La reforma del Código Penal podría hacer más simple la extradición de Carles Puigdemont. Esa proposición del Gobierno, expresada por la representante del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, en los próximos términos: «El día de hoy nos encontramos mucho más cerca de que los escapados rindan cuentas a la Justicia de españa, algo que fue irrealizable con el previo Código Penal». Es una incógnita. Las cosas de los tribunales de europa van tan despacio como las de palacio en España. Pasados 4 días hábiles de entrada en vigor de la reforma legal, los letrados de absueltos y escapados no tienen nada claro de qué manera puede perjudicar a sus clientes del servicio. Hasta entonces, Puigdemont explota que esta época pasa por su parte para recobrar situaciones en el espacio independentista.

Agitación y también indecisión forman el marco mental de las fuerzas vivas del desarrollo, que organizan con entusiasmo la manifestación contra la cima hispano-francesa donde participará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Al hilo, editorializa El País que «no es sencillo argumentar la esquizofrenia política de un president que comprende la importancia de acoger un considerable acuerdo que perjudica directamente a Barcelona (por la conexión con Marsella para el nuevo conducto para el hidrógeno verde) y al unísono milita en un partido que queja en la calle por exactamente la misma causa que aprueba Aragonès en la Generalitat. La cima en Barcelona es algo mucho más que un ademán de Sánchez hacia Aragonès. La traslación práctica de una conciencia plural de España pasa por la habilitación eficaz de las autonomías como unas partes de la urdimbre popular, política y económica de una España que no se agota en La capital de españa. Resulta enigmático no obstante el papel que el independentismo reserva a la Barcelona (y la Cataluña) del futuro en el momento en que Esquerra protege al unísono 2 situaciones incoherentes. Sostener en la marginalidad a Barcelona y Cataluña todavía es una mala iniciativa».

Portada de ‘El País’ del 17 de enero de 2023

Sea como fuere, El Confidencial apunta que «Moncloa salva la extradición de Puigdemont tras su plan de ‘desjudicialización‘» y abunda que «el Gobierno procura frenar el desgaste de sus coaliciones con ERC en el arranque del período electoral y matiza su argumentario para endurecer el alegato sobre los efectos de su reforma». El artículo es de Iván Gil: «El Gobierno prosigue marcando distancias con ERC y el independentismo para achicar el coste electoral de estas coaliciones. Un plan frecuente en precampaña, pero que en este momento va un paso mucho más allí para matizar su argumentario sobre la reforma del Código Penal y tratar con esto de batallar el alegato de la despenalización del procés. Tanto es conque, como en la campaña de 2019, en el momento en que Pedro Sánchez prometió «traer de vuelta» a Carles Puigdemont, en la Moncloa se regresa a salvar la hipótesis de la extradición para proteger que la supresión del delito de sedición y el de malversación que acordaron con ERC en la estrategia de la llamada desjudicialización «la posibilita», una vez se reformule».

Y: «»Sería una muy buena nueva para nosotros y para el país», protege un ministro socialista, complementando de este modo la escalada de mensajes para ofrecer por fallecido el procés y denegar la oportunidad de discutir las bases para un referéndum, como ha demandado el president Pere Aragonès. La representante del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, abundaba en este nuevo argumentario este lunes desde Ferraz. Por una parte, defendía que los hechos de octubre de 2017 «fueron delito con el previo Código Penal y, por supuesto, con la presente reforma prosiguen siéndolo, como es evidente tras conocerse el coche del juez Llanera». Por otro, defendía que con la «europeización» del Código Penal, al equipararlo, según su interpretación, a los de países de nuestro ambiente, incrementa la posibilidad de éxito de las euroórdenes».

En El Planeta ponen el foco en los que aún están atentos de juicio por el 1-O. «Jove y Salvadó, los 2 cerebros de ERC cuya condena arruinaría el plan de Sánchez en Cataluña», se titula la parte de Víctor Mondelo, quien redacta que «se está encontrando ERC con gigantes adversidades para justificar frente al independentismo que la «desjudicialización» pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez va a lograr los objetivos aguardados. Alén de privar al Estado de las herramientas primordiales para evitar ese nuevo ataque a la unidad territorial que el separatismo asegura tozudamente regresar a acometer en relación se haya rearmado, las debilidades halladas por el juez Pablo Llarena para evitar el gratis retorno de Carles Puigdemont intimidan con inminentes derivadas que desmontarían el argumentario republicano, por el momento no frente sus ex- asociados y siempre y en todo momento contrincantes de Junts, sino más bien frente nuestra militancia de su partido».

