El golpazo del letrado general de la Unión Europea a la normativa de españa sobre automóviles de transporte con conductor (VTC) dió un balón de oxígeno al ámbito. En Cataluña, la Asociación Catalana VTC Enorme Turismo, recién construída y que reúne a las flotas históricas de la red social, se reunió ayer con representantes de la Generalitat para comentar el ámbito que se dibuja tras el posicionamiento del letrado comunitario. Un cónclave festejado, además de esto, diez días antes que concluya el período para amoldarse a la novedosa regulación autonómica sobre VTC.

Si bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aún puede demorar meses en llegar, fuentes consultadas por Crónica Global afirman que la argumentación jurídica de la defensa es sólida en relación a la ilegitimidad tanto de la ratio 1/30 entre VTC y taxi como de los requisitos auxiliares que se requieren en el área metropolitana de Barcelona. Si se tiene presente que los jueces de Luxemburgo acostumbran a comunicar el razonamiento de sus abogados en general, todo hace meditar que el presente esquema jurídico podría saltar por los aires en un medio plazo.







Territori gana tiempo

A lo largo de la asamblea mantenida ayer por la mañana con la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Territorio, la asociación de VTC puso encima de la mesa estas cuestiones. Si bien múltiples voces apuntan que Territori dejó para el año próximo cualquier movimiento en estable, con lo que la asamblea fue corto y tuvo mucho más de toma de contacto que de discusión intensamente sobre el contencioso.

No obstante, los VTC históricos quieren poner encima de la mesa la oportunidad de una moratoria de licencias que deje en suspenso la normativa autonómica aprobada el pasado verano. De entrada, los operadores tienen hasta el próximo 31 de diciembre para amoldarse a la novedosa situación. De lo opuesto, no van a poder continuar circulando en Barcelona y su conurbación.

‘Decreto Ábalos’

La regulación de la Generalitat suma limitaciones como la longitud mínima de los automóviles y los certificados ECO o 0 de emisiones que están complicando la transición entre las viejas y novedosas licencias. Una ristra de restricciones que asimismo podría quedar en cuestión una vez se pronuncie el TJUE.

Más allá de que la situacion que llegó a la justicia europea solo trae causa del popular como decreto Ábalos, los hombres de negocios desean explotar esta coyuntura para encontrar una salida a sus inconvenientes.

Interior de un vehículo de VTC / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Solicitudes millonarias

Como denunciaron múltiples compañías históricas de VTC a este medio, la legislación catalana complica su actividad a favor del taxi y no les distingue de interfaces digitales como Uber o Cabify. En verdad, ciertos damnificados desean enseñar solicitudes millonarias contra la Administración por el cepo a su negocio.

Unas acciones judiciales amparadas en el informe de la Autoridad Catalana de la Rivalidad (Antes de Cristo) que en este momento recibieron el espaldarazo en Luxemburgo.

Ámbito abierto

A cuestiones de este medio, Territori no especificó cuáles van a ser sus pasos tras el pronunciamiento del pasado jueves. Por su lado, un representante del Centro Metropolitano del Taxi (IMET) aseguró que hasta enero no van a ofrecer datos sobre cuántas autorizaciones recibieron luz verde por la parte del organismo.

Quedan diez días para solucionar los expedientes de los apasionados –en Cataluña hay distribuidas 4.000 licencias en este preciso momento, más allá de que se estima que solo unas 1.000 superarán el filtro del IMET–. Desde ahí, todavía hay juego.