Múltiples cientos de personas, 11.000 según los organizadores, 7.000 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este miércoles en La capital española en oposición al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para soliciar la continuidad del trasvase Tajo-Segura, en vez de su progresiva reducción a favor del caudal ecológico del Tajo.

«En el Levante, sin agua, desierto y paso»

Citados por la interfaz Círculo por el Agua y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, representantes de asociaciones agrarias, cooperativas, compañías, institutos expertos, universidades, regantes y políticos de la Red social Valenciana, Murcia y Andalucía se han concentrado al grito de «agua, agua, agua» tras pancartas en las que se podían leer consignas como ‘En el Levante sin agua, desierto y paro’ o ‘Mucho más desalación, igual a menos sumideros de CO2’, por ejemplo.

 

De este modo, el directivo de la Federación de exportadores hortofrutícolas Fepex, José María Pozancos, ha advertido de que si se recorta la disponibilidad de agua «el volumen de frutas y hortalizas se reducirá y los ciudadanos no van a poder entrar a una dieta saludable accesible», al tiempo que el presidente de la federación hortofrutícola murciana Proexport, Mariano Zapata, ha señalado que la resolución de Miteco «amenaza con terminar con mucho más de 15.000 empleos y una cantidad enorme de hectáreas de regadío, sin un aval científico».

Entre los labradores presentes, José María Navarro, de Albatera (Alicante), señalaba que el agua se paga el día de hoy a un precio «muy, muy caro, a unos 60 euros la hora de riego», pero «si prosiguen adelante los proyectos del ministerio el valor va a ser inasumible, cerca de los 250 euros la hora».

Tachan los caudales ecológicos de «antojadizos» y «sectarios»

Entre los políticos que han acudido a la queja figuraban miembros del senado y miembros del congreso de los diputados en las provincias de Levante de todos y cada uno de los partidos, tal como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, las consejeras del área de la Red social Valenciana, Isaura Navarro, y de Andalucía, Carmen Crespo, y los alcaldes de ciudades singularmente perjudicadas como el de Lorca, Diego José Mateos, o el de Elche, Carlos González Serna.

Todos ellos han criticado la resolución del Miteco calificándola de «política», «partidista», «antojadiza» e inclusive «sectaria», y han asegurado, como en la situacion de López Miras, que «no existe ni un solo informe científico o técnico que justifique o avale que el recorte al trasvase conlleve secuelas positivas de tipo medioambiental, económico o popular», si bien no se han citado en las manifestaciones que esos caudales ecológicos argumentan a las cinco sentencias del Tribunal Supremo.

El presidente murciano ha insistido en que el Gobierno central «debe asegurar el agua a todos y cada uno de los españoles en exactamente las mismas condiciones, lo que no pasa en España» y ha augurado que para por lo menos un par de millones y medio de familias del Levante este recurso se transformará en «un bien de gran lujo, mucho más costoso y poco».

La manifestación ha recibido asimismo el acompañamiento del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha señalado en un tweet que su partido «pide hace unos años un Plan Nacional del Agua que contemple la conexión de todas y cada una de las cuencas y reconozca el ahínco de los regantes».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presente el día de hoy en el foro de discusión Spain Investors Day, ha pedido «calma» y ha defendido la resolución del Gobierno, basándola en «un método de forma exclusiva técnico» preciso por las demarcaciones hidrográficas, encargadas de fijar el caudal ecológico de todos y cada uno de los ríos, asimismo del Tajo, a eso que se aúna «el respeto a la ley europea, la nacional y la jurisprudencia» introduciendo las sentencias sobre esto.

Tras destacar el «consenso» logrado sobre esto en el Consejo Nacional del Agua, la ministra indicó que, en vez de imponer el caudal desde el primero de los días, lo que se hizo es ofrecer «una app progresiva» para ofrecer tiempo a acometer inversiones que «producirán mucho más agua agregada», con una financiación de sobra de 8.000 millones en prácticamente cinco años, lo que más adelante dejará contar con «de considerablemente más agua» sin que las CCAA perjudicadas «deban depender de la cabecera del Tajo».

El presidente de Castilla-La Mácula, Emiliano García-Page, está abierto a un convenio nacional del agua que garantice la sostenibilidad y el reparto de elementos hídricos, pero sin abandonar la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo, sin condicionantes, como se aprobó en el Consejo Nacional del Agua del 29 de noviembre, y como apuntan las sentencias del Tribunal Supremo en ese sentido.

La representante del Gobierno de Castilla-La Mácula, Blanca Fernández, en una rueda de prensa este miércoles en Toledo, dejó claro que Page no desea otra «guerra del agua», sino está abierto a lograr un convenio nacional «sin partidismo, sectarismo ni egoísmo», con las premisas del los pies en el suelo y la sostenibilidad a fin de que se logre regar y gozar de la naturaleza asimismo a lo largo de las próximas generaciones.