Portada de 'El Mundo' del 17 de enero de 2023

Portada de ‘El Planeta’ del 17 de enero de 2023

Líneas después se pregunta Mondelo «¿de qué forma deglutirían sin más ni más los cuadros republicanos el eventual encarcelamiento de sus mártires mucho más últimos: el de los arquitectos del 1-O, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó? ¿De qué forma podría proseguir defendiendo Aragonès la herramienta de la mesa para la negociación, de la granítica coalición con el PSOE de Sánchez, si 2 de los mucho más leales combatientes de Junqueras en ese inflamado otoño de 2017 encaran una dura pena de prisión aún tras el rediseño secesionista del Código Penal? «El propósito de la desjudicialización es que absolutamente nadie mucho más entre en la prisión y que el exilio vuelva», proclamó Aragonès en el mes de septiembre, poco antes que se fraguara la última concesión del Ejecutivo al soberanismo».

En lo que se refiere al papel marginal de Barcelona que apunta el editorial del períodico de Prisa, es importante la apertura de Crónica Global: «La iniciativa del Govern contra los vuelos ‘low-cost’ suprimiría el 70% de usuarios en El Prat». Otra «jugada profesora». El negocio de las cabras en versión posmoderna. «La medida del asesor de Territorio para relanzar el campo de aviación choca con la normativa del campo, según advierte la patronal ALA», se añade en el sumario. El artículo es de Aleix Comerciante: «La sugerencia que logró ayer el asesor de Territorio de la Generalitat, Juli Fernández, de sacar a las compañías aéreas bajo coste del campo de aviación de El Prat para derivar su operativa a instalaciones secundarias como Girona y Reus no solo choca con la normativa del campo, como advierte la patronal ALA, sino además de esto vaciaría de usuarios el primer aeródromo catalán. Según las cantidades de 2022 recabadas por Aena, cinco compañías de bajo coste alcanzaron una cuota próxima al 70% de pasajeros en el último ejercicio. Exactamente el mismo año en que El Prat encajó el cierre áereo de Asia y, en menor medida, la carencia de sendas con Rusia y Ucrania gracias a la guerra, que provocaron una caída de 11 millones de clientes en la infraestructura metropolitana».

Y: «Las cinco compañías aéreas fueron Vueling –con un 41,7% de los 41,63 millones de usuarios que emplearon El Prat–, Ryanair –17,8%–, Easyjet –5,07%–, Wizz Air –2,88%– y Level –Aena no da datos separados para la marca barcelonesa puesto que la tiene dentro en Iberia, que como hólding registró un 3,74%–. Una suma que se acerca al 70% del pasaje. Ajeno de la pérdida de individuos en cantidades absolutas, transversal para todos y cada uno de los operadores, los datos de Aena comprueban la buena salud de los vuelos accesibles en Barcelona. De esta forma, Vueling ganó en porcentaje sobre el total en comparación con 2019: en el año pre-Covid transportó el 38,68% de pasajeros, en oposición al 41,7% de hoy. Asimismo ganó presencia sobre el total Ryanair, que pasó del 14,85% al 17,84%».

El asesor Juli Fernández asimismo fue novedad ayer pues le explicó a Gemma Nierga de qué forma se pinta las uñas y que asimismo se las pinta a su mujer. Es un prospecto de «dandy», el asesor mucho más a la tendencia de todo el Govern.

La cuestión es que la Generalitat no desea agrandar el campo de aviación de El Prat pero se pondera disponer un molino eólico en fase de prueba en aguas de la Costa Brava, según enseña Anna Cabeza en el Abc: «La guerra de las energías renovables tiene una pelea esencial en Cataluña. La red social, que cubre la mitad de su demanda eléctrica con la producción de sus tres reactores nucleares en activo, busca elecciones para tener energía en el momento en que estos cierren en los próximos años y, a la multitud de parques eólicos que se están proyectando, se le suma con poco a poco más fuerza la oportunidad de tener aerogeneradores en el mar, unos proyectos que este año tienen la posibilidad de comenzar a ver la luz verde en el momento en que el Gobierno apruebe, en cuestión de meses, su regulación».

