Pablo Llarena adivina al denunciar los perjudiciales efectos de la «despenalización» del referéndum ilegal y unilateral secesionista del 1-O, que podría dejar sin reproche penal la conducta de los políticos del procés.
Más allá de verse obligado a desechar la euroorden contra Puigdemont tras la reforma del delito de sedición pactada entre el Gobierno español y ERC, el juez del Supremo persiste en su intención de encontrar una vía a fin de que el expresident y el resto de escapados rindan cuentas por la tentativa insurreccional de 2017.