Tres relatores de la oficina del Prominente Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se han dirigido al Gobierno de España, a causa de una demanda de ERC, para reclamar que en el período de 60 días informe sobre el supuesto espionaje con el software Pegasus a líderes del procés secesionista catalán y exponga de qué manera reparará a los presuntos damnificados, sancionará a los responsables y evitará que se vuelva a reiterar.

Los tres relatores particulares que suscriben la resolución son el de cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes; la relatora sobre promoción y protección del derecho a la independencia de opinión y de expresión, Irene Kahn; y el relator particular sobre los derechos a la independencia de asamblea pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.

Esta resolución responde a una comunicación a las ONU llevada a cabo por la asesora general de ERC, Marta Rovira –fugada de la justicia en Suiza tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia del Parlament en 2017–, representando a los componentes del partido en teoría damnificados, según comunica Esquerra en un aviso.

«Autocensura»

En su escrito, los tres relatores afirman que el supuesto espionaje representa «una interferencia» en el derecho de los damnificados «a tener y expresar libremente sus puntos de vista, canjear y dar a conocer información y también ideas, a reunirse pacíficamente y formar parte en asociaciones, a tener vida privada y intimidad en la correo, y a ser iguales frente a la ley«.

Además de esto, asimismo manifiestan su preocupación por «la utilización popularizado de este género de programa spyware logre ofrecer rincón a un incremento de la autocensura», pues piensan que puede cortar el derecho a la independencia de opinión y expresión en Cataluña.

El Govern lo festeja: «Es muy importante»

Este pronunciamiento fué realmente bien recibido por el Govern secesionista, cuya representante, Patrícia Plaja, lo ha calificado de «importante», «alentador» y también «muy importante», al agarrar las necesidades del Ejecutivo catalán sobre el supuesto caso de ciberespionaje revelado por Citizenlab, un organismo ligado de la Facultad de Toronto cuyo informe, llamado Catalangate, fué cuestionado durante más de cien académicos por su falta de rigor científico, de transparencia y enfrentamientos de intereses. En los últimos días, por poner un ejemplo, Citizenlab ha aceptado que se confundió al asegurar que el eurodiputado de Junts Toni Comín fue espiado.

ERC, por su lado, demanda al Gobierno español que «repare» a las presuntas víctimas, y advierte de que proseguirá pidiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez «que sea transparente sobre qué entidades gubernativos usaron Pegasus para espiar» y que «acepte las responsabilidades pertinentes».

Aportaciones por prácticamente un millón de euros desde 2019

Como notificó Crónica Global el pasado septiembre, el comité sin dependencia de Derechos Humanos de la ONU al que forman parte los tres relatores ha recibido prácticamente un millón de euros en aportaciones voluntarias de la Generalitat desde 2019. Este organismo, por poner un ejemplo, asimismo criticó a España por haber vulnerado, bajo su punto de vista, los «derechos políticos» de los exmandatarios del Govern Oriol JunquerasRaül RomevaJordi Turull y Josep Rull.

Dicho organismo, conformado por «especialistas independientes que inspeccionan la app del Pacto En todo el mundo de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados», recibió 200.000 euros en 2022 por la parte del Govern catalán. De esta manera se quita del catálogo anunciado por la Oficina del Prominente Comisionado de Derechos Humanos de ONU (OHCHR), donde se recogen las «contribuciones voluntarias» de los distintos países y también instituciones que financian su tarea. Esa cantidad piensa la práctica integridad de los 231.990 euros aportados desde España en 2022: otros 20.000 euros los aportó el Gobierno vasco.

La Generalitat, en el catálogo de donantes al OHCHR de la ONU

Esa cuantía llama la atención por su generosidad, y ubica a Cataluña en la región media de quienes mucho más dinero aportan a este organismo sin dependencia de la ONU, superando a países como Italia (188.148 euros), Austria (150.602), duplicando a otros como Portugal (100.000) o triplicando a México (67.060), por poner ciertos ejemplos.

En el mes de mayo de 2019, otro informe del Conjunto de Trabajo sobre la Detención Ordinaria, ligado del comité de Derechos Humanos de la ONU que recibe aportaciones de la Generalitat, publicó otro informe en el que calificaba de «arbitraria» la prisión precautoria de Junqueras, tal como de la de los expresidentes de la Antes de Cristoy Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, más tarde condenados por sedición. Todos ellos fueron absueltos por el Gobierno español en 2021.