El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las medidas acordadas entre el Ministerio de Temas Económicos y el campo bancario para calmar la carga hipotecaria de sobra de un millón de familias atacables o en peligro de puerta de inseguridad por la subida del Euríbor, una tercer parte de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable.
Este bulto de medidas es fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España, y el propósito del mismo es achicar la carga hipotecaria de los hogares de forma eficaz y tener mucho más certeza en su nivel de gasto a medio y largo período.
Así mismo, se pudo escoger, en el «menú» que se proporciona, la medida que mejor se ajuste a sus pretensiones y situación financiera, explicó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Actuales desde el 1 de enero de 2023
La asimismo ministra de Temas Económicos ha amado dejar en claro que todas y cada una estas medidas «no argumentan a un peligro o a un encontronazo macroeconómico» por la subida de las clases de interés, ya que la situación en el mercado hipotecario es muy distinta a la de 2007.
Y lo es gracias a que hay con mucho más hipotecas a tipo fijo (tres de cada 4 de las novedosas hipotecas se suscriben a tipo fijo), reducción del período medio residual hasta el vencimiento y un menor porcentaje de hogares que dedican mucho más del 40% de su renta libre al pago de la hipoteca.
Calviño ha señalado que se ha predeterminado el período de un mes a fin de que las diferentes entidades financieras se sumen a estas medidas y expresó su seguridad en que todas y cada una ellas terminen por aplicarlas. El propósito es que estén actuales desde el 1 de enero de 2023.
En verdad, en contestación a cuestiones en la rueda de prensa ha adelantado que CaixaBank, la entidad con mayor presencia en España, ahora ha comunicado al Ejecutivo su predisposición a subscribir el acuerdo, sosten al visto bueno de sus órganos de gobierno.
Dación en pago, alquiler popular…
Con las medidas aprobadas este martes se actuará en tres vías: progresando el régimen de las familias atacables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en peligro de puerta de inseguridad por la subida de tipos y adoptando actualizaciones, de carácter general, para hacer más simple la amortización adelantada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
Para los deudores hipotecarios atacables (con rentas inferiores a 25.200 euros por año, tres ocasiones el IPREM) se ampliará y fortalecerá el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012, de manera que van a poder reestructurar el préstamo hipotecario con una rebaja del género de interés a lo largo del periodo de tiempo de 5 años de carencia (hasta Euríbor -0,10% desde el Euríbor +0,25 de hoy).
También, se ampliará a un par de años el período para pedir la dación en pago de la vivienda y se contempla la oportunidad de una segunda reestructuración, en caso preciso. y se amplía de seis a 12 meses el período para lograr pedir el alquiler popular.
En forma de ejemplo, Calviño ha señalado que la app de estas medidas dejará que una familia con una hipoteca género de 120.000 euros y una cuota por mes de 524 euros tras la revisión de géneros de interés va a ver achicada su cuota a lo largo del periodo de tiempo de carencia de 5 años en mucho más de un 50%, hasta los 246 euros.
Los hogares con renta inferior a 25.200 euros por año que dediquen mucho más del 50% de su renta por mes al pago de la hipoteca pero que no cumplan el método de hoy del aumento de un 50% del esfuerzo hipotecario van a poder acogerse al Código con una carencia de 2 años, un género de interés menor a lo largo de la carencia y un alargamiento del período de la hipoteca en hasta 7 años.
La vicepresidenta ha señalado además de esto que se garantiza la salvaguarda y el cuidado de las condiciones en la situacion de cesión de créditos a un tercero, como, por poner un ejemplo, un fondo de inversión.
Nuevo Código de Buenas Prácticas
Por otra parte, se ofrece un nuevo Código de Buenas Prácticas que dé alivio a los deudores de clase media bajo riesgo de puerta de inseguridad por el aumento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación mucho más gradual al nuevo ambiente de géneros de interés.
Van a poder favorecerse de estas medidas los hogares con renta inferior a 29.400 euros cada un año (tres ocasiones y media el IPREM) y también hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022 que tengan una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, cuando menos, un 20%.
Las entidades financieras para todos estas situaciones van a deber sugerir a todos estas situaciones la oportunidad de congelación a lo largo de 12 meses de la cuota, un género de interés menor sobre el primordial aplazado y un alargamiento del período del préstamo hasta 7 años. Esto dejará resguardar a unas 700.000 familias, según Calviño.
Además, la vicepresidenta ha señalado que se reducirán todavía mucho más los costos y se suprimirán completamente las comisiones para hacer más simple el cambio de tipo variable a tipo fijo, mientras que se suprimirán a lo largo de todo 2023 las comisiones por amortización adelantada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.
Asimismo se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se fortalecerá el rastreo de la app de los dos códigos.
Los 2 Códigos de Buenas Prácticas van a ser de adhesión facultativa por la parte de las entidades financieras, que van a estar obligadas a cumplirlos una vez suscritos.
En el caso de transmisión del crédito a un tercero, las entidades bancarias van a deber asegurar la protección de este catálogo de medidas en el caso de transmisión del crédito a un tercero.
Resolución de enfrentamientos y aptitud sancionadora
Calviño ha apuntado que va a haber unos mecanismos para contrastar que las entidades que se sumen a estas buenas prácticas cumplen con exactamente las mismas.
En este sentido, ha señalado que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación se ha aprobado asimismo el día de hoy vía emprendimiento de ley en el Consejo de Ministros, va a tener competencias para solucionar enfrentamientos de buenas prácticas y aptitud sancionadora en el momento en que se infrinjan sus resoluciones.
Pero, aparte de esta Autoridad, nuestro Código de Buenas Prácticas prevé una comisión de control concreto para controlar que se cumplen estas medidas.
Al tiempo, el Ministerio ha solicitado al Banco de España la elaboración de una guía a fin de que los clientes del servicio damnificados por las subidas de las hipotecas conozcan el «abanico» de opciones que da el nuevo marco de protección.
Defensa del cliente financiero
El Consejo de Ministros asimismo ha aprobado el emprendimiento de ley de creación de la Autoridad Administrativa Sin dependencia de Defensa del Cliente Financiero, cuyo propósito es controlar la conducta financiera en los diferentes mercados y solucionar los enfrentamientos entre entidades y clientes del servicio de forma fuera de la justicia.
Calviño explicó que esta figura va a tener competencias para imponer sanciones y va a suponer la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Esta figura, que va a estar sustentada económicamente por las entidades financieras, va a estar dotada de autonomía y también independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes del servicio que no hayan quedado satisfechos con la contestación que le hayan dado los servicios de atención al usuario de sus entidades financieras.
Las resoluciones de la Autoridad de Defensa van a ser vinculantes para las entidades financieras en el momento en que los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.
Este mecanismo, además de esto, va a ser gratis para los clientes del servicio y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades deberán abonar por cada reclamación aceptada.
Calviño espera que esta novedosa figura entre en desempeño el año próximo y explicó que es una «línea de defensa agregada» para los clientes del servicio de las entidades financieras, pero asimismo en ‘fintech‘ y criptoactivos.