El Juzgado Popular número 1 de Sabadell ha impuesto a la compañía Palau Automotive Manufacturing la obligación de abonar 46.250 euros a una trabajadora por negarse a devolverle el puesto a lo largo de 4 años.

La multa, en término de indemnización por daños y perjuicios, llega tras tres requerimientos judiciales al desarrollador de piezas de repuesto a fin de que restituyera la usada a sus funcionalidades. La trabajadora ha contado con el consejos legal del Colectivo Ronda.

Vulneración de derechos

La sentencia cree que la «perserverancia» de Palau Automotive Manufacturing en desobedecer la resolución judicial «atenta contra el derecho al trabajo» y «piensa una vulneración de los derechos a la ocupación eficaz, a la capacitación y promoción personal y al debido respeto a la dignidad de la trabajadora».

Los hechos se remontan a 2017, en el momento en que la compañía asignó tareas de operaria a una trabajadora del departamento de administración, más allá de no contar ni con la experiencia ni con la constitución física para desarrollar estas funcionalidades.

Martirio laboral

Esta modificación importante de atribuciones derivó en un intérvalo de tiempo de incapacidad temporal causada por un grave cuadro de ansiedad. La dirección se negó a reasignar a la usada en el área de administración, a pesar de que llegó a padecer un incidente laboral.

Frente al «reiterado y tenaz» incumplimiento de la sentencia que declaraba nulo el cambio de puesto, se dictaron 2 interlocutorias en 2018 y 2019 pidiendo a la compañía a acatar la resolución. Al final, el pasado febrero la compañía cedió y restableció a la trabajadora en sus funcionalidades de la que fue alejada sin justificación. En este momento va a deber abonar, además de esto, la sanción por daños y perjuicios.