para gastarse una cuantía tan elevada para hacerse con el control directo de la carretera. Y apunta que el enfrentamiento presal que deberían enfrentar los causantes públicos es la progresiva implantación de la viñeta, como instrumento para asegurar el cuidado de la red viaria.
Infraestructuras atentos
En lugar de asignar los plus de la coyuntura económica a la reabsorción del Eix, Foment pone encima de la mesa decenas y decenas de proyectos públicas atentos de llenar por la parte de la Administración autonómica.
En el último informe CAT-100, se cuentan la finalización de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona, el vial puerto-campo de aviación y la optimización de la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en diferentes tramos, entre otros muchos proyectos.
Tráfico en la carretera / EP
«Las compañías tienen memoria»
Por otra parte, Guillermo advierte: «Las compañías tienen memoria». En este sentido, alarma de que el modelo de colaboración público-privada ejemplarizado en la C-25 queda tocado por la retirada precipitada de la Generalitat. «En este género de colaboraciones no se dan solamente rescates de manera adelantada. Los contratos se vencen en los tiempos fijados», expresa.
Un aspecto que el pasado fin de semana asimismo resaltó el líder socialista Salvador Illa. En el contexto de las jornadas económicas de S’Agaró, el jefe de la oposición arguyó que la operación del Govern creaba un «inconveniente de probabilidad» frente a un inversor como el fondo francés Vauban Infraestructure Partners, primordial accionista de Cedinsa. Otras fuentes han reiterado este punto, agregando que el conjunto galo es un colega muy confiable y reconocido en operaciones similares con la obra pública.
Guerra judicial
Pero estas prevenciones no han eludido que la Generalitat haya tomado las bridas de la infraestructura. Ni sus flecos judiciales. En 2010, Cedinsa solicitó un préstamo de 50 millones de euros a la institución, el saldo vivo del que es de unos 30 millones, que se deberían inferir del importe máximo pensado. La compañía ahora ha demandado aduciendo que el crédito no ha vencido, al tiempo que la Administración catalana cree que sí.
Además de esto la compañía ha interpuesto otros 2 elementos, de momento rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC). Mientras que la Consejería de Territorio empieza el trámite administrativo y la licitación del cuidado de la autovía –que se cree en unos costos cada un año de 15 millones– para consagrar la novedosa situación gestora desde el 1 de enero de 2023, la vía judicial prosigue abierta.