Hartazgo. Esta es la sensación que tiene una parte de la cubierta funcionarial del Municipio de Barcelona por las indagaciones judiciales por presunta mala práctica contra el gobierno municipal de Ada Colau. Globalmente, hasta ocho altos usados públicos del nivel funcionarial están encausados en tres casos de presunta corrupción, lo que generó malestar.
Lo comentan fuentes internas del consistorio, que especifican que la intranquilidad entre los servidores públicos de la Administración local subió de nivel tras el llamado caso guardería, en el que se inspecciona si hubo mala práctica en la concesión de una ludoteca infantil a los sanitarios del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que es el mayor de Cataluña. En ese trámite, hay tres gobernantes investigados, la novedosa condición de encausado.
Ocho en suma
Son Eduardo Vicente, gerente del distrito de Horta-Guinardó; Manuel Franco, directivo de Licencias; y Andrea Prange, responsable de Servicios Jurídicos de este gobierno de vecindario. Los tres van a tener comparecen estos días frente a la juez Sílvia López, titular de la salón de Instrucción número 9 de Barcelona, que inspecciona si hubo prevaricación y malversación por ceder el espacio infantil sin licitación pública a una asociación de sanitarios.
Imagen de la guardería del Hospital Vall d’Hebron / CG
Pero es que hay mucho más. Pues otros cinco gobernantes o personal de este nivel están investigados en otros 2 casos judiciales que afectan al Ejecutivo local que comanda Barcelona en Comú. Son el llamado caso Vauras, que inspecciona presunto acoso y coartes municipales a una inversora a fin de que cediese sus casas nuevamente tipo a alquiler popular, incluido a un colectivo de okupas, y la investigación a los okupas de Gràcia.
Una prominente cargo y un gerente
En los dos casos, los investigados son prominente personal del municipio. En el trámite de Vauras, el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha mencionado a Fuensanta Alcalá, responsable del Departamento de Especialidad de Vivienda y también Inspecciones. En un caso así, la viable tipificación es prevaricación administrativa y coartes.
En Gràcia, el entuerto judicial se enfoca en la cesión de un inmueble del Centro Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab) a un conjunto de okupas. Estos lo rebautizaron como Casal Habitual Tres Lliris. Perjudica, más que nada, al polémico concejal Eloi Badia. Pero el juzgado de Instrucción número 2 ha mencionado asimismo a Rufino García, gerente del distrito y exjefe de servicios jurídicos; Pere Camps, exgerente; José María Raya, jefe de Servicios a las Personas; y Maria Àngels Mira, gerente del Imhab. Penden sobre ellos cargos de prevaricación y malversación.
Se aguardan mucho más necesidades de imputación
Este es el ámbito de hoy. Pero hay mucho más, indican fuentes próximas a los métodos, pues se aguardan mucho más convocatorias de gobernantes en condición de investigados. Ello se deriva del novedoso revés propinado por la Audiencia Provincial de Barcelona a los concejales investigados por el caso subvenciones, incluyendo la propia regidora, Ada Colau. La salón de Instrucción número 21 archivó el trámite abierto tras la demanda de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (Antes de Cristo), pero el segundo nivel forzó a reabrirla.
Lo logró en un duro coche que cuestiona la arbitrariedad municipal en las ayudas municipales a entidades similares. La Fiscalía se ha adherido a la proposición de que hay que entrenar mucho más diligencias, avanzó El Confidencial.
«Si hay viable delito, hay que denunciarlo»
Entre los letrados vinculados con las situaciones convocados explicó en charla con este medio que «es natural» que la cubierta funcionarial del municipio manifieste fastidio por la administración de sus superiores políticos. «Es natural que protesten por el hecho de que se les deje a los pies de los caballos, si bien asimismo debe considerarse que frente rastros de un flagrante delito, tienen que denunciarlo, toda vez que son usados públicos, y esto supone un estatus particular».
Los okupas del Bloc Llavors, una parte del ‘caso Vauras’ contra el municipio / EFE
La misma fuente enseña que los servidores públicos y sus letrados no van a poder hilvanar una defensa relativa a que solo cumplían órdenes. «Esto no es un Ejército, es una Administración pública, y tienen la posibilidad de no ayudar o denunciarlo si ven una mala práctica».
Tres indagaciones en precampaña
Sea como fuere, las indagaciones judiciales por supuesta mala práctica en el Municipio de Barcelona han golpeado al puente de mando de BComú en el momento en que la política local está recorriendo hacia el ámbito preelectoral, por cuanto las selecciones municipales se festejarán el 28 de mayo de 2023. Las fuentes consultadas recuerdan que hasta la actualidad se han archivado todas y cada una, pero que el coche de la sección quinta de la Audiencia Provincial por el caso subvenciones abre un nuevo ámbito jurídico, al afear la arbitrariedad municipal en las competencias que tiene conferidas.
Eso sí, los concejales investigados, Colau incluida, han defendido siempre y en todo momento la buena tarea de su gabinete y han asegurado que son víctimas de determinada ofensiva judicial por su administración a lo largo de prácticamente 2 ordenes enteros.