La Confederación Hidrográfica del Júcar ha concedido desde el 1 de enero y hasta el 22 de diciembre del presente año 2.022, un total de 226 autorizaciones para efectuar actuaciones de cuidado y conservación de cauces, según señala una publicación oficial. Estas actuaciones las efectuarán primordialmente las gestiones locales, y van a consistir en trabajos de cuidado y optimización del dominio público hidráulico, como retirada de elementos obstructivos, desbroces de vegetación invasora y otros trabajos inferiores. De ellas, una docena se autorizaron para nueve ayuntamientos albacetenses: Albacete, Almansa, Viviendas de Lázaro, Viviendas de Ves, Lezuza, Peñascosa, Pozuelo, Robledo y San Pedro.

Hablamos de pequeñas actuaciones, con la meta de preservar y prosperar, dentro de lo posible, el estado de nuestros ríos y, por su parte, reducir el peligro de crecidas de agua.

La coordinación entre gestiones es fundamental a fin de que el dominio público hidráulico de la demarcación del Júcar esté en estupendas condiciones. Esta coordinación se sosten en una legislación la que apunta sin duda las responsabilidades que tiene cada administración.

En la situacion de las ubicaciones no urbanas, las actuaciones de cuidado y conservación de cauces las efectúa el organismo de cuenca

Según el Real Decreto 984/1989, Art. Nº 4, apartado K), se asigna a las Comisarías de Aguas de los Organismos de cuenca la realización de las proyectos de pura conservación de los cauces públicos, basándose particularmente esta función en el cuidado del régimen de corrientes y de su desempeño natural de desagüe en avenidas ordinarias de los cauces públicos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar estuvo haciendo esta labor de manera continua, si bien como es lógico según las disponibilidades presupuestarias. La demarcación del Júcar entiende de una larga red fluvial de sobra de 46 000 km de cauces, lo que supone que las actuaciones se efectúan priorizando aquellas que son mucho más urgentes.

Indicar además que las funcionalidades de los organismos de cuenca, agarradas en los productos 23.d) y 24.d) del artículo refundido de la Ley de Aguas, están orientadas a la protección y tutela del dominio público hidráulico, pero no se traducen en específicas obligaciones en temas de conservación y defensa del territorio frente crecidas de agua, tal como tampoco en deberes de efectuar trabajos de conservación, limpieza y restauración en todos los teóricos que logren presentarse, lo que fué refrendado por el Defensor del Pueblo en su informe «Agua y Ordenación del Territorio» (La capital de españa, 2009).

En la situacion de las ubicaciones o tramos urbanos, la rivalidad en conservación y cuidado de cauces corresponde eminentemente a los municipios, según con el producto 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Estas actuaciones, efectuadas por las gestiones locales y otros, son indispensables para llenar las que efectúan los organismos de cuenca.

No obstante, siempre y cuando se quiera efectuar esta clase de actuaciones en cauces urbanos, y según con el producto 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, hay que tener una autorización