A la luz de la contestación del Gobierno a la interpretación del magistrado Pablo Llarena sobre la supuesta malversación (corrupción) en la situacion de Carles Puigdemont, no sería descabellado meditar que las lecturas que se hicieron en su día sobre la modificación de este delito en el Código Penal eran precipitadas. Y cabría inferir entonces que el Ejecutivo era siendo consciente del alcance real de los cambios. seguramente lo era por el hecho de que, aparentemente, el término de lucro desde el criterio penal no es homónimo de bolsillo o beneficio personal.

Si el letrado Xavier Melero –defensor de Joaquim Forn en el juicio a los cabecillas del 1-O– está en la verdad, la filosofía que emite del coche de Llarena sería compartida por el Tribunal Supremo, lo que deja predecir un rechazo contundente a las reclamaciones del resto de los condenados por la tentativa. A pesar de que lo afirme el nuevo redactado de la ley, para estimar una malversación agravada no es indispensable saber qué episodios del presupuesto público fueron dificultosamente perjudicados, sino es suficiente con que el acusado haya designado elementos del erario a objetivos no previstos, de manera especial si eran ilegales, como es un referéndum para la independencia. Visto desde el mucho más puro los pies en el suelo, el razonamiento de Llarena es de cajón.

Se puede estimar que el coche da un revolcón al legislativo, lo que no sería muy distinta del que otros jueces dieron a la ley de independencia sexual. Sería una elasticidad no sosprechada en la app de una regla que ha sido redactada de manera precipitada, con una falta de pericia alarmante en la situacion de la ley del solo sí es sí. Si bien esa ductibilidad en el supuesto de la malversación puede estar calculada.

El destacable (SB) que merece el magistrado instructor del caso queda empañado, sin embargo, por su intromisión en la tarea de las Cortes. No es de su incumbencia ni de su rivalidad editorializar sobre la supuesta impunidad de los autores del pronunciamiento, especialmente en el momento en que él mismo abre la puerta a castigar a su máximo dirigente con 12 años de prisión solo por entre los delitos de los que le acusa.

Esa buena nota asimismo queda matizada si tenemos en consideración que Llarena fue el creador de las euroórdenes contra los activistas escapados rechazadas por la justicia de múltiples países de la Unión Europea. Unas negativas que en nada favorecieron a España y a su sistema judicial, que no obedecían a motivaciones políticas sino más bien a la deficiente elaboración de las propias reclamaciones.