Prosigue la nota: «Esperando de que esto ocurra, y con varios vecinos poco a poco más armados para combatir contra estas instalaciones en sus territorios, la Generalitat se puso poco a poco más de lado en un tema que necesita de mensajes claros. «Cataluña precisará tener 1.000 megavatios de eólica marina instalada en 2030«, defendió la consejera de Acción Climática, Nutrición y Agenda Rural, Teresa Jordà, hace un año desde Dinamarca, donde exactamente visitó un parque eólico situado frente la costa de Copenhague y añadió que en 2050 aguardaba que fuesen los 3.500 los megavatios generados por esta vía. No obstante, el Govern, intentó no posicionarse sobre la instalación de aerogeneradores de proyectos específicos y se ampara en que quién tiene competencias en los parques eólicos de enorme extensión, como los eólicos marinos, es el Estado».

Portada de 'Abc' del 17 de enero de 2023

Portada de ‘Abc’ del 17 de enero de 2023

Es decir que para ciertas cosas Cataluña es un Estado en cierne y para otras, lo que afirme el Gobierno.

Novedades de sociedad. El exdirector de la agencia catalana de novedades y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va a deber declarar en un juzgado de Badalona por la segunda demanda de una articulista del digital que dirigía. En un caso así, al cargo de agresión sexual se une el de sumisión química. Del artículo de Mayte Piulachs en El Nacional: «La segunda articulista señala en la demanda que fue agredida sexualmente en el momento en que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia o fármaco, el que se conoce por sumisión química, ya que se despertó en el vehículo con Gordillo agrediéndola. Al día después a la presunta agresión, la víctima fue al hospital por el hecho de que estaba mal, y le hicieron analíticas, que han correcto que tenía restos de diazepan, un ansiolítico, que mezclado con alcohol puede ocasionar el estado inconsciente que ella cuenta en la demanda, según fuentes conocedoras del caso».

Mala parte en el telar. Los medios recogen este martes que el Institut del Teatre pasó página de las demandas de ciertas pupilas sobre teóricos abusos en el centro. «“El Institut del Teatre debe ser seguro para los estudiantes, pero asimismo para los instructores”, afirma la directiva del centro, Sílvia Ferrando», titula Jacinto Antón una parte que redacta en El País: «El Institut del Teatre (IT), el centenario centro catalán oficial de enseñanza de artes escénicas ligado de la Diputación de Barcelona, desea pasar página de la crisis a la que lo abocaron las demandas de pupilas por abusos y recobrar la normalidad llamada de atención por el episodio, cuyo personaje principal más importante fue el fallecido directivo de teatro y instructor Joan Ollé. La directiva del centro, Sílvia Ferrando, que accedió al cargo en el mes de julio de 2021 tras la dimisión de Magda Puyo y en la mitad de la tormenta, ha amado este lunes ofrecer por clausurada “una época”, ver al futuro y argumentar los proyectos del centro en un acercamiento con los medios en el que tuvo no obstante que referirse a la polémica por las demandas y al caso Ollé. Ferrando ha manifestado que el IT “debe ser seguro para los estudiantes, pero asimismo para los instructores”, y para esto cuenta ahora con un “Observatorio del confort”, en el contexto de un “Emprendimiento Confort” que está desarrollandose, designado a asegurar un marco de seguridad y la presunción de inocencia. Fué taxativa al asegurar: “El Institut del Teatre está el día de hoy limpio de acoso”».

Antón enseña asimismo que «todos y cada uno de los casos fueron archivados por carecer de pruebas, haber prescrito o no estar incluidos en el acoso sexual, ha recordado el gerente. Sin embargo, ha señalado la doble jurisdicción que se ha ocupado de las demandas, penal y administrativa, y de qué forma esta última sí que actuó contra 2 personas que tenían relación laboral con el IT y decidió un despido y una sanción temporal de empleo y sueldo (por “mala práctica y conducta invasiva”) a un individuo que fué reincorporada, con rastreo. Sílvia Ferrando ha subrayado: “Hemos ido hasta el desenlace en el marco legal”, y siempre y en todo momento “con las máximas garantías para todos y cada uno de los comprometidos”».

En lo que se refiere a Ollé, la crónica apunta: «Preguntada sobre si se hizo una reflexión en el IT sobre la situacion Ollé, ha respondido que son siendo conscientes de su encontronazo humano y el mal que ha acarreado. Ha apuntado que “hay reacciones y respuestas distintas” en el centro, pero que ella no se atreve a detallar relaciones de causa y efecto entre la polémica y la desaparición del directivo denunciado. Ha valorado que toda la situación, con sus “inconvenientes” y “habiendo causado mal en muchas personas”, hizo del IT un espacio de reflexión sobre el tema».

17 de enero, santoral: Antonio abad, Jenaro Sánchez Delgadillo, Julián Saba, Marcelo obispo, Roselina y Sulpicio Pío.